La audiencia se realiza en el Tribunal Federal en Hato Rey. (horizontal-x3)
La audiencia se realiza en el Tribunal Federal en Hato Rey. (Ramón “Tonito” Zayas)

Al señalar que se trata de una decisión que incidirá en la capacidad del gobierno para operar eficientemente, la jueza Laura Taylor Swain se reservó ayer el fallo sobre las demandas del gobierno y la Legislatura de Puerto Rico contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para dirimir la controversia sobre el presupuesto.

Por espacio de unas dos horas, Swain cuestionó a los abogados de la JSF y del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, así como a los abogados de los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, acerca del proceso que el organismo federal siguió para certificar su presupuesto el pasado 30 de junio y la autoridad que la JSF tiene para incidir en las ramas de gobierno y las leyes de Puerto Rico a la luz de la ley federal Promesa.

“No hay algo como una recomendación en el plan fiscal que no se implemente”, indicó el abogado de la JSF, Martin Bienenstock, al intentar convencer a Swain de que el organismo se vio precisado a actuar, pues la ley requiere que se certifique un presupuesto antes del inicio de cada año fiscal.

“Lo que el gobernador está pidiendo es que gastar por encima del presupuesto no tenga consecuencias”, agregó el abogado al destacar que, si la corte falla a favor del gobierno, entonces el proceso de preparación de un plan fiscal y el presupuesto provisto en Promesa “no tendría sentido”.

“¿Puede la Junta legislar a través del plan fiscal lo que son recomendaciones? La respuesta a eso es ‘no’”, ripostó, por su parte, el abogado de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Peter Friedman, durante su turno para refutar los argumentos de la JSF.

Friedman dijo a la jueza que, al incoar su demanda contra la JSF, Rosselló Nevares no buscaba cuestionar los poderes de la JSF en lo que atañe a su facultad para certificar planes fiscales y presupuestos. Más bien, explicó que el objetivo del litigio es establecer el balance de roles que debe existir entre ese organismo y el gobierno, pues así fue concebida la ley federal Promesa.

En ese sentido, Friedman sostuvo que si en efecto, Rosselló Nevares actúa en contravención del presupuesto, la sección 204de Promesa le da herramientas a la JSF para corregir la situación.

Los comentarios de Bienenstock y Friedman y aquellos vertidos por Claudio Aliff e Israel Roldán, representantes legales del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente, fueron parte de las respuestas que los abogados dieron a Swain, quien ayer hizo múltiples preguntas a las partes en aras de aquilatar la controversia.

 En un momento dado, la complejidad de los argumentos llevó a Swain a catalogar la situación como “un verdadero dilema”. 

La jueza  cuestionó a Bienenstock si la JSF entendía que podía presentar cargos criminales contra funcionarios que incumplieran con el presupuesto. 

A ello, Bienenstock respondió que el poder para radicar cargos por violaciones al presupuesto radicaría en las autoridades de Puerto Rico en función de lo establecido en la Ley 230 (de Contabilidad del Gobierno). Pero, acto seguido, indicó que la exigencia en el tema de parte de la JSF no era distinta al lenguaje que la Legislatura de Puerto Rico ha incorporado en sus resoluciones de presupuesto en años previos.

De igual forma, Swain preguntó a Bienenstock sobre el poder de la JSF para solicitar la derogación de estatutos como la Ley 80, que provee protecciones a trabajadores del sector privado o modificar la implementación de lo establecido en la Ley 230, estatuto que también rige el uso de partidas presupuestarias en años previos.

Fue en ese momento que Bienenstock admitió a la jueza que, si bien la JSF cree que la Ley 80 es negativa para Puerto Rico porque afecta el potencial de inversión y no puede exigir que la isla se convierta en un mercado bajo la doctrina del empleo a voluntad, el organismo no tiene poder por sí mismo para derogar el estatuto. 

En cambio, en el caso de la ley 230, Bienenstock explicó que  incide directamente en el mandato dado en Promesa, y que por ello, era necesario prohibir al gobernador o a cualquier funcionario del gobierno hacer cambios al presupuesto sin autorización de la JSF.

Posteriormente, Swain preguntó a Friedman si, antes de Promesa el proceso asociado con la aprobación del presupuesto en Puerto Rico ya contaba con provisiones para penalizar a quienes incumplan con el presupuesto, cómo ello implica legislar a través de la certificación del presupuesto y el plan fiscal.

