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Según datos provistos por el senador Miguel Laureano, desde enero, se ha emitido un promedio de 13,000 multas diarias en peajes de Autoexpreso. (GFR Media)

La compañía Gila LCC rechazó ayer que reciba un incentivo monetario por imponer multas a los usuario de los peajes como denunció el senador novoprogresista Miguel Laureano.

Además, adelantó que trabajan para administrar los peajes con un sistema operativo pactado con la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) que está en “estado avanzado”.

Laureano refirió ayer la empresa al Departamento de Justicia al acusarla de violentar el contrato con la ACT y malversar fondos públicos. Además, exigió la cancelación inmediata de su contrato, como resultado de la supuesta lluvia de quejas de ciudadanos que han sido multados irregularmente por supuestamente cruzar los peajes sin balance suficiente en sus cuentas.

En declaraciones escritas, Luis Alberto Sánchez, vicepresidente de Gila LLC, que administra los peajes públicos y privatizados, afirmó que la empresa no se lucra de las multas que impone y que en abril de este año emitió 414,029 multas de un tráfico total de 26.2 millones, lo que representa 1.6% del tráfico total mensual.

Ayer en la mañana, Laureano, quien ha realizado tres vistas públicas y una vista ocular sobre el asunto, como presidente de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, planteó que la cantidad de quejas que ha recibido de ciudadanos que aseguran haber sido multados indebidamente por la compañía y la falta de actualización del sistema operativo con que se tramitan las multas han sido los detonantes que han provocado el referido.

“La compañía Gila enfrenta graves problemas técnicos al aplicar multas contra la ley. Por ejemplo, a vehículos que no han sido movidos por estaciones de peaje”, sostuvo Laureano en una conferencia de prensa al mencionar otro ejemplo de multas recibidas por ciudadanos que recargan automáticamente sus balances.

“Cada uno de estos problemas se agudizó luego del paso de María por Puerto Rico. Por todo esto, hemos referido al Departamento de Justicia a Gila y a sus directivos, por malversación de fondos públicos e incumplimiento de contrato”, afirmó Laureano al sostener que, desde enero, se han aplicado $1.6 millones en multas, el equivalente a 13,000 diarias.

“Son más de $80 millones en multas para el bolsillo de los puertorriqueños y muchas no han sido aclaradas”, dijo Laureano, quien no calculó cuánto de ese dinero pudo haber sido cobrado ilegalmente.

Ayer, en declaraciones escritas, el secretario de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras Aponte, reconoció que, desde el 2015, cuando Gila comenzó a administrar los peajes, las quejas por errores de Autoexpreso han aumentado.

Dijo también que no puede cancelar inmediatamente el contrato de Gila, pero que ha iniciado una investigación sobre las operaciones de la empresa y que, si esa fuera la recomendación, no le “temblará la mano”.

Contreras anunció, además, que ha solicitado que se inicie el proceso de solicitud de propuestas para reemplazar a Gila.


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