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El bienestar de la gente afectada es la prioridad

El presente de confrontación política en el seno de la institucionalidad gubernamental de Puerto Rico hace resaltar más la conciencia de solidaridad del pueblo puertorriqueño con los hermanos que han sufrido los efectos de los recientes sismos y con aquellos que aún no han podido recuperarse de los daños ciclónicos.

La empatía ciudadana se ha desbordado mediante la repartición independiente de suministros y otras acciones solidarias con las familias damnificadas por los eventos más fuertes del 6 y 7 de enero.

Ha convocado también a manifestaciones ciudadanas de indignación ante las señales de ineficiencia pública con respecto a la repartición de suministros, adjudicada a las rencillas tribales asociadas a la carrera electoral.

Por primera vez en más de un siglo, Puerto Rico enfrenta una emergencia por sismos de gran magnitud. Desconocida por generaciones jóvenes y mayores, la experiencia ha provocado un fuerte impacto en la calidad de vida y el estado anímico de muchos. La economía del país se ha afectado, particularmente en el sur, la zona más damnificada por los movimientos telúricos.

En esta coyuntura, el deber y la responsabilidad de todo funcionario público tienen que estar claros: la prioridad inmediata es procurarles a los damnificados condiciones de vida dignas, y paz mental y social. Las familias desplazadas en municipios del suroeste merecen que la institucionalidad les brinde la atención rigurosa que les permita disfrutar lo más pronto posible de derechos fundamentales como la vivienda y la educación.

Hasta la semana pasada, había más de 8,000 personas en refugios oficiales y el gobierno estimaba que cerca de 20,000 otras podrían estar pernoctando fuera de sus casas. Alrededor de 400 ciudadanos habían solicitado asistencia de los programas de vivienda. Se estimaba que 700 casas pudieron haber sido afectadas por los sismos.

Urge buscar soluciones inmediatas a la crisis actual, y diseñar estrategias permanentes para evitar que estas personas sean víctimas de nuevos eventos naturales. También esperan por acción los comerciantes de las áreas afectadas, cuyas actividades han tenido que cesar o han disminuido por los daños o la merma de visitantes.

En medio de tanta necesidad y de la confrontación sectaria dentro de agencias con responsabilidad esencial sobre la emergencia, la institucionalidad pública luce desarticulada.

Es imperativo trascender los intereses particulares para lograr la unidad de propósito que lleve a la gestión gubernamental acoplada y eficiente. Desprenderse de los intereses propios es un deber legal y moral con las familias y comunidades perjudicadas; es una obligación con Puerto Rico. El maestro ha sido el pueblo al impartir lecciones de unidad y solidaridad al asistir a personas damnificadas en el sur.

Superar la presente crisis del terremoto y, desde luego, la ocasionada por los huracanes de hace más de dos años, son pasos indispensables para emprender la agenda de desarrollo socioeconómico de la isla. Los eventos naturales se sumaron a los agudos retos fiscales de Puerto Rico, cuya solución requiere instituciones enfocadas en el bienestar puertorriqueño a futuro.

Corresponde a las autoridades públicas asumir el liderato de acción y transparencia en este momento histórico que la isla vive y que el pueblo ha asumido ante la percepción de desenfoque institucional. Puerto Rico espera acción apropiada y rendición de cuentas rigurosa. La información y las ayudas deben fluir con nitidez para beneficio de los aquejados y del resto del país.

El pueblo reclama, con razón, gestiones públicas eficientes, enfocadas en el bienestar de la gente, sin distinción alguna. Ese camino, guiado por el compromiso con el servicio solidario, conduce al fortalecimiento de las instituciones y a la justicia social.

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