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En el foro “Puerto Rico en la encrucijada: invirtiendo en el futuro”, participaron Geoffrey Garrett, Michael Ussem, Jenniffer González, José Carrión. (David Villafañe)

Las reducciones en los presupuestos universitarios, los aumentos en las matrículas y la limitación en el acceso a la educación superior, aunque puede generar beneficios fiscales a corto plazo, ahogan el principal recurso que tienen las economías: el capital humano.

Eso fue lo que argumentó Geoffrey Garrett, decano de la escuela de negocios Wharton, de la Universidad de Pennsylvania, cuando se le pidió que analizara los recortes fiscales a la Universidad de Puerto Rico impuestos por la Junta de Supervisión Fiscal.

“Si miras lo que ha pasado en EE.UU. con las universidades públicas, todas han sido sujetas a recortes presupuestarios y aumentos en la matrícula… Eso es a corto plazo (los beneficios)… el problema es que eso ahoga el crecimiento del capital humano”, dijo Garrett durante un foro titulado “Puerto Rico en la encrucijada: invirtiendo en el futuro”, celebrado ayer en el Museo de Arte de Puerto Rico en San Juan.

Garrett indicó que alrededor del mundo hay sistemas que con mayor o menor éxito buscan atender los retos presupuestarios que enfrentan los sistemas públicos de educación superior, incluyendo imponer tributos especiales para aquellos que se graduaron de las universidades públicas con costos nominales en sus matrículas y que ya se encuentran dentro del mercado laboral.

Michael Ussem, director del Centro de Liderazgo y Cambio Gerencial de la escuela Wharton, por su parte, indicó que las facultades deben hacerse de los argumentos persuasivos suficientes para lograr que los responsables del financiamiento del sistema universitario puedan sopesar los beneficios a largo plazo en comparación con los que, a corto plazo, implica la reducción presupuestaria.

El plan fiscal certificado actual impone recortes a las ya diezmadas aportaciones estatales a la Universidad de Puerto Rico, en el orden de los $275 millones para el año 2023.

Del mismo modo, Garrett indicó que las iniciativas de austeridad implantadas en la década de los años 1980 en Europa mostraron que los recortes presupuestarios no resuelven los problemas fiscales de los países, a menos que se hagan reformas significativas en la estructura económica y hasta en el gobierno.

“Solo funciona si haces una reestructuración organizacional al mismo tiempo”, dijo.

En los países europeos esos cambios tomaron forma en privatizaciones, desregulaciones y la integración del Reino Unido en el mercado europeo.

Garrett indicó que, en muchas ocasiones, esos cambios pueden ser disruptivos y pueden generar mucha oposición pública. Useem, por su parte, añadió que por eso se requiere de un buen liderato político para implantar esos cambios.

José B. Carrión, presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), en cierto modo, se hizo eco de la idea, al argumentar que el organismo fiscal que dirige, al no ser un ente electo, enfrenta mucha resistencia al momento de exigir esos cambios estructurales que, a su entender, necesita la economía puertorriqueña.

El jefe de la JSF insistió en la necesidad de reformar las leyes laborales, de arreglar el burocrático sistema de permisos en Puerto Rico y de reformar el sistema contributivo de modo que se incentive la inversión de personas locales y extranjeros.

“Esas son reformas estructurales que podemos hacer nosotros sin intervención de Estados Unidos”, dijo Carrión.

Esos cambios podrían ser más importantes con los cambios tecnológicos que se avecinan y que cambiarán las economías y el mercado laboral de cara al futuro.

El banquero Richard Carrión, añadió resaltando en que Puerto Rico necesita también estabilidad en sus marcos regulatorios y contributivos.

“No hay nada más cobarde que un millón de dólares. A el capital le gusta la estabilidad y no esos cambios tan bruscos”, sostuvo el banquero.


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