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En la foto, Ana Matosantos.

El análisis que hará un comité especial de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre el informe de la deuda de Puerto Rico podría llevar a que el organismo fiscal tome acciones legales en los casos de bancarrota del gobierno bajo el Título III de la Ley Promesa, haga referidos a otras agencias por violaciones de ley o que cambie la prioridad del repago de algunos acreedores.

El panorama aún no está claro, según afirmó Ana Matosantos, miembro de la JSF, al hablar de la gama de posibilidades. Los detalles específicos se irán dilucidando en la medida en que vaya repasando cada uno de los detalles en el informe que elaboró la firma Kobre & Kim.

“Habrá acciones, referidos, recomendaciones para cambios de leyes y diferentes controles. El trabajo continua... El próximo paso es la evaluación del nuevo subcomité para ver qué asuntos se llevan adelante y cuál es el rol de otras entidades que pueden tomar acción a base de la información que se ha recopilado”, dijo Matosantos, en una conferencia de prensa tras una audiencia en la que se presentaron los hallazgos de los investigadores.

Además de Matosantos, este comité, cuya creación fue anunciada por la Junta hace dos semanas, contará con la participación de los miembros, David Skeel, Andrew Biggs y Arthur González.

El comité tendría que trabajar contra el reloj porque tienen hasta el 3 de mayo para presentar cualquier nueva reclamación como parte de los casos de bancarrota del gobierno.

Durante la audiencia se acentuaron algunos problemas en el manejo de la deuda pública. Por ejemplo, se destacó que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) hizo emisiones de bono para infraestructura que superaron por $450 millones lo que finalmente gastaron en los proyectos de mejoras capitales.

Del mismo modo, se destacaron conflictos en el manejo de asuntos éticos durante las emisiones de bonos y en el cumplimiento de una serie de disposiciones legales asociadas al límite de lo que el gobierno podía tomar prestado, entre otros asuntos.

Tras la presentación, un grupo de profesionales asociados a asuntos legales, financieros o económicos discutieron el informe sobre la deuda de Puerto Rico y esbozaron una serie de recomendaciones que pudieran mejorar los controles fiscales y legales de modo que Puerto Rico no tenga que enfrentar nuevamente un proceso de bancarrota en el futuro.


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