Un grupo de mujeres hace una manifestación a favor del aborto utilizando unos atuendos similares a los de la serie “The Handmaid's Tale”. (semisquare-x3)
Un grupo de mujeres hace una manifestación a favor del aborto utilizando unos atuendos similares a los de la serie “The Handmaid's Tale”. (Ramón “Tonito” Zayas)

La evaluación del proyecto de ley que impondría obstáculos adicionales al derecho al aborto provocó ayer un fuerte altercado, luego que grupos que defienden el procedimiento clínico rechazaran enérgicamente la medida durante la vista pública que realizó el Senado para discutirla.

Sin embargo, las representantes de colectivos feministas y organizaciones que velan por los derechos reproductivos de las mujeres no fueron las únicas que se opusieron al Proyecto del Senado 950, que establecería la “Ley para la protección de la mujer y la preservación de la vida”.

La resistencia al proyecto -aunque bajo parámetros diferentes- también vino del Departamento de Justicia, el Departamento de Salud y el Departamento de Ginecología y Obstetricia del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

En medio de la discusión, cerca de las 2:20 p.m., las mujeres fueron sacadas del salón José Joaquín “Yiye” Ávila, en momentos en que cantaban consignas contra el trámite legislativo de la medida.

“La que decide es esta, esta que está aquí”, gritaron a coro.

“No nos vamos a quedar así, es nuestro cuerpo y son nuestras decisiones”, expuso otra mujer.

De inmediato, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, respondió: “¿Terminaron? Agradecemos su expresión”.

Al continuar las expresiones por parte de las manifestantes, el líder senatorial ordenó al personal de seguridad que las quitaran del lugar.

“Las personas que estaban aquí no son cualquier persona. Son personas que dan servicios directos a (las) víctimas y que saben lo que está viviendo la gente que no tiene acceso, que no tiene información... Uno está en la calle, está viendo que la gente está indefensa, en particular las mujeres”, dijo Tania Rosario, directora ejecutiva de Taller Salud.

El proyecto busca prohibir los abortos luego de las 20 semanas de gestación, excepto si seguir con el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer. Cualquier clínica u hospital que realice uno de estos procedimientos luego de las primeras 12 semanas, pero antes de que se pueda esperar razonablemente que el feto haya alcanzado la viabilidad, se expone a una multa de $10,000, y el médico que dirija el procedimiento incurrirá en delito menos grave.

Igualmente, obligaría a las mujeres a realizar dos visitas a una clínica u hospital para solicitar un aborto, y forzaría a los médicos a ofrecerles la opción de que se realicen una ecografía 48 horas antes del procedimiento para que observen los órganos externos e internos y escuchen el latido del corazón del feto.

Justifica el proyecto

Tras afirmar que conoce mujeres que presuntamente se han arrepentido luego de abortar, la senadora novoprogresista Nayda Venegas Brown, autora de la pieza, defendió la medida con el argumento de que es necesario discutir el tema públicamente y promover mayor regulación.

“La razón de ser de este proyecto es que hay muchas mujeres que se arrepienten luego de haber abortado. Este proyecto nace de que estamos en el siglo 21 y ya las mujeres no abortan con una malta y dos aspirinas, ya las cosas han evolucionado”, sostuvo la legisladora.

No estamos diciendo que la mujer no puede abortar, es un derecho de la mujer. Pero, estamos diciendo que en Puerto Rico el derecho al aborto debe regularse, debe hablarse y debe discutirse”, añadió.

En la vista pública, en la que se evaluó conjuntamente un proyecto para prohibir las terapias de conversión, participaron sobre 30 panelistas. Rivera Schatz resaltó que 4,749 participantes opinaron sobre la medida del aborto a través de los distintos medios de comunicación.

“No tenemos la mente hecha sobre ninguno de los dos proyectos, y lo que queremos es la más alta participación y tener la mejor información para preparar un informe que permita que cada senador y senadora emita su voto sobre esta medida”, indicó el líder legislativo, al anticipar que celebraría una vista pública adicional.

“El proyecto del Senado 950 confunde la privación del derecho a la mujer con la protección de la mujer, conceptos que no son compatibles. Debemos notar, además, el carácter punitivo de esta ley, que establece delitos en 10 de sus 14 artículos”, señaló la doctora Linda Lara, de la división de Madres, Niños y Adolescentes del Departamento de Salud.

