Christian Sobrino, director ejecutivo de Aafaf.  (GFR Media) (horizontal-x3)
Christian Sobrino, director ejecutivo de Aafaf. (GFR Media)

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) ha determinado que no presentará a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ningún acuerdo contributivo que esté negociando con empresas privadas para su aprobación.

La negativa de la Aafaf a presentar los acuerdos que conceden tratos preferenciales a empresas locales e internacionales está contenida en una carta que el director ejecutivo de la agencia, Christian Sobrino Vega, envió anoche a la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko y en la que el funcionario señala que el organismo fiscal no tiene autoridad para inmiscuirse en el asunto.

El sector privado se colocó esta semana en modo de alerta por la implementación de una orden ejecutiva para aumentar a $15 el salario mínimo por hora en el sector de la construcción. Pero también quedó en alerta luego de que la Junta escribió a la secretaria de Hacienda, Teresita Fuentes, pidiendo a esta copia de “todos los contratos, sea en la forma de decretos de incentivos contributivos o similares, que confieren condonaciones contributivas o alivios contributivos a un contribuyente, desde el pasado 1 de julio”.

En la carta, Sobrino Vega explicó a Jaresko que luego de conocerse el pedido de la JSF a Hacienda, diversos líderes e interesados en industrias claves en los sectores de manufactura, turismo, cine y desarrollo de hogares han expresado al gobierno “preocupaciones graves” en torno a la aplicación de las políticas de revisión de contratos de la JSF a los acuerdos contributivos.

Sobrino Vega dijo también a Jaresko que si bien en los borradores de la ley federal Promesa había lenguaje que confería a la Junta, facultad para autorizar los acuerdos contributivos antes de concederse, dicha prerrogativa se eliminó del texto que finalmente se convirtió en ley.

La ley federal Promesa establece que seis meses después de la vigencia del estatuto, el gobierno debía presentar a la JSF un informe sobre todos los tratos contributivos vigentes. Entonces, se informó que se cumplió con dicho informe, pero su contenido o detalles de este nunca fueron revelados.

Sin embargo, como parte del plan fiscal, se contempla una revisión de los incentivos -cosa que ahora no sucedería según ha indicado el presidente de la Cámara baja, Carlos “Johnny” Méndez- y la reforma contributiva, un proceso que a la larga incide en los tratos preferenciales que se otorguen. Asimismo, según el plan fiscal, es necesario que el gobierno comience a trabajar en lo que se conoce como un presupuesto que incluye las partidas de gasto tributario, que no es otra cosa que un análisis acerca del dinero que el fisco deja de ingresar por los tratos preferentes que da a ciertos contribuyentes, particularmente empresas.

En la carta, la JSF pide a Hacienda informarle acerca del impacto que representan al fisco los acuerdos contributivos otorgados por el gobierno.

Por años, Puerto Rico ha otorgado decenas de acuerdos contributivos que le han costado al erario miles de millones de dólares.

Entre los años 2012 y 2013, cuando el frustrado Doral Bank decía tener derecho a un reintegro de unos $230 millones, El Nuevo Día reveló que estos acuerdos confidenciales se pactan sin que se analice su impacto al fisco y que se custodiaban sin referencia. En el caso de Doral Bank, incluso, luego de que se pactaron los acuerdos bajo la administración de Luis Fortuño entre Hacienda y el banco, ni siquiera había una copia de estos acuerdos privilegiados y el gobierno se enteró cuando la entidad fue a reclamar su dinero.

La Aafaf dijo a la Junta que estará dispuesta a compartir información sobre los acuerdos después de otorgarse, pero de “tiempo en tiempo”.


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