A solo semanas de que termine la última sesión del presente cuatrienio, la Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico (ALC) urgió a la Legislatura que apruebe el Proyecto de Senado 1102 (PS 1102), para evitar que los laboratorios clínicos sufran el mismo colapso que experimentan los hospitales en Puerto Rico.

El PS 1102 se radicó en diciembre de 2022 y fue referido a la Comisión de Salud de la Cámara alta en enero de 2023. Desde entonces nada ha pasado. El mismo propone establecer unos criterios mínimos a la hora de otorgar los Certificados de Necesidad y Convenciencia (CNC), entre ellos, que para aprobar un nuevo laboratorio clínico haya, al menos, 14,000 habitantes en el área donde vaya a establecerse.

En Puerto Rico, existe más de un laboratorio clínico por cada 3,000 habitantes. Mientras, en Estados Unidos hay un laboratorio clínico por cada 18,000 habitantes. Estas “alarmantes cifras” evidencian la urgente necesidad de regular y reducir el número excesivo de laboratorios en la isla, según Debra Velázquez Webb, presidenta de la ALC.

Velázquez Webb indicó que la Ley 2 del 7 de noviembre de 1975, conocida como la Ley de los CNC, ha ayudado a mantener un balance entre la disponibilidad y accesibilidad a los servicios de salud, y unos costos lo más bajos posibles.

Sin embargo, desde la década de 1990, el objetivo de la Ley de CNC se ha ido distorsionando, lo que pone en riesgo, cada vez más, los servicios que prestan los proveedores de salud a la población, según Velázquez Webb.

“Lamentablemente, desde la década de los 90′s, el propósito de esta ley fue socavado por los diferentes reglamentos emitidos por el Departamento de Salud, por razones puramente políticas; el más reciente el Reglamento 9084 del 19 de marzo 2019, que la Asociación intentó de impugnar sin éxito en los tribunales”, manifestó.

Dicho Reglamento fue establecido de “forma irracional, sin estudios económicos ni estadísticos que lo sustenten, estableciendo parámetros puramente especulativos”. Indicó que el mismo confiere una amplia potestad al Secretario Auxiliar que supervisa las instalaciones de salud en Puerto Rico (Sarafs) y al Secretario de Salud para otorgar nuevos CNCs o negar reubicaciones de laboratorios existentes.

“Esta autoridad sin límites podría derivar en decisiones que contravengan el propósito original de la ley de regular equilibradamente la oferta de servicios de salud. Es imperativo que el proceso de aprobación de CNCs responda a criterios objetivos y transparentes basados en datos, evitando criterios sujetos a discreción que pudiesen generar conflictos de interés”, abundó Velázquez.

Asimismo, señaló que el costo de las pruebas clínicas se ha elevado, al punto que muchas de ellas no están efectivamente disponibles para los pacientes. Esto, a pesar de que programas como Medicare, Medicare Advantage, así como el Plan de Salud del Gobierno (Vital) y los seguros privados alegan cubrirlas.

“La realidad es que estos planes médicos frecuentemente no cubren el costo total de las pruebas de mayor costo. Esto representa una falta de transparencia, al venderse una supuesta cubierta de servicios que luego no se puede prestar de manera accessible”, dijo Velázquez Webb.

Insistió en que si se logra enmendar la Ley Núm. 2 de 1975, mediante el P. del S. 1102, “le quitará al Departamento de Salud ese poder absoluto que se ha autoimpuesto y mal utilizado. A su vez, establecerá una política pública para atender el grave problema de la sobresaturación de laboratorios causada por sus propios reglamentos”.