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Un nuevo capítulo en la ruta de la salud fiscal

La selección de un puertorriqueño como presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, en la primera reunión pública del pleno del organismo federal, inicia un nuevo capítulo en la ardua misión de enderezar las finanzas públicas de Puerto Rico.

Bajo la dirección de José Carrión III, la Junta tendrá que designar al director ejecutivo que será puente directo con el gobierno de la Isla, y para lo cual ha sido designado un comité de trabajo que escogerá al funcionario.

El encuentro de los miembros de la Junta en la Ciudad de Nueva York, aunque breve, envía una señal de transparencia hacia el pueblo puertorriqueño que esperamos se mantenga en los trabajos que apenas comienzan.

Confiamos en que el director ejecutivo sea también puertorriqueño, circunstancia que debe facilitar la comunicación y las relaciones entre la Junta y las entidades públicas de la Isla sobre las cuales el ente federal acaba de asumir supervisión.

El éxito en esta gesta que busca la reestructuración de la deuda gubernamental y el establecimiento de los cimientos para el desarrollo económico de Puerto Rico necesita de la cooperación del gobierno y demás sectores de la Isla. Ello incluye la presentación, por parte del gobierno, del plan fiscal requerido por la Junta, equipado con transparencia en las finanzas, prioridades presupuestarias ajustadas a la realidad fiscal, cambios estructurales necesarios y apuestas para incentivar la economía.

La Junta tiene que trazar las primeras acciones contundentes para sacar del estancamiento a nuestra economía. Para ello es necesaria la cooperación de las autoridades públicas y el sector privado de Puerto Rico.

A pesar de los esfuerzos por darle claridad a este proceso, hay que reconocer que una gran parte de la población vive momentos de incertidumbre, en especial con respecto a la injerencia que tendrá la Junta en asuntos que conciernen directamente a los empleos y a su vida diaria. La Junta de Supervisión intervendrá en operaciones del gobierno central, así como en los planes de pensiones, la universidad de Puerto Rico y las corporaciones públicas.

Confiamos en que la entidad federal lleve a cabo su encomienda con la sensibilidad social que la apremiante situación fiscal de Puerto Rico requiere, en respeto de los servicios esenciales del pueblo puertorriqueño, sobre todo de las poblaciones más necesitadas.

A partir de ahora, el gobernador tendrá que rendir informes semanales del flujo de efectivo del gobierno; los ingresos y pagos, y hasta los detalles bancarios de todas las cuentas del Estado, incluyendo el monto de las nóminas. Se trata de mantener un control interno veraz, riguroso, fuera de manos partidistas, que le garantice al País una transparencia absoluta de los ingresos y gastos.

El gobierno no puede fallar ni un minuto después del plazo que le han dado para entregar el Plan Fiscal y de Crecimiento Económico, solicitado por la Junta al equipo del gobernador para dentro de 15días. Tenemos un mal récord en lo que concierne a la entrega de información y documentos, y este es el momento de demostrar que hay voluntad de sacarlo todo a tiempo, y no obstaculizar en ningún modo el titánico esfuerzo que ha de hacerse.

Para algunos puede resultar incómodo este panorama que oficialmente estrenamos ayer, y que nos revela ante el mundo como un gobierno en quiebra económica que necesita supervisión estrecha para implantar nuevos modelos. A todos nos gustaría que hubiera sido de otro modo, pero la quebrantada realidad del País, las décadas de gobiernos negligentes o inescrupulosos, no han dejado otra opción.

El momento llama a emprender esta etapa con madurez y visión de futuro, tomando los pasos con los que construiremos el Puerto Rico que queremos.

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