La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Jaresko. (GFR Media) (semisquare-x3)
La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Jaresko. (GFR Media)

La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, instó este lunes a la administración de Ricardo Rosselló Nevares, a los alcaldes y al liderato de varias corporaciones públicas a que lleguen a un acuerdo definitivo acerca de las aportaciones que deben hacer al sistema “Pay-Go” antes de que cierre el presente año fiscal.

En paralelo, Jaresko reafirmó que la exigencia de información adicional a la administración Rosselló Nevares acerca del uso de unos $30 millones en proyectos municipales y similares que fueron asignados mediante 24 resoluciones conjuntas continúa vigente e insistió en que el gobierno incurrió en tales gastos sin la autorización de la JSF.

En una rueda de prensa celebrada en la sede de la JSF en Hato Rey, Jaresko pareció dar una voz de alerta al indicar que Puerto Rico no debía repetir las malas prácticas que le llevaron a la bancarrota mientras defendió las acciones recientes del Comité de Reclamaciones Especiales (CRE), el grupo de trabajo al interior del organismo fiscal que la semana pasada demandó a cientos de suplidores y bonistas del gobierno puertorriqueño y a una veintena de entidades que habrían contribuido a la insolvencia de Puerto Rico.

“Gastar sin transparencia continuará afectando a Puerto Rico”, dijo Jaresko al tiempo que ripostaba las expresiones que minutos antes hizo el gobernador Rosselló Nevares acerca de la anulación de 24 resoluciones conjuntas por parte de la JSF.

A preguntas de la prensa, Jaresko acusó recibo de las comunicaciones que semanas antes le había cursado el gobierno en torno a la controversia, pero la ejecutiva hizo claro que las resoluciones conjuntas son parte del proceso presupuestario establecido en la ley federal Promesa y en el cual la JSF tiene la última palabra.

En febrero pasado, el organismo fiscal anuló 24 resoluciones conjuntas que autorizaron el uso de recursos en el Fondo de Mejoras Municipales y destinaron partidas de los dividendos especiales que la Asociación de Suscripción Conjunta ha pagado al Departamento de Hacienda. La decisión de la JSF descansa en que los fondos utilizados por Rosselló Nevares emanan de asignaciones previas al año fiscal en curso y a que existe una determinación explícita de la JSF que impide utilizar dinero de años previos en el presupuesto vigente.

Entonces, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino Vega, escribió a Jaresko indicando, entre otras cosas, que las reasignaciones presupuestarias estaban relacionadas con los municipios, una rama del gobierno que al presente, no se encuentra bajo la supervisión de la JSF.

Este domingo, la JSF volvió a la carga con una nueva misiva sobre las resoluciones conjuntas en controversia y en la que invoca la sección 205 de la ley federal Promesa, una movida que ahora pone en Rosselló Nevares, la tarea -según Promesa- de acatar lo dicho por la JSF o explicarle al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump (quien ha criticado repetidamente la gestión de los oficiales puertorriqueños), por qué no lo hará.

Específicamente, en la misiva de ayer, el presidente de la JSF, José B. Carrión, recomendó a Rosselló Nevares y al liderato legislativo que desarrollen “un proceso competitivo” para asignar los recursos en el Fondo de Mejoramiento Municipal, en lugar, de que sea un proceso discrecional como sucedió con la aprobación de las resoluciones conjunta en controversia.

Sale al paso Rosselló

A preguntas de los periodistas que asistían a una conferencia de prensa del mandatario, Rosselló Nevares le salió al paso a la JSF.

“Nosotros vamos a ejecutar y asegurarnos que los objetivos y las prioridades se van a cumplir. Los mecanismos son secundarios cuando el objetivo y el capital es primero”, dijo Rosselló Nevares.

“Yo lo que pido a ellos es que dejen de seguir obstaculizando. Permitan que el gobierno siga haciendo su gestión. Yo espero que esto no sea un incentivo para buscar cómo obstaculizar cosa de que puedan implementar y forzar su política público. Eso sencillamente sería inaceptable”, agregó el mandatario.

