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Ricardo Rosselló evaluará otras iniciativas. (GFR Media)

El secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira Zayas, anunció que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares no firmó el Proyecto de la Cámara 1484 que buscaba crear la nueva Ley de Educación Especial.

Esta determinación se da luego de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) indicara que la medida requiere de fondos adicionales no presupuestados, lo que la hace incompatible con el Plan Fiscal.

En comunicado de prensa, Maceira Zayas indicó que Rosselló no firmó la medida al recordar que la Ley Promesa le otorga la facultad a la JSF para dejar sin efecto una ley si determina que es inconsistente con el Plan Fiscal.

“Como parte del análisis, el gobernador solicitó al Departamento de Educación que revisara los números de impacto fiscal que pudiera tener la medida. Aun así, la cifra se mantuvo en los $90 millones anuales, lo que imposibilitó la firma de la medida”, expresó Maceira Zayas en declaraciones escritas.

El Nuevo Día había adelantado los reparos de la JSF con relación al proyecto de ley.

Detalló que la medida ordenaba una evaluación inicial para todo menor discapacitado efectuada por personal capacitado en todas las escuelas, lo que tenía un costo por la capacitación de este personal y por las evaluaciones de sobre $9 millones anuales.

También creaba oficinas regionales de Educación Especial a un costo de sobre $1.5 millones y un campamento de verano que tenía un impacto de $3.7 millones.

Pero, según Maceira Zayas, el impacto mayor son los referidos de terapia a remedio provisional, luego de transcurridos 60 días de la solicitud de servicios. Señaló que acortar los términos para evaluación de los servicios tiene un impacto fiscal de sobre $72 millones.

“El gobernador está totalmente comprometido con los estudiantes de Educación Especial. La Ley 85-2018 reafirma este compromiso, estableciendo una política pública contundente de integración y mayores servicios para esta población de estudiantes”, destacó el funcionario, antes de enumerar varias iniciativas de Rosselló con el área de la educación.

“El gobernador continuará evaluando todas aquellas iniciativas que puedan redundar en beneficio de los estudiantes de Educación Especial. También evaluará cualquier pieza legislativa quese presente sobre el tema en el futuro, en la medida que sus iniciativas se puedan financiar”, afirmó.

Por su parte, la secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher, dijo que ante el costo que implicaba el proyecto, no había otra opción que vetarlo.

“Creo que si no es posible implementarlo, tal y como estaba escrito, puede entenderlo por falta de fondos”, expresó Keleher, hoy momentos antes de entrar a una reunión en Fortaleza. “¿Cómo se puede prometer algún servicio cuando realmente no tienes los fondos para implementarlo?”

No obstante, reconoció el interés del representante Rafael “June” Rivera, autor de la medida, para buscar alternativas para la población de Educación Especial.

Así que dijo estar dispuesta a reunirse con el legislador para identificar qué elementos de la pieza se pueden implementar con el presupuesto disponible.

En cambio, defendió los estimados que entregó a la JSF sobre lo que costarían la estructura y los servicios que establecía, pues en los pasados días Rivera cuestionó las cantidades por entender que eran menores.

“Sí (son correctos los estimados), porque se habían trabajado hace meses”, sostuvo Keleher.

La funcionaria también dijo que estaba dispuesta a conversar con Rivera “para clarificar que no estamos contando el doble de lo que sería dentro y fuera de la agencia” los servicios con una secretaría de Educación Especial separada del DE, como establecía el proyecto.

“Creo que podemos sentarnos a ver dentro de todo lo que puede costar, cuáles son los elementos que se pueden implementar y, quizás, cuando cambien las circunstancias fiscales, pues se puede seguir expandiendo”, dijo Keleher.

“Yo lo veo como que tiene solución, que tiene un próximo paso, no que es un ‘zero zone’ y no se puede hacer nada”, afirmó.

Mientras, el autor de la medida, Carlos “June” Rivera, lamentó el veto del gobernador y adelantó que someterá otra vez el proyecto en la Cámara de Representantes.

“Vamos a radicar la medida nuevamente. Vamos a demostrar que los números no son correctos”, puntualizó Rivera.

“Vamos a hacer vistas públicas citando personal del Departamento de Educación”, agregó el legislador, quien aseguró que en vez de costar $90 millones, sus estimados apuntan por el contrario a un ahorro de $11 millones para el gobierno.


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