El Departamento de Justicia, por su parte, se opuso a la medida, porque la misma no se ajusta a la jurisprudencia vigente, como es el caso del Tribunal Supremo federal de Roe versus Wade.

Limita el acceso

La doctora Sharee Ann Umpierre, directora del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, expresó que la medida, tal y como está redactada, limita el acceso de cuidado a las pacientes.

Umpierre hizo referencia, específicamente, al artículo 2, que establece un período de 48 horas entre el ofrecimiento de la información para obtener un consentimiento informado y la realización de la terminación.

Sostuvo que la mayoría de las pacientes tienen limitaciones de transportación y acceso a los servicios. “Una paciente que viene de sitios lejanos, un período de 48 horas es demasiado oneroso para ella”, comentó.

También expresó reparos con la definición de “emergencia médica” incluida en la legislación, que excluye “condiciones psicológicas o emocionales” como una de las medidas necesarias para recurrir al aborto y preservar la vida de la mujer.

Umpierre igualmente trajo a la atención otra de las disposiciones que estipula la práctica del aborto en un hospital especializado. “Esto crea una gran limitación, además que aumenta significativamente el costo del procedimiento. No hay ninguna literatura científica que diga que un aborto hecho en manos expertas es más seguro en una institución hospitalaria versus una clínica especializada”, puntualizó.

Agregó que las clínicas ya tienen equipo de ultrasonido. No obstante, dijo, esta opción no debe utilizarse como un disuasivo para que la mujer prosiga con su decisión de culminar un embarazo.

“La función del médico y del personal es simplemente asegurarse que la paciente esté al tanto de las alternativas, los riesgos y beneficios de cada una de ellas, estar disponibles para sus preguntas y no juzgar, tratar de avergonzar o aumentar el sufrimiento personal que esta decisión le pueda causar”, subrayó Umpierre.

El aborto a menores de 21 años estaría condicionado al permiso de sus padres o tutor legal. El 18.1% de todas las embarazadas en Puerto Rico son adolescentes. De estas, el 87.3% no están casadas. “Restringir esta posibilidad, restringe el acceso médico adecuado para estas pacientes que, muchas veces, son las que más lo necesitan porque acuden a cuidado prenatal tarde”, destacó.

La ginecóloga Yari Vale expresó reservas con la prohibición al aborto desde las 20 semanas a menos que exista una emergencia médica. Esta instancia es definida en la medida como una situación “que necesita un aborto inmediato para evitar un serio riesgo de deterioro físico sustancial e irreversible de las funciones de cuerpo”.

“Si no podemos hacer una terminación después de las 20 semanas, vamos a estar creando un problema de salud pública grande”, añadió, por su parte, Umpierre sobre ese aspecto.

Blanca Cuevas, de la asociación Profamilia, alertó que las restricciones que se pretenden incorporar, puede culminar para algunas mujeres en la búsqueda de alternativas inseguras y en un aumento de morbilidad y mortalidad.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), argumentó Cuevas, entre 2010 y 2014, ocurrieron a nivel mundial -en promedio- 25 millones de abortos inseguros anualmente. El 97% ocurrió en países en desarrollo en las regiones de África, Asia y América latina.

“No puedo estar de acuerdo con que el Estado le imponga a una mujer cómo va a controlar o qué va a hacer con su cuerpo”, dijo el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Eduardo Bhatia.

Rechazan el aborto

Tanto el sacerdote Carlos Pérez como Gina Pennance expresaron su rechazo al aborto bajo cualquier circunstancia, incluso aquellos casos en los que el embarazo sea resultado de una violación.

“No creo que un hijo fruto de la violación tenga que pagar la culpa del padre que cometió ese atropello”, expresó el religioso.

Pennance, de la organización Fieles a la Verdad, dijo que la medida afirma el derecho de la mujer a tomar decisiones libres e informadas. Opinó que hoy las embarazadas toman la determinación bajo información “incompleta y distorcionada”.

“La protección de la mujer embarazada y del bebé por nacer no es un asunto meramente religioso. Es un asunto de derechos humanos, de sentido común, de humanidad y justicia”, sostuvo Pennance.


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