Kenneth Rivera Robles

Punto de vista

Por Kenneth Rivera Robles
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Las reglas de juego

En el 2013, se comenzó la iniciativa llamada el Coalition for the Rule of Law in Global Markets (“la Coalición”). Esta reconoce que una piedra angular para atraer inversión foránea es que haya un Estado de derecho (“Rule of Law”) eficiente. Las empresas comerciales prefieren jurisdicciones donde las reglas son claras, transparentes y basadas en la meritocracia, donde se exige un cumplimiento apropiado de la ley y donde ocurren adjudicaciones judiciales justas. Otras instituciones internacionales como el American Bar Association (que tiene el “Rule of Law Initiative”), el World Economic Forum y el World Bank también le dan mucha importancia.

ELEMENTOS DE UN ESTADO DE DERECHO EFECTIVO

Un buen sistema debe contar con cinco pilares. Primero, debe haber transparencia en la aplicación de las reglas. Más aún, estas deben estar accesibles y ser fáciles de entender. El libro Cato Handbook for Policymakers hace la recomendación de que esta información debe estar accesible para ser encontrada y analizada de forma digital. Segundo, el sistema debe ser predecible donde las reglas se apliquen de forma consistente, independientemente de quienes sean las partes involucradas. La aspiración es que esta característica se mantenga aunque ocurran cambios en los gobernantes. Tercero, el sistema debe ser uno estable donde se respete el texto de la ley, la importancia de los contratos y los conceptos de equidad internacionales. Este debe ser uno ágil donde la estabilidad se traduzca en que los requisitos sean adecuados y no sean excesivos. Cuarto, el sistema debe proveer rendición de cuentas (“accountability”), donde las personas privadas sepan que las directrices legales serán respetadas. Más aún, tiene que haber la certeza de que cualquier desviación de dichas reglas no será tolerada y tendrá consecuencias adversas para las partes. Quinto, el sistema tiene que proveer un debido proceso para cuando ocurran disputas legales. Las mismas deben ser adjudicadas de forma justa, transparente, consistente e imparcial.

INFORMES MUNDIALES

El informe “The Global Rule of Law and Business Dashboard 2019” es preparado por la Coalición. Este informe evalúa a 90 jurisdicciones y las clasifica jerárquicamente. Los primeros tres lugares los ocuparon Singapur, Suecia y Nueva Zelanda. EE.UU. está en el lugar número 8, y Haití están en el último lugar (90). Puerto Rico no está incluido en este análisis. El reporte reconoce que el tener un Estado de derecho efectivo continúa siendo un reto para la mayoría de las jurisdicciones, en particular para América.

Por otro lado, el World Economic Forum preparó el Global Competitiveness Report 2019. Los primeros tres lugares del informe son ocupados por Singapur, EE.UU. y Hong Kong. Puerto Rico no ha sido incluido en el informe desde el 2015 pues se determinó que nuestra información no era confiable. En este informe, el factor de Estado del derecho se mide en el pilar llamado Instituciones. Finlandia ocupa el primer lugar en dicha categoría.

Por último, el World Bank publicó el informe “Doing Business 2019” donde se evalúan 190 países y, a diferencia de los informes anteriores, se incluye a Puerto Rico. En puntuación total, los mejores países fueron Nueva Zelanda, Singapur y Dinamarca. Puerto Rico está en el lugar número 64. En este informe hay tres factores que tienen que ver con el Estado de derecho. El primer factor son los permisos de construcción donde Puerto Rico estuvo en el lugar 141. El segundo factor es registro de la propiedad donde estuvimos en el lugar 159. El tercer factor es cumplimiento de contratos y ahí quedamos en un lugar número 63.

SITUACIÓN EN PUERTO RICO

¿Cuáles son las razones para que Puerto Rico salga tan rezagado en algunos de estos de estudios, mientras que en otros ni tan siquiera sea considerado para evaluación?

Sin duda, existen retos en varios de estos renglones. El primero es que tenemos un sistema de permisos demasiado oneroso y complicado, causando que los procedimientos sean lentos y costosos. Se deben simplificar estos trámites, pues realmente es injusto hacer esperar un negocio sin poder abrir por varios meses para que luego se le otorgue el permiso sin requerimientos sustanciales adicionales. Una tramitación complicada y burocrática puede causar que personas traten de hacer gestoría ilícita a través de sus “contactos”.

Otro gran reto local es el acceso a la información. Muchas veces las personas se enteraran de subastas u oportunidades de negocio con el gobierno luego de la adjudicación. Esta falta de transparencia se podría prestar para favorecer a empresas particulares. Más aún, resulta muy difícil conseguir información financiera de parte del gobierno. Y si dicha información proviene de varias fuentes, a veces no es consistente.

El recién sometido Plan de Ajuste, que propone que $5,500 millones en deudas no aseguradas reciban un recorte sustancial, representa un golpe adicional que atenta contra varios de los pilares de un Estado de derecho efectivo. La propuesta establece que deudas en esta categoría se pagarán en su totalidad si la cantidad no excede $10,000. Si la deuda excede dicha cantidad, el acreedor podrá cobrar lo mayor entre $10,000 o el 4% de la deuda. Este recorte de 96% puede ser sumamente oneroso para empresarios que incurrieron costos sustanciales para generar el ingreso. Si una persona fue contratada para un proyecto de mantenimiento por $500,000 e incurrió gastos de empleados de $400,000, estaba supuesto a generar un ingreso de $100,000. Bajo esta propuesta su cobro sería el mayor entre $10,000 y $20,000 ($500,000 x 4%). Aun cobrando $20,000, tendría una pérdida de $380,000 . Este tipo de recorte podría ser devastador para algunas empresas y mina grandemente la confiabilidad en el gobierno.

Finalmente, hay que trabajar con la rendición de cuentas donde las personas, tanto públicas como privadas, que violen la ley reciban la penalidad correspondiente. En un sistema ideal las personas tienen que tener el temor de que los identifiquen y la certeza de que habrá consecuencias punitivas en caso de incumplimiento.

Tenemos espacio para mejorar y no parecen ser cambios tan difíciles para proveer unas reglas de juego aceptables.

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