La Cámara de Representantes tendrá ante su consideración varias piezas legislativas. (Archivo / GFR Media)

Una legislación del senador independiente José Vargas Vidot que adopta una serie de medidas aplicables en el ámbito público y privado de áreas como el campo laboral y de la salud son parte de un paquete de proyectos relacionados a la pandemia del coronavirus que estarán mañana ante la consideración de la Cámara de Representantes.

En cuanto al empleo, el Proyecto del Senado 1538 les ordena a los patronos privados, en caso de que recesen sus labores de forma parcial o prolongada, a continuar pagándole a sus empleados su salario o compensación y que los días u horas recesadas no sean descontadas de ninguna licencia.

“En caso de empleados a tiempo parcial o por hora, la paga que les corresponderá será a base del promedio de horas trabajadas semanalmente”, reza el proyecto aprobado en el Alto Cuerpo por la vía del descargue, entiéndase sin vistas públicas y sin consulta a las partes interesadas.

En caso de que un patrono le impida a un empleado acudir a su taller por razones de salud, entonces el trabajador podrá descontar los días u horas no trabajadas de sus licencias.

El proyecto, incluso, le reconoce a los empleados administrativos, ejecutivos y profesionales que no cuenten con una licencia de vacaciones el derecho de que el patrono le provea una licencia de enfermedad con paga de hasta cinco días.

Ese beneficio también les aplicaría a empleados a tiempo parcial.

La pieza legislativa, si bien entraría en vigor una vez la gobernadora Wanda Vázquez la convierta en ley, tendría una aplicación retroactiva al momento en que la primera ejecutiva firmó la orden de declaración de emergencia.

El proyecto también prohíbe el cobro de la renta por parte de “ningún arrendador” al inquilino de una vivienda hasta que se derogue la declaración de emergencia firmada por la gobernadora. Una vez se deje sin efecto la orden, “de las partes no ponerse de acuerdo en cuanto al método de repago, el arrendador podrá exigir el pago de la totalidad global de cualquier monto adeudado”, aunque libre de multa e intereses.

En el proyecto no se hace distinción sobre inquilinos que no enfrenten condiciones económicas adversas durante la declaración de emergencia.

La medida, de ser aprobada tal y como pasó a la Cámara de Representantes, también declara una moratoria automática sobre el cobro de préstamos personales y comerciales por dos meses o hasta que la declaración de emergencia sea derogada.

“La moratoria automática será extensiva a todo deudor sin considerar si dicho deudor estuviera o no en cumplimiento con el pago de empréstitos”, reza la medida.

Una vez concluida la emergencia, el estatuto dispone que las instituciones financieras, al recobrar el dinero dejado de recibir de los deudores, deberá ofrecerles dos alternativas: que el deudor prorratee el pago del término dejado de pagar o que el deudor pueda extender el término de su deuda por el término dejado de pagar.

“La decisión entre ambas alternativas provistas deberá ser realizada de forma libre y voluntaria por el deudor. De ninguna forma la institución financiera podrá imponer alternativa alguna para el repago del término dejado de pagar por el deudor”, lee el proyecto en que también se les prohíbe a las instituciones financieras iniciar acciones legales por cobro de dinero, ejecuciones de hipotecas o ejecuciones de sentencias.

La medida también busca garantizar el acceso de forma gratuita a pruebas para detectar el coronavirus, y que el tratamiento, medicamentos y la vacuna -de estar disponible- igualmente fuera gratuita.

De la misma forma, el proyecto dispone medidas para preservar la salud y seguridad de las personas de edad avanzada en hogares de cuido. Entre estas, ordenarles a los administradores de estas instituciones a realizarle las pruebas a sus inquilinos y asegurarles las atenciones médico hospitalaria que necesiten. En el proyecto no se precisa cómo estos hogares tendrían la capacidad de hacer valer este mandato, pero el proyecto sí dispone que incumplir con la letra de la ley propuesta significaría maltrato institucional.

Otra medida que atendería la Cámara mañana es la Resolución Conjunta del Senado 491 que autoriza a todo médico autorizado a ejercer la práctica de la medicina en Puerto Rico a atender pacientes mediante el uso de la telemedicina, consultas médicas telefónicas, o por cualquier otro método permitido, así como el monitoreo remoto de estos.

La Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación y estará vigente durante 90 días y puede ser prorrogable por un término adicional de 30 días.

Mientras, la Resolución Conjunta del Senado 492 crea un fondo para ayudar a las familias afectadas por el estado de emergencia. Este fondo se nutrirá de una asignación de hasta $25 millones provenientes del Fondo de Emergencia. El fondo creado será utilizado para la concesión de un estímulo económico de $500 y será remitido al solicitante por el Departamento de Hacienda. Los recipientes del Programa de Asistencia Nutricional no cualificarían para este beneficio.

Otra pieza legislativa, el Proyecto del Senado 1539, dispone que no se desconectará, ni cesará, ni cancelará ningún servicio de electricidad, agua potable o telecomunicaciones sin el consentimiento del cliente, hasta pasados 30 días de la terminación de la situación de emergencia. En el proyecto se incluye que cualquier entidad pública o privada que incumpla con el texto de la propuesta ley se expone a una multa de hasta $100,000.

Por su parte, la Resolución Conjunta del Senado 487 ordena a la Autoridad de Energía Eléctrica y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados a posponer todo cobro o facturación a todo cliente o abonado por motivo de la emergencia.

En la sesión de mañana también se espera que se apruebe el proyecto que deroga el impuesto al inventario en una serie de productos de emergencia. El mismo no identifica una fuente alterna para sustituir este ingreso dejado de recibir por el Centro de Recaudación de Impuestos Municipales. Otro proyecto de Luis Vega Ramos identifica la fuente para sustituir ese dinero en 1% del Impuesto de Ventas y Uso.

Además, se atenderá el Proyecto de la Cámara 2445 que, según su autor José “Memo” González, inyecta dinero a los pequeños negocios al crear un ajuste contributivo a todo comerciante “que haya sufrido pérdida de ingresos” por motivos de la declaración de emergencia. El contribuyente, según el proyecto, se podrá acoger a un ajuste o deducción en la determinación del ingreso neto de un 100% por la pérdida de ingresos dejados de percibir.

Asimismo, la Resolución Conjunta de la Cámara 633 ordena al Secretario de Hacienda autorizar a los comerciantes retener el recaudo por concepto del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) correspondiente al trimestre que culmina el 31 de marzo de 2020. Se desconoce el impacto fiscal de la medida y la posición del Departamento de Hacienda o la Junta de Supervisión Fiscal.

Por último, también se verá el proyecto que aplaza la primaria del Partido Demócrata hasta el 26 de abril y la resolución que extiende las labores de la Asamblea Legislativa hasta el 31 de julio.


💬Ver 0 comentarios