Las serias alegaciones que apuntan a la cuestionable participación gubernamental en procesos diseñados para evaluar y agilizar proyectos críticos para Puerto Rico, bajo el Título V de la ley federal Promesa, ensombrecen el nombre de nuestro país ante el sector de inversión que pudiera aportar al desarrollo económico.
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Puerto Rico tiene que construir su credibilidad
Nota de archivo
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