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La propuesta de la Asociación de Constructores de Puerto Rico busca evitar que quienes sufrieron pérdidas en sus casas vuelvan a construir residencias poco seguras en la misma ubicación vulnerable. (GFR Media) (horizontal-x3)
La propuesta de la Asociación de Constructores de Puerto Rico busca evitar que quienes sufrieron pérdidas en sus casas vuelvan a construir residencias poco seguras en la misma ubicación vulnerable. (GFR Media)

Para amplificar el beneficio de los fondos del Community Development Block Grant – Disaster Recovery Program (CDBG-DR) asignados para la recuperación de vivienda y desarrollo económico, la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR) recomendó un programa de vales para que familias “que perdieron su vivienda puedan adquirir una segura de manera formal”.

Una de las preocupaciones del gremio es que, ante la urgencia de un techo, sigan replicándose los errores de construcción del pasado.

Por ello, en las vistas públicas para debatir el uso de $1,500 millones de estos fondos bajo la supervisión del Departamento de la Vivienda, la ACPR presentó una serie de programas como este de vales para que, según el análisis de su equipo técnico, el dinero tenga el efecto de reducir el riesgo de la población que vive en construcciones informales y áreas vulnerables; que no sea un parcho, sino que redunde en verdadero desarrollo económico, explicó Emilio Colón Zavala, presidente de la ACPR, en entrevista con El Nuevo Día.

“Es una inquietud real, que mientras más se tarden las ayudas en llegar, más probabilidad habrá de que la gente construya informalmente en el sitio donde estaba”, señaló. “Sencillamente, la gente tiene que resolver su problema”.

Según  el ingeniero, el programa de vales aplicaría también a residentes en lugares de alto riesgo de daños por desastres naturales, aunque no necesariamente hayan perdido su casa.

Con esto se aprovecharía la coyuntura de la recuperación para evitar que, en un evento similar en el futuro, esas familias tengan que volver a refugiarse, expuso Colón Zavala.

Pero los vales propuestos por la ACPR no deben usarse para viviendas construidas fuera del marco de la ley o que sean de construcción tan añeja que no cumplan con los códigos que, según demostró el huracán María, son eficaces para salvaguardar vida y propiedad, advirtió.

Colón Zavala basó esta premisa en el Estudio de Vivienda que la ACPR comisionó a la firma Estudios Técnicos. Este informe, emitido en febrero de este año, arrojó que el 98% de las viviendas de construcción formal que FEMA inspeccionó tras los huracanes, sufrió poco o ningún daño.

Como consecuencia, la ACPR recomendó que las unidades que se cualifiquen sean de nueva construcción o existente (incluido el inventario de reposeídas); cumplan con el código de construcción; no estén localizadas en lugares de alto riesgo de daños o en áreas inundables; y cumplan con los requisitos de CDBG-DR en el Registro Federal, lo cual incluye un componente de construcción verde.

Colón Zavala indicó que la ACPR propuso en vista pública que el programa arranque con vales de hasta $80,000 para 5,000 familias, con miras a que se amplíe cuando se obtengan más fondos federales debido a que esta suma, en raras ocasiones, será suficiente para cubrir el costo total de la vivienda.

Los subsidios CDBG-DR van dirigidos a la recuperación de desastres, incluyendo la renovación y reconstrucción de vivienda, asistencia para negocios, revitalización económica y reparación de infraestructura. En Puerto Rico, estos fondos son administrados por el Departamento de Vivienda, que los distribuye según las áreas que sufrieron el mayor impacto identificadas por el Departamento de Vivienda federal (HUD, en inglés).


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