Acevedo Vilá intervino como “amigo de la corte” en el caso que tiene pendiente el Tribunal Supremo de EE.UU. sobre los nombramientos de los miembros de la JSF. (GFR Media)

Washington - El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá solicitó ayer al Tribunal Supremo de Estados Unidos que confirme la inconstitucionalidad de los nombramientos de los actuales miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y descarte poner en tela de juicio la validez de la elección del gobernador.

Acevedo Vilá intervino como “amigo de la corte” en el caso que tiene pendiente el Tribunal Supremo de EE.UU., tras la decisión del Primer Circuito de Apelaciones federal que declaró inconstitucional la forma en que fueron nombrados los siete miembros del ente fiscal.

Previamente, Acevedo Vilá envió una carta a la gobernadora Wanda Vázquez Garced en la que la exhortó a revocar la posición presentada el 25 de julio por el gobierno de Puerto Rico con la cual se adoptó la tesis de la JSF y el gobierno de Estados Unidos de que si son inconstitucionales los nombramientos del ente fiscal, también lo son la elección del gobernador y los legisladores.

De cara a una audiencia oral en octubre, el Tribunal Supremo de EE.UU. recibe alegatos a favor y en contra de la decisión del Primer Circuito de Apelaciones federal que declaró inconstitucional los nombramientos de los siete miembros de la JSF, por considerarlos funcionarios federales de alto nivel, y no haber sido designados directamente por el presidente y confirmados por el Senado estadounidense.

Seis de los siete miembros del ente que controla las decisiones fiscales del gobierno electo de la isla –José Carrión, Carlos García, David Skeel, Andrew Biggs, Ana Matosantos y Arthur González– fueron nombrados por el entonces presidente Barack Obama a base de listados de candidatos presentados por los líderes del Congreso, como permite la ley Promesa. El séptimo, José Ramón González, fue nombrado directamente por Obama.

Aunque el Primer Circuito obvió la comparación de esos nombramientos con los funcionarios electos de la isla, tanto la JSF como el Departamento de Justicia de EE.UU. argumentan que se trata de funcionarios territoriales. Pero, si las designaciones tienen que cumplir con la cláusula constitucional de nombramientos, podrá argumentarse que el mismo requisito aplica el gobernador y los legisladores de la isla.

Un día después de que Ricardo Rosselló Nevares anunciara su decisión de renunciar a la gobernación, tras las multitudinarias manifestaciones en su contra, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) apoyó la teoría de la JSF y Justicia federal, por entender que, como Promesa, la autoridad para Puerto Rico elegir a sus funcionarios emana de estatutos federales.

“El documento presentado a nombre del gobierno que usted ahora dirige, permite abrir la puerta para que a nuestro pueblo se le prive de las prerrogativas democráticas limitadas que ha obtenido en los pasados 120 años”, indicó Acevedo Vilá en la carta enviada a la gobernadora Vázquez Garced el pasado 13 de agosto.

Acevedo Vilá dijo a El Nuevo Día que el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) parece decir en el argumento de la Aafaf que “está en contra de la colonia porque quieren la estadidad”, pero que mientras tanto, “que el gobierno federal haga lo que quiera” con Puerto Rico.

En el recurso judicial, Acevedo Vilá –junto a su colega Joel Montalvo– argumentó que pese a los poderes plenarios que el Tribunal Supremo de EE.UU. le ha reconocido al Congreso sobre los territorios, los nombramientos de los miembros de la JSF violan “la doctrina fundamental de la separación de poderes, principios que son primordiales en la Constitución de los Estados Unidos”.

Aunque afirmó que le encantaría que se revirtiera la doctrina de los Casos Insulares, que validó los poderes plenarios del Congreso sobre los territorios, Acevedo Vilá mantuvo que el máximo foro judicial federal no tiene necesariamente que hacerlo en este caso.

Acevedo Vilá aludió a la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. en Buckley versus Valeo (1976) en la que se determinó, entre otras cosas, que pese al Congreso tener “autoridad plenaria” para regular las elecciones federales, el método alterno de nombramiento por el cual miembros de la Comisión Federal de Elecciones (FEC) eran nombrados por congresistas, violentaba la cláusula constitucional de nombramientos.

Tanto la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) como Aurelius, que iniciaron la impugnación de los nombramientos de la JSF, lograron además que el Tribunal Supremo de EE.UU. decidiera revisar la determinación del Primer Circuito de validar las decisiones tomadas por los miembros del ente fiscal y les haya permitido seguir en funciones desde el 15 de febrero, en espera de que sean confirmados por el Senado o que el caso judicial concluya.

El pasado 1 de agosto, en su propio recurso de “amigo de la corte” en que Acevedo Vilá además cuestiona en la carta a la gobernadora, la Autoridad de Recuperación de la Deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) también defendió la constitucionalidad de la JSF y mantuvo que será un error “interrumpir los resultados de tres años de minuciosas negociaciones entre las partes” para reestructurar la deuda de $4,700 millones de esa desaparecida entidad del gobierno puertorriqueño.


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