El sector La Boca, en Barceloneta, fue uno de los más afectados por el impacto del huracán María. (GFR Media)

Mientras Mapfre Praico Insurance Company encara una demanda de clase incoada por el municipio de Aguadilla por no haber pagado las reclamaciones asociadas al huracán María, la aseguradora ha demandado a los municipios de Barceloneta y Cabo Rojo por presentar reclamaciones supuestamente fradulentas.

En dos litigios separados, la filial de la aseguradora española en la isla, imputa a ambos ayuntamientos haberse puesto de acuerdo con la firma del ajustador público Scott M. Favre (SMFPA) para defraudarle sobreestimando las pérdidas que ocasionó el huracán María. A esos efectos, Mapfre solicitó al tribunal que declare nulas las pólizas de seguro; que los ayuntamientos le devuelvan los pagos adelantados que efectuó Mapfre o en la alternativa, que el tribunal no reconozca la magnitud de las reclamaciones presentadas.

“El municipio de Barceloneta, a sabiendas y a través de su representante SMFPA, sometió estimados y documentos de prueba de pérdidas con información falsa en apoyo de su reclamación con la intención de defraudar a Mapfre”, reza una de las demandas.

Según Mapfre, en principio, se determinó que los daños post-María en el municipio de Barceloneta rondaron alrededor de $1.8 millones y el asegurador efectuó pagos parciales al ayuntamiento.

Empero, en febrero del año pasado, luego de contratar a Favre, Barceloneta presentó una reclamación por $23 millones.

La situación pareció ser la misma en el municipio de Cabo Rojo, donde la reclamación de ese ayuntamiento, se estimó en $1.2 millones y luego de la contratación de Favre como ajustador público, se modificó la reclamación para solicitar un pago de $62.1 millones.

Mapfre no es la única aseguradora que ha hecho tales reclamos, Integrand Assurance Company también ha demandado a empresas privadas por supuesto fraude en la reclamación de seguros, donde se alega que Favre también intervino.

"Rehenes” de aseguradores

Mientras Mapfre alega ser objeto de fraude, la semana pasada fue el alcalde de Aguadilla, Carlos Méndez, quien alegó que él y sus homólogos se han convertido en “rehenes” de las aseguradoras, luego de que hayan transcurrido dos años desde la temporada ciclónica de 2017 y todavía no hayan cobrado sus reclamaciones.

“Hemos hecho un gran esfuerzo para resolver este reclamo con Mapfre, pero la aseguradora parece estar más interesada en jugar y retrasar el pago que en pagarnos lo que nos debe”, dijo Méndez cuando dio a conocer el pleito de clase.

Hasta el viernes pasado, Mapfre no había sido emplazada, pero el asegurador indicó a El Nuevo Día, que una vez reciba la demanda, analizará los alegatos del alcalde y pagará la reclamación, si aplica.

El pleito de clase, incoado por el bufete Weisbrod Matteis & Copley (WMC), especializado en recuperación ante desastres, incluye a los demás ayuntamientos y agencias gubernamentales que se alega habrían sido mal pagadas por Mapfre. La oficina de WMC en Puerto Rico está a cargo de Juan Saavedra Castro, quien lidera la estrategia legal del caso.

Aguadilla habría recibido un pago de Mapfre de apenas $3 millones, cuando el ayuntamiento habría quedado con decenas de millones de dólares en pérdidas post-María.

Mapfre indicó que su política le impide ofrecer detalles sobre la relación con sus clientes, pero sostuvo que “siempre” ha pagado toda reclamación que corresponda “a pólizas que tengan cubiertos los daños reclamados y que esos daños hayan sido debidamente evidenciados”.

En el caso del huracán María, Mapfre ha resuelto más de 91,000 reclamaciones.

Dos años sin cobrar

La demanda de clase encabezada por el municipio de Aguadilla no es la única disputa entre el asegurador y clientes de gobierno.

El mes pasado, El Nuevo Día reveló que el Departamento de la Vivienda, el Tren Urbano y la Autoridad de Carreteras y Transportacións (ACT), tampoco han cobrado sus reclamaciones ante Mapfre.

En tanto, el pasado 5 de septiembre, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), también representado por WMC, demandó a Mapfre por $135 millones.

“A pesar de contar con la cubierta de un seguro, el DCR no ha sido compensado justamente y esta situación —sumada al crítico cuadro fiscal del país— ha impedido que las estructuras donde viven miles de reclusos y reclusas y en las cuáles, laboran al menos unas 6,000 personas, permanezcan en condiciones deplorables”, reza la demanda del DCR.

El DCR alega que Mapfre “sistemáticamente” ha rehusado cumplir con sus obligaciones y ha procurado “reducciones injustificadas en los pagos a sus asegurados” por las pérdidas causadas por el devastador ciclón que embistió a la isla hace dos años.

De acuerdo con el DCR, Mapfre le hizo una oferta de $2 millones, a pesar de que la agencia a cargo de administrar unas 55 prisiones en la isla, experimentó daños de todo tipo, según se alega.

“Cada reclamación tiene una complejidad particular que amerita, en muchos casos, evidencia detallada de los daños y comprobación de que los mismos estén cubiertos bajo la póliza adquirida por el asegurado. En muchos casos, hemos hecho adelantos para que el asegurado pueda ir resarciendo sus daños y restableciéndose en lo que se culmina el proceso”, indicó Mapfre.


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