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De acuerdo con la presidenta de la Asociación de Profesionales de Relaciones Laborales (APRL), Natalia Colón Díaz, el acuerdo que pactaron la JSF y el gobernador dejó fuera la posibilidad de mejorar la condición salarial de los trabajadores en Puerto Rico (Miguel Bayón)

El proyecto que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares envió a la Legislatura para establecer el empleo a voluntad en Puerto Rico parece ser más restrictivo a los trabajadores que el proyecto que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) presentó inicialmente a la Rama Legislativa.

Aunque se trata de dos proyectos distintos y la JSF buscaba eliminar múltiples beneficios, el proyecto ofrecía una mirada más amplia al tema laboral en la isla. Ahora, el documento que examina la Cámara de Representantes cerraría más el cerco a los trabajadores de la empresa privada, pues no aplica al empleo público.

De acuerdo con la presidenta de la Asociación de Profesionales de Relaciones Laborales (APRL), Natalia Colón Díaz, el acuerdo que pactaron la JSF y el gobernador dejó fuera la posibilidad de mejorar la condición salarial de los trabajadores en Puerto Rico.

Colón Díaz lamentó que la complejidad de la relación obrero patronal se haya reducido al tema del despido injustificado y a la doctrina del empleo a voluntad, sin entender sus implicaciones.

El mes pasado, la JSF envió a la Legislatura su proyecto de reforma laboral, pieza que se radicó por petición en el Senado bajo el número 919.

El proyecto fue rechazado por la rama legislativa porque reducía las licencias mínimas de vacaciones y enfermedad, convertía el bono de Navidad en una discreción del patrono y reducía a un año el período para demandar a un patrono en caso de represalias. Pero proponía aumentar el salario mínimo, aunque sujeto a aumentos en la fuerza laboral.

La vigencia de dicho proyecto era inmediata.

Por el acuerdo entre Rosselló Nevares y la JSF, de aquel texto solo prevaleció derogar la Ley 80.

Dos versiones

Pero en ese tema, la propuesta de la JSF -que rechazó la Legislatura- habría dado más espacio a la interpretación judicial, según Colón Díaz.

El proyecto 919 establecía la doctrina del empleo a voluntad e indicaba que no se afectaría el derecho del empleado “de obtener un remedio por daños por conducta torticera del patrono, ajena a la mera terminación del empleo o del contrato de empleo; los remedios adicionales provistos por leyes especiales; y aquellos concedidos por un despido cuyo propósito e intención principal sea subvertir una clara política pública del Estado o algún derecho constitucional aplicable a empleados”.

De esta forma, el proyecto de la JSF reconocía la jurisprudencia en torno a los límites que existen en la doctrina del empleo a voluntad y que prohíben el despido si ello conflige con política pública, si media un contrato o si el despido se da por mala fe del patrono.

El proyecto senatorial 1011 y su equivalente en la Cámara 1064, dice en la exposición de motivos que no se afectan otras leyes que protegen a los trabajadores. También indica, en lo que sería el texto de la ley, que el trabajador tendrá las causas de acción que surjan de las constituciones de Puerto Rico y Estados Unidos y de leyes y reglamentos aplicables.

Pero en contraste, la pieza dice específicamente que “un empleado a término indefinido no tendrá una causa de acción en contra de su patrono meramente porque el patrono dé por terminada la relación de empleo”.

Fuentes cercanas a la JSF explicaron que el texto enviado por Rosselló a la Legislatura fue examinado por el organismo.

La semana pasada, el Senado aprobó el proyecto de Rosselló Nevares, pero aplicando la derogación de la Ley 80 de manera prospectiva. La JSF ha dicho que de ser el caso, dejará sin efecto el acuerdo con Rosselló Nevares.

Dos tipos de empleados

“Lo que hace la versión del Senado es nuevamente crear dos tipos de empleados, que fue lo que hizo la reforma laboral del año pasado”, dijo Juan Cortés Valle, presidente de la Federación Central de Trabajadores (FCT).

Según Cortés Valle, al crearse dos tipos de empleo, los trabajadores quedarán nuevamente en desventaja, creando otra complejidad administrativa a los patronos.


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