Keleher se declaró no culpable en los siete cargos criminales en su contra, después de que fuera acusada en julio por un gran jurado federal. (GFR Media)

La fiscalía federal solicitó una   audiencia  “lo antes posible” para que     el tribunal determine si la representación de la exsecretaria de Educación Julia Keleher incurre en un conflicto de interés.

En una moción radicada ayer, el fiscal federal José Capó Iriarte alega que los abogados María Domínguez y Javier Micheo han sido asesores legales de  múltiples testigos que la fiscalía utilizaría en  al juicio contra la exsecretaria, pautado para el 4 de mayo de 2020.

Si el Tribunal determinara que existe tal conflicto de interés, tanto Domínguez como Micheo estarían impedidos de defender a Keleher durante el resto del caso y el juicio.

“El dilema en el que Domínguez y Micheo se encontrarán si el Tribunal les permite permanecer como el abogado de Keleher es que en el juicio tendrán que interrogar a sus propios clientes actuales o anteriores a quienes ella representó en asuntos directamente relacionados con este caso, y a quienes debe un deber fiduciario”, sostuvo Capó. 

El juez federal Pedro Delgado otorgó a los abogados hasta el 11 de octubre para responder la moción.

Keleher se declaró no culpable en los siete cargos criminales en su contra, luego de que un gran jurado federal la acusara -junto a otros exfuncionarios y excontratistas de gobierno-, por conspiración para cometer fraude, robo, fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para lavado de dinero. 

De acuerdo con la moción, previo a la acusación en julio, Domínguez había notificado a la Fiscalía federal durante el transcurso de la pesquisa que representaba legalmente al Banco Popular de Puerto Rico, a la Compañía C (según se describe en la acusación) y al Individuo K, en la relación con la investigación del caso. De la moción se desprende que Domínguez también representa o representó a Oriental Bank & Trust Company, que será llamado como testigo.

La investigación del gran jurado resultó en una acusación formal contra Keleher. Tras la acusación, Domínguez y Micheo asumieron la representación legal de la exsecretaria de Educación. La moción sostiene que se deduce lógicamente que al abogar celosamente en nombre de Keleher -como se le exige éticamente- Domínguez y Micheo deben interrogar a estos testigos.

Sobre el presunto conflicto, la moción relata, por ejemplo: “Después de que se entregó la citación del Banco Popular, los Estados Unidos (el ministerio público) recibió un correo electrónico deDomínguez el 21 de febrero de 2019 en el que Domínguez indicó que estaba representando al Banco Popular de Puerto Rico en relación con una citación del gran jurado para registros pertenecientes a la Compañía C. Luego, en nombre del Banco Popular, Domínguez solicitó una extensión de tiempo para producir los registros pertenecientes a la Compañía C.”

Al momento de la acusación en julio, Domínguez era miembro capital de la firma de abogados McConnell Valdes, LLC, y Micheo era un asociado de esa misma firma de abogados. La moción indica que la licenciada dirigió el equipo de práctica de defensa criminal, cuello blanco y defensa del gobierno de la firma, y Micheo, fue miembro del equipo que lideró Domínguez. Pero a partir del 20 de septiembre de 2019, Domínguez y Micheo renunciaron a McConnell Valdés, LLC y lanzaron su propia firma, DMRA, LLC.

“A pesar de su disociación de McConnell Valdés, LLC, Domínguez y Micheo continúan manteniendo un deber fiduciario con Keleher, Company C, Individual K, Banco Popular y Oriental Bank & Trust”, sostiene la moción.

El fiscal Capó recordó en la moción que el Distrito de Puerto Rico ha establecido reglas locales que específicamente incluyen estándares para la conducta profesional de los abogados en el ejercicio de su deber. 

"Para mantener la administración efectiva de la justicia y la integridad del Tribunal, cada abogado admitido o autorizado a ejercer ante este Tribunal deberá cumplir con los estándares de conducta profesional requeridos por las Reglas Modelo de Conducta Profesional (las "Reglas Modelo"), adoptadas por la American Bar Association”, continúa la moción.

La moción cita, por ejemplo, la Regla 1.9 (a), que establece que "un abogado que anteriormente haya representado a un cliente en un asunto no deberá representar a otra persona en el mismo asunto o en un asunto sustancialmente relacionado en el cual los intereses de esa persona son materialmente adversos a los intereses del antiguo cliente, a menos que el antiguo cliente dé su consentimiento informado, confirmado escrito”.

Según los argumentos presentados, las Reglas Modelo han identificado “consideraciones especiales” respecto a la representación simultánea de dos clientes en el mismo asunto. Pero, el abogado debe tener en cuenta que, si la representación común falla porque los intereses potencialmente adversos no pueden conciliarse, por lo general se verá obligado a retirarse de representar a todos los clientes.

“En algunas situaciones, el riesgo de falla es tan grande que la representación múltiple es simplemente imposible”, subraya la moción. 


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