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La auditoría de la OCPR encontró que, a noviembre de 2018, había sin resolver 236 casos de quejas y querellas de conducta no profesional. (GFR Media)

La Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica mantuvo sin resolver 236 casos de conducta no profesional o impericia médica, en algunos casos, por más de una década.

Las deficiencias del ente adscrito al Departamento de Salud quedaron plasmadas en un informe de la Oficina del Contralor (OCPR) divulgado días después de que el Tribunal Supremo apoyó, en una sentencia, que se elimine la colegiación compulsoria bajo el entendido de que las juntas examinadoras son instrumentos suficientes para fiscalizar y reglamentar la conducta profesional.

La Junta rige la admisión a la práctica de la medicina y establece un organismo regulador con el objetivo de ofrecer garantías a la ciudadanía relacionadas con la profesión médica.

La auditoría de la OCPR encontró que, al 26 de noviembre de 2018, estaban pendientes de resolver 236 casos -que incluían quejas y querellas- de conducta no profesional, algunos incluso desde 2007.

La ley dispone, destaca el informe, que todo caso sometido a un procedimiento adjudicativo debe quedar resuelto en seis meses.

Además, para el 3 de octubre de 2018, había pendientes 85 quejas o querellas de impericia médica correspondientes al 2017 y 2018. Para esos casos, faltaban las vistas investigativas y los informes del oficial investigador.

Asimismo, la OCPR da cuenta de que, del 28 de junio de 2017 al 25 de abril de 2018, la división legal de de la Oficina de Reglamentación de la propia Junta presentó 271 quejas nuevas por conducta no profesional e impericia o negligencia médica. Durante ese período, el ente regulador ordenó investigar solo 97 de esos casos, lo que equivale al 36% de las quejas sometidas.

Por otra parte, la OCPR señaló que “las vistas investigativas efectuadas por el abogado investigador y las vistas formales presididas por el oficial examinador no eran archivadas bajo la custodia del secretario”.

Durante la auditoría, la OCPR encontró que “la abogada designada por el Departamento de Justicia para investigar las quejas por impericia médica solamente trabaja en la Junta dos días a la semana. Los días restantes realizaba otras funciones no relacionadas con la Junta”. El presidente de la Junta, Freddie H. Román Avilés, explicó a la OCPR que solicitó a Justicia la designación de una abogada a tiempo completo.


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