Las pensiones y los ahorros de retiro

En el caso de las pensiones, Jaresko sostuvo que el incumplimiento en el envío de las aportaciones de pensiones podría incidir eventualmente en el Fondo General.

Aunque no precisó qué consecuencias podría enfrentar el gobierno, Jaresko indicó que al presente, el gobierno central ha pagado las pensiones de todo tipo de servidores públicos jubilados de los recaudos que ingresan al erario, pero el Departamento de Hacienda, no ha recibido las aportaciones que debieron hacer ayuntamientos y agencias. Cuando la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) y el Sistema de Retiro para Maestros (SRM) quedaron insolventes, la JSF y Rosselló Nevares fraguaron la Ley 106 de 2017 para cubrir el pago de pensiones. Como parte del estatuto, se estableció que todas las entidades del gobierno separarían una parte del presupuesto para el sistema “Pay-Go”.

Empero, la semana pasada, la JSF escribió al gobierno para indicarle que a la fecha, no se cumple con la legislación y que las entidades adeudan sobre $300 millones en este tipo de aportaciones a Hacienda. El incumplimiento con la Ley 106 de 2017 fue revelado por El Nuevo Día el año pasado. Entonces, un grupo de pensionados acudieron al Departamento de Justicia para querellarse de la situación y exigir responsabilidades, pero se desconoce qué acción, si alguna, ha tomado el ministerio público.

Jaresko fue más allá al agregar que agencias, municipios y corporaciones tampoco están enviando a la ASR, las retenciones que hacen a los empleados para ser depositadas en los planes de ahorro definido que se crearon con la Ley 106. Dinero que no se transfiere a tiempo, supone una pérdida de ingresos para el empleado público, pues su dinero no se invierte con la frecuencia que sería necesaria, según los objetivos de ahorro que este determine.

Para principios del 2000, cuando el gobierno creó el llamado Sistema 2000, el gobierno retuvo millones de dólares de la paga de los empleados públicos y en lugar de invertirlo y custodiarlo, lo gastó en el pago de pensiones vigentes. A la fecha, la ASR y ningún oficial de gobierno ha divulgado a cuánto asciende ese dinero, propiedad de miles de empleados, ni cuál fue su paradero.

No queremos repetir ese proceso de nuevo”, dijo Jaresko al reiterar que si bien entiende las objeciones de alcaldes y agencias, tienen que llegar a un acuerdo definitivo antes del próximo 30 de junio.

El llamado de Jaresko se produce a solo días que la JSF continúe su agenda para certificar el plan fiscal y el nuevo presupuesto para el año fiscal 2020. Según el calendario de trabajo del ente fiscal, esta semana, la JSF debe notificar a Rosselló Nevares, las violaciones al plan fiscal según Promesa, si es el caso.

Además, la JSF parece apretar el yugo sobre la administración Rosselló Nevares en temas fiscales en momentos en que el presidente Trump todavía no formaliza la designación de los actuales integrantes del organismo fiscal. Ello, a pesar de anunciarlo la semana pasada.

De otra parte, este lunes, el Primer Circuito concedió 60 días adicionales a la JSF para que continúe operando, luego de que ese foro apelativo federal concluyera que el proceso utilizado en el 2016 para nombrar a sus directivos fue contrario a la cláusula de nombramientos de Estados Unidos.

Jaresko indicó que el plazo otorgado por el foro apelativo tal vez no sea suficiente para el proceso de confirmación que ahora debe efectuar el Senado federal y que el pedido de la JSF buscaba que el fallo del Primer Circuito no entrara en vigor hasta que la Corte Suprema determine si examina la controversia. Sin la extensión dada este lunes por el foro judicial, la JSF habría tenido que cesar sus funciones el próximo 16 de mayo.

Gloria Ruiz Kuilan colaboró en este reportaje.


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