A ello, Friedman respondió que una resolución de presupuesto es distinta al alcance de una ley, y sostuvo que, en caso de que se actuara de manera inconsistente, Promesa provee remedios para ello.

Complejidad absoluta

Mientras Bienenstock y Friedman argumentaban sus posturas, el abogado principal del Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) Luc A. Despins, sugirió a Swain considerar que el lío presupuestario podría afectar los acuerdos con los acreedores.

Despins llamó la atención de la jueza al indicar que el nuevo plan fiscal certificado por la JSF redujo los sobrantes que estarían disponibles para el pago a los acreedores y que, si ese fuera el caso, ello afectaría cualquier renegociación de la deuda.

De inmediato, Despins subrayó que el acuerdo inicial sobre la distribución de parte del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) con la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) se mantenía, pero indicó que las diferencias sobre el presupuesto eran “una dimensión” que no debía ignorarse.

La visión de la Legislatura

La complejidad que supone la controversia quedó evidenciada cuando, minutos más tarde, Aliff dijo a Swain que al crearse la JSF, Promesa no convirtió ese organismo en “rey” del territorio estadounidense.

Según Aliff, la JSF excedió sus poderes cuando intervino directamente en el proceso de análisis del presupuesto que llevaba a cabo la Legislatura el pasado 4 de junio. Esto, cuando la JSF escribió a un representante para indicarle que, si no se derogaba la Ley 80, ello resultaría en un recorte del presupuesto legislativo, así como en el fin de un acuerdo que viabilizaba ciertos fondos para municipios y aumentos presupuestarios a agencias del gobierno.

De igual forma, Aliff alegó que la JSF certificó un presupuesto que incluso excede las mismas proyecciones de recaudos que había certificado el organismo federal. En ese sentido, el abogado sostuvo que las acciones de la JSF resultarían en que ningún presupuesto aprobado por la Legislatura habría sido certificable.

Aliff pidió a Swain que, al resolver la controversia, considerara que la Constitución de Puerto Rico provee para que, en caso de que no haya un presupuesto aprobado, se revierta al presupuesto del pasado año fiscal, y que dicho presupuesto se mantuviera vigente hasta que la JSF y la Legislatura pudieran llegar a un entendido.

Si la jueza diera paso al pedido de Aliff, ello implicaría aplicar un presupuesto que el año pasado incorporaba la reducción de la jornada laboral como medida de reducción de gastos en caso de que no se logren los recaudos al fisco.

Empero, Swain no se mostró convencida de tener facultad bajo Promesa para proveer esa solución.

Otras controversias

Si bien la puja presupuestaria quedó en el tintero, durante la audiencia general, Swain, así como la magistrada Judith Dein, atendieron otras controversias de los casos de Título III.

La más significativa de todas fue la orden de Swain al grupo organizado de Obligaciones Generales para que este divulgue sus intereses en Cofina.

Swain dio 14 días al grupo Ad Hoc-GO para que indique si tiene intereses en Cofina, luego que Despins abogara por que los diversos grupos de bonistas informen cuántos bonos poseen según requiere la regla 2019 del Código de Quiebras. 

En el caso del Ad Hoc-GO, Despins indicó que no se había provisto información a pesar de que este grupo participó de las negociaciones en torno al IVU y, a su vez, pudo vender o comprar bonos de Cofina, cuando conocía de las estrategias legales que se seguirían en el tema.

De inmediato, el abogado del Ad Hoc-GO Mark T. Stancil negó que pudiera haberse dado cualquier situación como la sugerida por Despins.

De otra parte, durante la audiencia, se aprobó el proceso que sugirió el investigador independiente de la JSF para divulgar su informe sobre la deuda pública. 

Además, se estableció que en septiembre próximo, se discutiría una moción para levantar la suspensión automática de litigios en el caso de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR)

En  la audiencia, también se reveló que todavía el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) no ha radicado su petición de reestructuración voluntaria de la deuda de esa entidad bajo el Título VI. 

Esto, a pesar de que el gobierno hizo esa representación a Siemens, empresa que intenta recuperar unos $13 millones que se le adeudan por la operación del Tren Urbano. Swain determinó que entraría una orden en la que se condiciona que Siemens retire un pedido de desestimación del Título III en la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) si el BGF, donde está depositado el dinero de la empresa, radica su pedido de Título VI.


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