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Es crucial recuperar la confianza del inversionista

Todo inversionista en Puerto Rico debe contar con la tranquilidad de que las entidades mediante las cuales invierte sus ahorros en el mercado de valores son debidamente supervisadas por la entidad federal responsable de fiscalizar a este sector de negocios en las jurisdicciones estadounidenses, la Comisión de Bolsas y Valores (SEC).

Ese es el propósito del proyecto 5322, de la congresista demócrata Nydia Velázquez, aprobado por la Cámara de Representantes y enviado al Senado de Estados Unidos, cuerpo que se espera que actúe prontamente para que el presidente Barack Obama lo convierta en ley.

La medida, que deroga una exención en la ley federal que impedía a la SEC supervisar a los negocios de las casas de inversiones en Puerto Rico, será crucial en el esfuerzo para devolver a los inversionistas la confianza de hacer transacciones de valores en la Isla.

Es importante que todo inversor, incluido el trabajador que reserva parte de sus ingresos para su retiro con la expectativa de que crezca mediante la inversión, tenga la protección legal que le facilite obtener la mejor asesoría sobre dónde y en qué términos confiará su dinero.

En tiempos de gran avance tecnológico, colocar la supervisión de los fondos mutuos locales en los ojos expertos de la SEC es un trámite electrónico que pone fin a las justificaciones de antaño sobre las distancias geográficas y el gasto administrativo que ello podría representar, que fue exactamente la razón por la que se había eximido a Puerto Rico.

La confianza ha sido lesionada en el pasado, en parte, por actuaciones de ciertos intermediarios que pudieron haber actuado en conflictos de intereses.

Como han estado exentas del cumplimiento del estatuto federal que data de 1940, las casas de inversiones en Puerto Rico han podido actuar simultáneamente como asesoras del gobierno puertorriqueño en el tema de las emisiones de bonos, y como promotoras de la compra por sus clientes de los bonos producto de dichas emisiones.

La legislación de Velázquez prohíbe expresamente a las casas de inversiones en Puerto Rico incurrir en estos conflictos y coloca sus transacciones de fondos mutuos locales bajo la jurisdicción de la SEC. Esta agencia federal respaldó la medida.

De convertirse en ley, esta legislación representará un gran respaldo al esfuerzo de Puerto Rico por recuperar la credibilidad de los mercados y de los inversionistas. Servirá de aliciente a los bonistas puertorriqueños para depositar su confianza en la inversión y en su gobierno.

Es preciso aclarar que las controversias legales entre bonistas y las casas de inversiones que representan a fondos mutuos locales no tienen vinculación directa con la caída fiscal del gobierno de Puerto Rico, la que sí ha resultado en el impago de las obligaciones generales garantizadas por la Constitución y el estancamiento económico, y ha movido al gobierno federal a crear una Junta de Supervisión Fiscal para reestructurar la deuda y fiscalizar las finanzas públicas de Puerto Rico.

Consideramos que la legislación dirigida a reparar los efectos de la pérdida de confianza y credibilidad que tan perjudicial ha sido para Puerto Rico, merece el apoyo de todos los sectores del País.

Una vez obtenga la facultad legal para llevar a cabo la supervisión, la SEC debe actuar proactivamente para garantizar la transparencia de las transacciones de inversión en Puerto Rico, para tranquilidad de los inversionistas en la Isla. Este será otro paso importante hacia la recuperación del País.

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