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Héctor Iván Cordero, presidente de la Asociación de Agricultores, pidió que se deje la agricultura fuera del Código de Incentivos. (GFR Media)

Las principales objeciones del sector agrícola al nuevo Código de Incentivos radican en cómo se afecta el programa del subsidio agrícola y cómo el estatuto remueve de las manos del secretario de Agricultura la facultad de decidir qué agricultor bona fide tiene acceso a sus beneficios, para colocarla en manos del secretario de Desarrollo Económico.

El nuevo código, en su primer año, recorta incentivos al sector agrícola que ascienden a $1,046,000. Al año siguiente se eliminan $15.4 millones en subvenciones para el desarrollo de empresas agropecuarias.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, consignó ayer en su cuenta de Twitter que no aprobaría nada que no cuente con el apoyo de los agricultores. El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Antonio Soto, dijo que es contradictorio que se confeccione un Código de Incentivos para fortalecer unos sectores mientras se perjudica la agricultura.

“No visualizamos aprobar un código que afecte a la agricultura”, dijo.

El presidente de la Asociación de Agricultores, Héctor Iván Cordero, indicó en una vista pública del proyecto que la reducción del subsidio salarial de $33 millones a $15 millones en el año fiscal vigente representa un golpe a la industria y un anticipo de su eventual eliminación. Utilizando cifras del 2015, el Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, indicó que 9,266 obreros se beneficiaron del programa a razón de $3,841 por empleado.

En el 2016 el fondo del subsidio salarial aumentó a $41.7 millones.

El Código de Incentivos propuesto también elimina el Programa de Inversiones y el Programa de Bono Agrícola. Este último benefició en el 2016 a 12,236 obreros con bonos ascendentes a $2.5 millones.

Cordero sostuvo que es necesario eliminar del código propuesto el capítulo 8, que tiene que ver con la agricultura, y trabajar el tema de los incentivos agrícolas aparte.

La ley 225 de Incentivos Agrícolas que será derogada, provee un crédito contributivo de 50% a la inversión de un negocio elegible, exime de toda clase de tributos a cierto equipo de producción, y dispensa de contribución a la propiedad mueble e inmueble, entre otros beneficios.

“En nada aporta al sector agrícola puertorriqueño”, dijo Cordero al aludir al contenido del código propuesto y al advertir que el sector agrícola, tras el paso de María, no está preparado para sobrevivir otro evento atmosférico.

De otra parte, el Colegio de Agrónomos también comparte la preocupación de los agricultores en torno a las facultades del secretario de Desarrollo Económico y también criticaron la eliminación de subsidios al sector económico.


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