Los recursos con los que contará la JSF este año fiscal, en que muchas instituciones y agencias sufrieron recortes, suman $60 millones. (horizontal-x3)
Los recursos con los que contará la JSF este año fiscal, en que muchas instituciones y agencias sufrieron recortes, suman $60 millones. (Archivo / GFR Media)

Aunque la mayor parte irá a pagar honorarios de abogados, el primer presupuesto aprobado de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) contempla que los empleados de ese organismo federal, ganen en promedio un salario de $180,000 y reciban beneficios de vacaciones y enfermedad superiores a los que disfrutarán los trabajadores contratados bajo la nueva ley reforma laboral.

En paralelo, y en algún momento de este año fiscal, la JSF abrirá oficinas en la capital federal y contratará una segunda firma de relaciones públicas para que atienda sus asuntos a nivel continental.

El número de empleados que tendrá la JSF y otros planes del organismo federal con poderes por encima del gobierno electo de Puerto Rico están detallados en el presupuesto del año fiscal 2018. El documento confirma que la JSF acabó el pasado año fiscal con un superávit de $181,000, cifra que ahora es el punto de partida para el presupuesto vigente, que rondará los $60 millones.

Según el documento, el presupuesto de $60 millones -que sale de los impuestos que pagan los contribuyentes del País- se distribuye en ocho partidas, incluyendo nómina, renta, contratación de servicios profesionales y compra de servicios, entre otras partidas.

“El grueso del mismo (presupuesto), desafortunadamente son lo que se pueden imaginar: abogados”, dijo José B. Carrión, presidente de la JSF, el viernes pasado en una conferencia tras presidir la octava reunión pública del organismo federal, en San Juan.

Tras concluir el cónclave, en el que se certificó con enmiendas el presupuesto del Gobierno y se aprobó el pedido de bancarrota para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Carrión contestó preguntas a los periodistas, incluyendo sobre el presupuesto de la JSF. En ese momento, Carrión indicó que el presupuesto de la JSF se divulgaría ese día, cosa que sucedió en la noche del viernes.

“La mayoría de ese dinero va a abogados. A nosotros nos da vergüenza”, dijo Carrión al reconocer que el dinero se utilizará principalmente para pagar a esos profesionales y otros expertos que son necesarios en el proceso de ajuste de deudas y para responder a la docena de demandas que encara Puerto Rico.

El Nuevo Día reportó en marzo pasado que algunos de los contratos en la JSF, en especial los otorgados a Ernst & Young y Proskauer Rose contemplan que sus técnicos y abogados cobren entre $805 y $1,000 por hora, respectivamente, aparte de reclamar reembolsos por todo tipo de gastos, desde alimentos y mensajería hasta copias y sellos postales.

Del total de $60 millones en el presupuesto, unos $52.3 millones irán al pago de servicios profesionales, otros $3 millones irán a la compra de servicios y $2.96 millones corresponden a nómina y costos relacionados. Otros $540,000 se utilizarán en viajes y transportación, en su mayoría para reembolsar a los directivos y oficiales de la JSF por sus traslados a diversos puntos geográficos para realizar sus funciones.

Los miembros de la JSF no devengan salario.

Sin comparable

De acuerdo con el presupuesto, para lidiar con la peor crisis fiscal y económica que haya visto Puerto Rico, la JSF tendrá 14 empleados. Si se excluye el salario de $625,000 que devenga la directora ejecutiva, Natalie Jaresko, y el resto de la partida de nómina se divide entre 13 empleados, cada cual devengaría en promedio, unos $180,000 al año.

Esa suma es superior al salario de funcionarios como el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy, que devenga $120,000 y el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, a quien bajo el diseño de contratación ideado en La Fortaleza, se le considera asesor y recibe $165,000.

Sobre todo, la paga promedio de los empleados de la JSF es casi seis veces el ingreso per cápita de Puerto Rico, que en el fiscal 2016 fue de $30,516, según la Junta de Planificación. Como resultado de la crisis económica en la Isla, se estima que casi 14 personas pierden su hogar por ejecución hipotecaria diariamente.

Según el presupuesto, para actuar en coordinación con el plan fiscal, las licencias de vacaciones y enfermedad de los empleados de la JSF serán similares a las que reciban los empleados públicos nuevos, según la Ley 26 de 2017.

“Después del tercer mes de empleo, los empleados que completen 10 horas de licencia por vacaciones (15 días por año) y 8 horas de licencia por enfermedad (12 días por año)”, reza el documento del presupuesto.

Mientras que, según la nueva ley de reforma laboral, que solo aplica al sector privado, un nuevo empleado tendría que trabajar casi 15 años para acumular la licencia de vacaciones que recibirán los empleados de la JSF.


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