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Iniciativa acertada para combatir el fraude

La participación activa de los gremios profesionales en la búsqueda de soluciones a los problemas colectivos añade un peritaje que fortalece la toma de decisiones y la creación de políticas públicas basadas en evidencia. La iniciativa del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de estudiar para prevenir las instancias de fraude merece la colaboración del sector público y privado.

El fraude costó a los sectores productivos del país, incluido el gobierno, casi $2,000 millones en 2018, según estimados del Colegio. Esto equivale a casi el 3% del producto bruto nacional. La cifra supera la pérdida informada en Estados Unidos tanto para la clasificación de apropiación de activos como la de corrupción. Este germen que contamina todas las esferas de la sociedad es identificable y prevenible.

El organismo profesional ha indicado que la mayoría de los fraudes y abuso se cometen con el uso de dinero en efectivo. Los factores que más propician la comisión de estos crímenes están asociados a controles internos.

El Colegio de CPA sostiene que nadie está exento de este problema, que puede ocurrirle a cualquier empresa del sector público, privado y sin fines de lucro. Conocer el comportamiento de alguien que comete fraude permite desarrollar mecanismos para cerrarle el paso. Mediante una encuesta a empresas y agencias el Colegio de CPA busca recopilar información para promover medidas y guías para lograrlo.

Un informe previo de la institución sobre el problema reveló que los espacios de mayor incidencia de fraude son el gobierno, la banca y el sector de ventas al detal. El tipo de fraude más común era la apropiación de dinero en efectivo, inventario, suministros y otras propiedades. Otras prácticas frecuentes son la corrupción y la manipulación de estados financieros.

El Colegio recomendó en 2018 implementar mecanismos de control interno en negocios y otros centros de trabajo. Desde auditorías y otros sistemas antifraude hasta mayor rigurosidad en desembolsos y la revisión de documentos.

El fraude es, en primera instancia, una decisión personal producto, en buena medida, de una carencia de valores éticos. Dicha falla de carácter encuentra justificación en la medida en que el fraude y la corrupción se normalizan desde las esferas de poder como la clase política y el gobierno. De ahí que el modelaje de las instituciones públicas y políticas debería representar las cualidades más elevadas a las que aspira una sociedad.

Ante esta conducta, se impone la adopción de mayores controles internos. Del informe de 2018 se desprende que las compañías con un sistema formal antifraude para recibir querellas informaron menos pérdidas; que la auditoría interna resulta ser la manera más efectiva para detener el fraude; y que se recomienda establecer un sistema de recibo de querellas en las organizaciones.

El fraude le roba recursos no solo a la empresa. Reduce las oportunidades de crecimiento y empleo en los centros de trabajo. Impacta la producción de bienes y la prestación de servicios, y lacera las oportunidades y derechos, incluidos salud, educación, vivienda y seguridad de quienes dependen de ellos. Asimismo, socava la fibra moral de nuestra sociedad y enturbia la imagen de Puerto Rico en el exterior.

De ahí la importancia de la iniciativa anunciada por el Colegio de CPA, que se une a otras organizaciones profesionales en los esfuerzos de investigar para informar y documentar la toma de decisiones y las políticas públicas. Como esta, otras entidades que agrupan profesionales han sido actores claves, por ejemplo, en la respuesta rápida y atención a problemas puntuales de la sociedad, como ha sido recientemente la emergencia sísmica en la región suroeste.

Con estos servicios a la comunidad, las organizaciones profesionales muestran un alto sentido de compromiso y reciprocidad. Reconocen el rol de los profesionales como grupo indispensable para aportar conocimiento y recursos para el progreso de Puerto Rico.

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