Los indicadores que documentan un aumento en los casos de violencia de género en Puerto Rico reafirman la necesidad respuestas más agiles de las autoridades locales, incluyendo apoyo de instituciones que tienen los nexos más cercanos a las comunidades, como los municipios. Se impone, además, una gestión puntual para responder con celeridad a las querellas que implican a policías en estas conductas.