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Balance de derechos para proteger el Viejo San Juan

El derecho a protestar es uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema constitucional, sobre todo cuando el objetivo es defender la dignidad humana. Pero el derecho a la protesta no es ilimitado. El respeto a la dignidad que reclaman los manifestantes debe extenderse también a la ajena.

La jurisprudencia de Puerto Rico ha reconocido la naturaleza dual —residencial y oficialista— de La Fortaleza, la principal casa de gobierno del país. En el Viejo San Juan, cuyas calles y utilidades son públicas, conviven entidades gubernamentales y privadas, estas últimas comerciales o residenciales. Ello presenta un reto para el balance entre la conservación y las libertades civiles.

Precisamente por el carácter multifacético del antiguo casco capitalino, debe prevalecer el equilibrio entre el derecho a protestar y la protección de los residentes, comerciantes y visitantes de la ciudad. Las salvaguardas constitucionales a la residencia como espacio privado y a la libertad de expresión obligan a ello.

Ese balance debe ser dialogado y procurado sin más dilación entre los organizadores de las protestas y las autoridades públicas. Ambas partes deben coincidir en la voluntad de proteger la isleta.

Abogamos por la regulación que, dentro del marco legal y constitucional, establezca las horas, los perímetros, los niveles de decibeles, y otros aspectos relativos a las manifestaciones.

Toda actividad masiva en el Viejo San Juan debe reglamentarse en observación al hecho de que es un centro histórico de valor sinigual en el mundo. Toda manifestación debe incluir el respeto puntual al patrimonio cultural, y a los comercios y residencias del antiguo casco.

Repudiamos el vandalismo. Sus perpetradores desmerecen las razones loables de una protesta y tienen que ser castigados con todo el peso de la ley. Hay que poner alto al desenfreno que contribuye al deterioro y acarrea fuertes riesgos a la integridad humana y al propio Viejo San Juan.

El paso del tiempo, los acontecimientos políticos y el cambio climático indican que es hora de priorizar la conservación del Viejo San Juan, y de crear las condiciones necesarias para proteger su huella cultural e histórica para el disfrute presente y el de las generaciones futuras.

Los comerciantes del antiguo casco tratan de mantenerse a flote, incentivando al turista con una oferta autóctona, y tratando de atraer al consumidor local. La violencia provocada por algunos manifestantes los deja con establecimientos cerrados y afeados con pintadas y cristales rotos.

El Viejo San Juan precisa de un código especial para actividades de gran afluencia. Sus adoquinadas vías, con varios siglos a cuestas, no fueron construidas para el tráfico de vehículos pesados, ni para el mucho tráfico de cualquier tipo de vehículo. Tampoco están ya para soportar el peso de miles manifestantes, así como las cargas policiacas, ni mucho menos los incendios provocados o los gases lacrimógenos.

Durante las manifestaciones del verano de 2019, resaltamos el peligro de prender fuegos en lugares donde es difícil, cuando no imposible, el paso de los camiones de bomberos. En las protestas de la semana pasada volvieron a provocarse incendios que afortunadamente pudieron ser sofocados. Un fuego descontrolado podría tener consecuencias catastróficas.

Desde hace años, arqueólogos y planificadores llaman a atender la fragilidad de las calles del viejo casco, sus hundimientos, y la vulnerabilidad de bóvedas y túneles.

En suma, tenemos que demostrarnos a nosotros mismos y a los que vienen a conocer esa joya que es el Viejo San Juan que vamos a luchar por conservarlo, desde el más pequeño adoquín hasta su edificio más espléndido. Hay que mantenerlo seguro, caminable y limpio. Es nuestro orgullo y nuestra cara al mundo.

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