Nota de archivo: Este contenido fue publicado hace más de 90 días

 (horizontal-x3)
Directora ejecutiva de EA, Cecille Blondet-Passalacqua. (GFR Media)

Luego de tratar por semanas de que el gobierno le entregara su análisis para determinar cuánta capacidad tendría Puerto Rico para pagar a los bonistas, la organización de transparencia Espacios Abiertos (EA) demandó este viernes al gobierno exigiendo la divulgación de dicho documento.

“Las revisiones del plan fiscal tras el paso de los huracanes decidirán nuestro futuro por los próximos cinco años. La participación ciudadana es un derecho que tiene garantizarse en cualquier democracia”, dijo la directora ejecutiva de EA, Cecille Blondet-Passalacqua, al dar a conocer el recurso incoado en el Tribunal Superior de San Juan.

“En este momento en Puerto Rico, la necesidad de acceder a la información que obra en el poder del gobierno es particularmente evidente”, reza el recurso de mandamus presentado por EA. “La Ley PROMESA estableció una junta no electa que tiene en esencia un poder de veto sobre las decisiones fiscales del gobierno electo”, se agrega en el documento.

Según los argumentos de EA ante la corte, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) en colaboración con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) “está haciendo proyecciones que afectarán las vidas de millones de personas” y sin embargo, no ha hecho disponible los supuestos o modelos que dieron pie a tales estimados y a su vez, a múltiples medidas que incidirán en la ciudadanía y los negocios.

Específicamente, EA se refiere al análisis de sostenibilidad de deuda (DSA), un ejercicio que la ley federal Promesa estableció como requisito para el proceso de renegociación de las obligaciones con los bonistas. En síntesis, dicho análisis permite saber cuánto dinero está disponible para pagar la deuda de la isla, luego de cumplir con lo que serían servicios esenciales.

En enero pasado, EA publicó su propio DSA, luego de encomendar dicho análisis al experto en reestructuración de deuda soberana, Martín Guzmán. Dicho estudio concluyó que Puerto Rico no tiene capacidad alguna para pagar a los bonistas, por lo que el gobierno tendría que buscar un recorte de casi la totalidad de la deuda vigente a fin de ponerse sobre sus pies.

Tras publicar su DSA, EA escribió a la Aafaf el pasado 1 de febrero, instando al gobierno a que hiciera lo propio.

Sin embargo, unos 23 días más tarde, la Aafaf -por medio de su director legal asociado, Carlos M. Yamín- dijo a la organización de transparencia que la nueva versión del plan fiscal “es un documento de trabajo” y por ello, no podía divulgarse la información solicitada.

Desde la perspectiva de EA esperar a que se certifique el plan fiscal por la JSF para luego divulgar los modelos y supuestos que dieron pie al plan, supone “limitar” la participación ciudadana en un proceso que marcará sus vidas de manera permanente.

“El pueblo es el soberano, tiene que poder participar activa, oportuna y efectivamente en los asuntos que le afectan. Pero el proceso entre el gobierno y la junta, en vez de ofrecer más transparencia y confianza ha venido a añadir una nueva capa de opacidad a la gestión pública y de aprobación del presupuesto en el País”, aseveró Blondet Passalacqua.

Durante las pasadas semanas, diversos economistas han tirado por tierra los supuestos del plan fiscal que ya se conocen, sea porque estos sobrestiman el beneficio que tendrán los fondos federales para la recuperación del huracán María o porque se duda de las metas de ahorro que ha propuesto el gobierno en su plan de consolidación de agencias.

En enero pasado, al presentar el plan fiscal revisado, el gobierno mostró que tenía efectivo disponible para pagar a los bonistas. Esto, una vez incorporó en el plan, los fondos federales que recibiría por salud y otros similares, lo que levantó críticas en la capital federal, pues se interpretó que la llegada de esos fondos, en cierto modo, se transferían a los bonistas.

El recurso incoado por EA se produce apenas tres días antes de que la JSF decida si certifica o no el plan fiscal revisado que ha propuesto el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y que ha estado sujeto a semanas de negociación entre el organismo federal y la administración de gobierno. La JSF se reúne para discutir el plan revisado del gobierno el próximo lunes en San Juan.


💬Ver 0 comentarios