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En la foto, el abogado de Nueva York, Jacob Zamasky junto a la licenciada Marie Elsie López. (Luis Alcalá del Olmo)

Con el temor de caer en la indigencia en su vejez, porque sus ahorros de muchos años fueron invertidos en bonos perdidosos, un matrimonio de septuagenarios —que no quiso identificarse— reclamó ayer que “estar tranquilos en los que nos queda de vida es lo que queremos” .

Él, de 78 años de edad, y ella de 70, llegaron a un salón en el Centro de Convenciones para escuchar una orientación gratuita de abogados que litigan casos de inversionistas para pedir que les ayuden a recuperar las economías de toda la vida. A su edad, afirmaron, ya no pueden producir, el costo de vida es alto y la pensión de su jubilación se les disipa en los medicamentos que tienen que comprar.

Mientras esperaba por la charla del bufete Zamansky LLC y González López & López Adames, —entre decenas de personas, en su mayoría adultos mayores retirados— ella se expresó menos optimista que su cónyuge, porque entiende que las orientaciones son una pérdida de tiempo.

“Hemos perdido (dinero) en cantidad desde el 2010”, reveló la pareja a El Nuevo Día.

En el mismo lugar, y con más esperanza, un auditor retirado de 71 años tenía esperanzas de poder recobrar al menos el principal de sus inversiones perdidas, las cuales ascienden, según indicó, a más de medio millón de dólares.

“Las casas de inversiones invitaron a muchos puertorriqueños al Titanic, aun cuando este se hundía. Deben penalizar a estas casas de inversiones porque ellos sabían que el barco se hundía y nos pusieron a invertir el dinero de nuestras vidas”, sentenció el exempleado de gobierno que por asuntos legales prefirió no revelar su nombre.

El exfuncionario narró que comenzó a invertir a principios del año 2000 en los Bonos de Puerto Rico (PR Trust Fund) y recibió los pagos de los intereses mensuales por unos cinco años. A partir de ese momento, vio que el principal estaba mermando.

Tras 42 años de trabajo en el gobierno, y acogido a los beneficios del Sistema de Retiro dijo que su incertidumbre aumenta por los cambios que se anticipan en ese fondo.

“Ojalá y todos estos abogados litigantes de casos de valores se unan para que lleven todos un caso meritorio y robusto ante las cortes. No sería justo que estas personas mueran sin ver resuelto su caso porque de esto dependen hijos, nietos y viudos”, señaló.

Otra de las asistentes a la orientación fue Marisel Astacio, quien ha perdido hasta el momento unos $225 mil entre sus inversiones y las que reservó para los estudios de sus hijos en los Bonos de Puerto Rico.

Astacio entró en el mundo de las inversiones guiada por un familiar de su entonces esposo que laboraba como corredor. Mientras conversaba con El Nuevo Día, relató que nunca recibió una llamada de seguimiento o cita de la oficina de corredores para saber el estatus en que se encontraban sus inversiones o para orientarla al respecto.

Ha intentado, con otros abogados, radicar unrecurso legal que le permita recuperar su dinero, pero dijo que ha salido decepcionada.

“Hay esperanza”, afirmó Jacob Zamansky, del bufete Zamansky LLC, que representa a inversionistas en Estados Unidos y el extranjero. “Estamos aquí para decirle a las personas que si quieren pelear o reclamar contra UBS u otros bancos, tienen que actuar muy rápido. El tiempo se acaba y hay una ventana para reclamar”.

Zamansky aprovechó el escenario para exhortar a los afectados por las pérdidas de sus inversiones a que le lleven los documentos para conocer su historia.

En la mayoría de los casos que el bufete González López & López Adames ha atendido, los afectados son adultos mayores que cuando se retiraron de sus trabajos y recibieron los beneficios de su 401k o de retiro, invirtieron en Bonos de Puerto Rico o en el Fondo de Bonos Cerrados de Puerto Rico, precisó Marie Elsie López Adames, una de las abogadas que se sumó a la ronda de orientaciones del grupo Zamansky.

“Hay oportunidad de radicar una querella y empezar el proceso para recuperar las pérdidas. No estamos haciendo ningún tipo de garantía pero la experiencia es que en todos los casos que hemos radicado, se ha podido recuperar parte de las pérdidas para los clientes”, subrayó la licenciada.

“Hasta el momento, del 2013 para acá hemos radicado cientos de casos y dos de ellos han llegado hasta las últimas consecuencias que son las vistas de arbitraje, pero el resto de ellos han sido negociados con cantidades razonables para los clientes. O sea, que siempre se ha podido recuperar (algo)”, señaló López Adames.

El caso al que la abogada hace referencia es al publicado por El Nuevo Día, en el 2015 cuando la Asociación para la Reglamentación de la Industria Financiera (Finra, por sus siglas en inglés) ordenó a UBS Financial Services de Puerto Rico restituir $3.1 millones a una mujer de 66 años y aun joven de unos 25 años por un caso similar al que enfrentan hoy miles de bonistas.


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