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Grupos conservadores cuestionan el salario de $625,000 anuales de Jaresko. (horizontal-x3)
Cuestionan el salario de $625,000 anuales de Jaresko. (GFR Media)

Washington - Once grupos conservadores, incluso algunos que denunciaron los manejos del gobierno de Puerto Rico y pidieron controles, ahora reclaman al Congreso que presione a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a cargo de las decisiones financieras públicas de la isla y pida la destitución de su directora ejecutiva, Natalie Jaresko.

En una carta al Congreso, encabezada por la organización Hispanic Leadership Fund, los grupos afirmaron que la JSF ha ignorado “los preceptos básicos establecidos en (la ley) Promesa: precisión, transparencia y la creación de un plan creíble para el regreso del pueblo de Puerto Rico a los mercados de capital”.

En vez de cuestionar a los siete miembros con derecho al voto en la JSF, las organizaciones conservadoras culpan a Jaresko, cuestionan su salario de $625,000 anuales, sus ganancias en un fondo de inversiones en Ucrania y censuran la posibilidad de que se aumenten el presupuesto del ente a $60 millones anuales.

Al referirse a Jaresko, aluden al interrogatorio que le hiciera en noviembre el demócrata boricua Luis Gutiérrez (Illinois), cuando la directora ejecutiva de la JSF –una exministro de Finanzas de Ucrania– no pudo responder detalles sobre el efecto de las normas federales de cabotaje en la economía puertorriqueña.

En momentos en que cerca de un 11% de la población, según los estimados del gobierno, sigue sin servicio de energía eléctrica, pidieron al Congreso que convoque a una audiencia para determinar si la JSF cumple con la intención y los mandatos de Promesa, y “como mejorar el proceso de reestructuración”.

La carta está firmada también por la Asociación de Jubilados 60 Plus, Taxpayers Protection Alliance, Frontiers of Freedom, Market Institute, Americans for Limited Government, Center for Freedom and Prosperity, Independent Women’s Voice, Consumer Action for a Strong Economy, e Independent Women’s Forum.

Hispanic Leadership Fund y la Asociación 60 Plus –como hicieron entonces grupos de acreedores, que desarrollaron una campaña publicitaria en Washington–, estuvieron entre los grupos que acusaban de irresponsabilidad fiscal al gobierno de Puerto Rico y se opusieron a que las empresas públicas de la isla tuvieran acceso al capítulo 9 de la ley federal de quiebras.

En medio de la campaña en contra del gobierno de Puerto Rico organizada por la firma de relaciones públicas DCI Group, Mario López, presidente del Hispanic Leadership Fund, llegó a describir al entonces gobernador Alejandro García Padilla como el “nuevo Castro del Caribe”, en referencia al gobierno de Cuba.

En abril de 2015, mientras, James Martin, el presidente y fundador de la Asociación de Jubilados 60 Plus, sostuvo que, además de rechazar permitir a Puerto Rico reestructurar su deuda, el Congreso debería “imponer una junta de control, similar a la que se creó hace 20 años para el Distrito de Columbia”, con la intención de impulsar “reformas gubernamentales y una disciplina fiscal que hace tiempo es necesaria en Puerto Rico”.

La Asociación 60 Plus elogió entonces la “bravura” de la ahora comisionada residente Jenniffer González, por oponerse al proyecto 870 del entonces comisionado Pedro Pierluisi que hubiese permitido que corporaciones públicas y municipios de la isla se acogieran al capítulo 9 de la ley federal de quiebras.

La postura de Hispanic Leadership Fund sobre Puerto Rico provocó la renuncia al grupo del exgobernador Luis Fortuño, quien apoyaba la legislación de Pierluisi, y de otros boricuas que colaboraban con la organización.

Tras una de sus declaraciones en contra del gobierno de García Padilla, El Nuevo Día se comunicó entonces con López para que explicara en detalle sus críticas. Pero, López dijo en aquel momento que no podía abundar porque no tenía las notas consigo.

En noviembre pasado, el Comité de Energía y Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE.UU. celebró una audiencia para examinar el funcionamiento de la JSF en medio del proceso de recuperación de Puerto Rico, tras el paso del huracán María.

Entonces, coincidiendo con el escándalo Whitefish, el presidente del Comité, Rob Bishop, y otros republicanos estuvieron más centrados en conocer si la JSF necesitaba más poderes para controlar al gobierno de Puerto Rico.

Aunque hay republicanos que en privado dicen favorecer la salida de miembros de la JSF y demócratas que se oponen al poder de ese organismo sobre la isla, nadie espera que el Congreso apruebe ahora cambios a la ley Promesa.


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