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Miembros de la Federación de Tiro de Puerto Rico comparecieron ayer a una vista pública de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, en Aguada, para oponerse a la nueva Ley de Armas. (Suministrada)

La Federación de Tiro de Puerto Rico se opuso ayer al proyecto que crearía una nueva Ley de Armas porque pasaría al Departamento de Recreación y Deportes funciones que ellos realizan como fomentar ese deporte, organizar torneos y expedir las licencias de los clubes de tiro.

En una vista pública de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, celebrada ayer en Aguada, el presidente federativo Reinaldo Irizarry Rodríguez  indicó que los cambios propuestos ponen en peligro la práctica del deporte del tiro en la isla.

 Explicó que, de aprobarse el proyecto de ley, la Federación de Tiro dejaría de cobrar la cuota anual de $5 a cerca de 85,000 socios. Con ese dinero, la organización deportiva brinda   cursos de uso   de armas de fuego necesarios para que cualquier ciudadano adquiera armas en la isla. Además, realizan competencias locales y sufragan los gastos de atletas de alto rendimiento que viajan fuera del país para competencias de alto nivel.

Irizarry Rodríguez agregó que la Federación también   vela  por que los clubes de tiro cumplan con las reglas de seguridad en sus instalaciones. Los clubes de tiro pagan sus propios seguros.

A raíz del paso del huracán María por la isla, la Federación ha repartido alrededor de $150,000 entre los clubes por daños causados por el ciclón y otros $30,000 al Albergue Olímpico para reparar sus canchas.

Irizarry Rodríguez señaló que  el nuevo proyecto, de la autoría del senador Nelson Cruz Santiago, elimina la licencia de tiro al blanco,  lo que “destruiría la base económica de una organización sin fines de lucro que sirve efectivamente a sus socios”.

 

“Ruego que dejen las licencias de tiro al blanco (su expedición en manos de la Federación) y nuestra buena relación con el Comité Olímpico y el Departamento de Recreación y Deportes tal y como está en la Ley 404”, agregó en referencia a la actual Ley de Armas.

Por su parte, el profesor de  Humanidades José Pereda Maduro respaldó la idea de que se reduzcan los costos para sacar licencias de tiro. El proyecto reduce el pago del sello por sacar la licencia de $100 a $50 y la renovación de $100 a $25. La Oficina de Gerencia y Presupuesto ha advertido que el proyecto tiene un impacto fiscal de $2.5 millones.

“Si por cuestiones de economía y presupuesto no se pueden tener más policías y recursos en la calle haciendo el trabajo preventivo, ¿qué alternativa se tiene? No creo que agravar con altos costes de comprobantes y otras cosas sea solución alguna”, dijo.

Pereda Maduro indicó que la concesión de una licencia de armas no debe estar condicionada a deudas que tenga el ciudadano con Hacienda, el CRIM o ASUME y abogó por que se desista de tocar temas como decisiones de casos judiciales sobre el uso de armas de fuego como parte del curso de uso y manejo.  


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