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La fuerza del sector privado es clave en la recuperación

La actividad que genera el sector privado toca a cada hogar, tanto en la cotidianidad como durante eventos extraordinarios. Por eso, la fortaleza que presenten las empresas y entidades privadas para encarar crisis, como las derivadas de desastres naturales, está directamente vinculada a las oportunidades de recuperación de cada familia y de todo Puerto Rico.

Al asegurarse de que están preparados para resistir ciclones, sequías y otros fenómenos, los componentes privados asumen su responsabilidad con el país en momentos de emergencia. Después de todo, bajo el modelo privado operan muchos de los servicios médicos, financieros, de seguros, educativos, de alimentos, de transporte y de telecomunicaciones. Cada una de ellos tiene que estar robusto.

Además, tres cuartas partes de los trabajadores en la isla laboran en el sector privado, que incluye a las entidades sin fines de lucro.

Tras la experiencia huracanada del año pasado, que interrumpió el flujo de los servicios esenciales, muchas empresas tomaron la iniciativa de equiparse con cisternas de amplia capacidad, generadores de electricidad, tanques para el almacenaje de diésel y calentadores solares. La Asociación de Industriales emprendió una campaña a esos efectos.

Por su parte, las pymes se esfuerzan para evitar períodos prolongados sin electricidad, mediante la instalación de sistemas de energía renovable y bancos de baterías. La conciencia sobre la importancia del acceso a las telecomunicaciones y la tecnología para la reanudación de las operaciones luego de un temporal ha hecho que un mayor número de entidades privadas adopten o actualicen sus planes de continuidad.

Esas son muy buenas noticias.

No obstante todos estos esfuerzos, persiste una preocupación razonable por el suministro de alimentos como secuela de una catástrofe. Los colmados y supermercados están entre los primeros lugares de respuesta y reabastecimiento para el ciudadano. El sector mayorista ha advertido que al día de hoy los inventarios de alimentos están por debajo de lo que se necesita para 30 días. Precisa que incluso cuentan con menos abastos que los que tenían en septiembre pasado, cuando el huracán María atacó.

Los expertos apuntan a dos retos principales. Uno es la limitada capacidad de los barcos que traen mercancías a Puerto Rico. Por eso, cada semana, de 200 a 300 vagones con suministros de todo tipo se quedan sin embarcar hacia Puerto Rico, que importa el 80 por ciento de lo que consume.

Otro reto es el impuesto sobre los inventarios. El aumento que representa en los costos de operación desalienta a los empresarios a pertrecharse con grandes cantidades de productos.

Se necesita la unión de las fuerzas públicas y privadas para lograr avances en la entrada de más barcos y de mayor capacidad. La eliminación del impuesto sobre el inventario debe ser una consideración importante en la reforma contributiva en la agenda gubernamental.

Mientras tanto, algunos paliativos pueden ayudar a vigorizar la actividad comercial privada. Un ejemplo es el reembolso por el pago de nómina realizado en el período pos huracán. El gobierno federal aprobó pagos de hasta $1,560 por empleado en beneficio de los patronos con ingresos menores a $10 millones. Se estima en $400 millones el impacto para la isla.

Mejorar el marco regulatorio también es fundamental. Un cuerpo de normas más simples, rápidas y transparentes han de sustituir los procesos costosos, lentos y engorrosos, tanto durante o fuera de situaciones de emergencia.

El sector privado puede cosechar importantes beneficios para el país mediante el enfoque proactivo que ha emprendido. Su disposición a ser parte clave de la solución prueba que se pueden conjugar los intereses sociales y comerciales en la construcción de una mejor sociedad.

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