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Casi 20 años más tarde, la dependencia de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a los combustibles fósiles vuelve a pasar factura a los hogares y las empresas de Puerto Rico, justo cuando la corporación pública busca renegociar sobre $12,000 millones en obligaciones a través de la ley federal Promesa.
Casi 20 años más tarde, la dependencia de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a los combustibles fósiles vuelve a pasar factura a los hogares y las empresas de Puerto Rico, justo cuando la corporación pública busca renegociar sobre $12,000 millones en obligaciones a través de la ley federal Promesa. (Shutterstock)

Casi tres años después de que se legisló para que Puerto Rico genere toda su electricidad de fuentes renovables y se fijó como aspiración una tarifa eléctrica en la vecindad de 20 centavos el kilovatio hora (kvh), la mayor parte de la generación todavía proviene principalmente de combustibles fósiles mientras los consumidores se exponen a un sexto aumento en la factura de la luz, si el Negociado de Energía (NEPR) lo aprueba.

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