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En la reclamación de Doral, la empresa matriz del desaparecido banco dice tener derecho a $296.5 millones en reintegros. (GFR Media) (horizontal-x3)
En la reclamación de Doral, la empresa matriz del desaparecido banco dice tener derecho a $296.5 millones en reintegros. (GFR Media)

Contratistas, bonistas, pensionados y suplidores del gobierno han reclamado unos $900 millones ante la jueza Laura Taylor Swain con la expectativa de recuperar algo de los millones de dólares que aseguran que les adeudan el gobierno y sus dependencias acogidas al Título III de Promesa.

Aunque podría haber solicitudes enmendadas, la cifra -que corresponde a 570 solicitudes de cobro ya radicadas- es apenas una pizca de lo que se anticipa que será una avalancha de reclamaciones asociadas con la bancarrota de la isla, que debe comenzar a tomar forma a partir de esta semana con el inicio de la presentación formal de reclamaciones para la quiebra municipal más grande de Estados Unidos y que se extenderá hasta el 29 de mayo.

Según el registro de reclamaciones compilado por PrimeClerk, la firma de administración del caso que contrató la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) con el aval de la corte, la mayor parte del total monetario reclamado pesa sobre el gobierno central y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), con $569.2 millones y $236.5 millones, respectivamente. En ambos casos, prácticamente la mitad de esas reclamaciones son de empresas privadas que, en su momento, se disputaron con el gobierno y ahora parecen regresar del pasado.

Aboga por más reintegros

Por un lado, Doral Financial Corp. (DFC) -que según informes de reguladores federales llegó a la insolvencia en el 2015 tras casi una década de malas prácticas y pobre gestión- dice tener derecho a $296.5 millones en reintegros. Estos reintegros están asociados a tres acuerdos contributivos finales suscritos en los años 2006, 2007 y 2009, distintos al acuerdo final de 2012 que el Tribunal de Apelaciones declaró nulo y que el Tribunal Supremo declinó dirimir.

El reclamo que ahora encabeza la lista de acreedores en los casos de Título III emana de una estipulación que el exsecretario de Hacienda Juan Zaragoza y el comité de acreedores no asegurados en la quiebra de Doral firmó en marzo de 2016 como parte del proceso de bancarrota de la institución.

Doral es parte del comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) y tiene como asesor al antiguo abogado general de Doral, Enrique Ubarri, ahora ejecutivo de Zolfo Cooper.

Fraude en la AEE

Por su parte, Blue Beetle III, LLC, asegura que la AEE le debe $110 millones por haber actuado de “mala fe” y “fraudulentamente” al cancelar un acuerdo de compra de energía que, según el reclamo de la entidad privada, habría abaratado el costo de la electricidad a los abonados.

La Junta Fiscal tiene, entre los cinco “proyectos críticos” de energía que analiza bajo el Título V de Promesa, una propuesta de Blue Beetle III -que aparece cancelada en el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado- para establecer, por $70 millones, un proyecto fotovoltaico en Arecibo. El Nuevo Día publicó el lunes que se trata del mismo proyecto que había contratado la AEE bajo la administración de Luis Fortuño.

En su reclamación ante el Tribunal Federal, Blue Beetle indica que una investigación forense encomendada por su socio de negocios -Commercial Solar Power- encontró “un fraude masivo” en las emisiones de la AEE.

“Los hallazgos de la investigación fueron compartidos con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, en inglés), el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y la Oficina del Fiscal federal”, reza la reclamación de Blue Beetle.

Según la reclamación, en octubre de 2011, la empresa solar llegó a un acuerdo de compra de energía con la AEE que, durante la vida del contrato, habría significado $130 millones en ingresos, que, al ajustarse a valor presente, más los gastos incurridos para llevar a cabo el proyecto, ronda $110 millones.

Reina la confusión

Mientras las reclamaciones millonarias encabezan la lista de acreencias, reina la confusión entre miles de ciudadanos que en las pasadas semanas han recibido las notificaciones del proceso de reclamación bajo el Título III.

Según el abogado Rolando Emanuelli, ducho en el Código de Quiebras, el tribunal requiere al deudor que envíe cartas de notificación y, eso se hace, siguiendo los registros que tenga la entidad, en este caso, el gobierno y sus dependencias. Sin embargo, explicó el abogado, toca a quien recibe la notificación reflexionar qué tipo de relación ha tenido con el gobierno y determinar si debe responder.

De entrada, según Emanuelli, hay varios tipos de acreedores que no están obligados a contestar el aviso, porque ya están representados por un tercero. Ese es el caso, por ejemplo, de los empleados unionados y los pensionados.

Además, la reclamación suele abarcar lo que se debía antes del remedio de bancarrota, en este caso, el 3 de mayo de 2017.

Emanuelli destacó que radicar una reclamación de deuda no garantiza que se pagará. Habrá que ver el lugar de cada acreencia en la lista de prioridades y también dependerá de que el gobierno las reconozcan.

El abogado sostuvo que un acreedor podrá objetar lo que se determine en su caso y oponerse a que se confirme el plan de ajuste de deudas.

Por eso, dijo Emanuelli, aunque la JSF planteó que quiere presentar un plan de ajuste de deudas este año, es poco probable quepueda confirmarse.

Los olvidados

Loscasos que más preocupan a Emanuelli son los de miles de personas -trabajadores o contratistas del gobierno- que aguardan por una demanda de daños y perjuicios por una querella laboral o aquellos que, por años, han prestado servicios al gobierno y ahora será poco lo que puedan recobrar.

Emanuelli cree que esas reclamaciones, de entre las más de 100,000 que deben radicarse, se negociarán por algunos centavos de dólar.

“Hay bien poca esperanza porque hay unas obligaciones que tienen unas prioridades”, insistió.

Aunque todavía Swain no ha emitido su decisión sobre el tema, en ese microcosmos de prioridades estarían las Obligaciones Generales y los deudores asegurados, es decir, aquellos que poseen algún gravamen contra un activo del estado como podrían ser ciertos recaudos.

En síntesis, dijo Emanuelli, mientras más dinero toque a esos grupos, menos habrá para los acreedores que no tienen garantías.

Lo lamentable, agregó el abogado, es que quienes probablemente ocupan la primera línea cuando se trata de ofrecer servicios a la población, entiéndase los terapistas de Educación o los miembros de la Policía, ahora estarán en la cola cuando se complete el ajuste de deudas del gobierno.


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