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El presidente de la Asociación de Alcaldes, Rolando Ortiz (der.), lideró los trabajos durante la reunión del gremio. (Suministrada) (horizontal-x3)
El presidente de la Asociación de Alcaldes, Rolando Ortiz (der.), lideró los trabajos durante la reunión del gremio. (Suministrada)

La junta de directores de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico discutió hoy, miércoles, la posibilidad de entablar una demanda en contra del gobierno central, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), o ambos, en arras de proteger los fondos que, entienden, necesitan para el funcionamiento correcto de los ayuntamientos.

La Asociación, que reúne a los alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD), indicó mediante comunicación escrita que se encuentran en el proceso de consultar con sus abogados para decidir si proceden con la acción legal, ya sea contra el gobierno central de Ricardo Rosselló Nevares, contra la JSF que dirige José Carrión III, o contra ambos.

"Le estamos comunicando al país que los municipios, los que estamos en la primera línea de servicio a la gente, tenemos que defender los fondos necesarios para cumplir con la misión para la cual fuimos electos. Con ese principio en mente, hemos activado nuestros recursos legales para evaluar demandar al gobierno central, a la JSF, o ambos", resaltó el alcalde de Cayey y presidente de la Asociación, Rolando Ortiz Velázquez.

Por su parte el alcalde de Peñuelas y primer vicepresidente del gremio, Walter Torres Maldonado, argumentó que en el marco de la Ley PROMESA, se especifica que en el proceso de reestructuración fiscal hay una protección específica a los servicios esenciales, aunque no se define claramente cuáles son dichos servicios y cómo debe ser la protección de los mismos.

"Este es un tema urgente en vista de la realidad fiscal que estamos viviendo los 78 municipios de Puerto Rico. Los recortes que hemos experimentado van por los $350 millones en este cuatrienio, sumado a los gastos de reconstrucción por el paso de dos huracanes el año pasado. Ya el país conoce los atrasos en los pagos de FEMA (Agencia federal para el Manejo de Emergencias) y los seguros privados. Así que hay que proteger los servicios esenciales", enfatizó José Román Abreu, segundo vicepresidente de la Asociación.

Entretanto, el alcalde de Comerío, Josian Santiago, sostuvo que un ejemplo de lo que se considera como servicio esencial es la disposición de desperdicios sólidos "porque es un tema primordial de salud pública. Y como ese caso hay muchos otros".

De la reunión participaron los alcaldes de Salinas, Toa Alta, Morovis, Corozal, Loíza, Yabucoa, Barceloneta y Dorado.


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