La Cámara de Representantes federal aprobó ayer que, entre los fondos asignados a FEMA para atender las emergencias recientes, se incluyan $4,700 millones para Puerto Rico. (horizontal-x3)
La Cámara de Representantes federal aprobó ayer que, entre los fondos asignados a FEMA para atender las emergencias recientes, se incluyan $4,700 millones para Puerto Rico.

Washington - Con 353 votos a favor y 69 en contra, el pleno de la Cámara de Representantes  dio paso ayer a la resolución que permitirá al gobierno de Puerto Rico acceder a una cartera de préstamos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) que pueden superar los $4,700 millones y eludir la insolvencia el mes próximo.

El gobierno de Puerto Rico, de acuerdo con el  plan de la Casa Blanca, tendría acceso a alrededor del 97% de los $4,900 millones que se podrán obtener a través de préstamos de FEMA, que suelen ser condonados y convertirse en subvenciones federales. 

El gobierno de las Islas Vírgenes –como el de Puerto Rico, decimado tras el huracán María– se propone pedir $225 millones de esos fondos.

La resolución aprobada ayer, que incluye otros $1,270 millones en fondos para asistencia alimentaria, totaliza $36,500 millones.

Las mayores asignaciones son $16,000 millones para aliviar la deuda del seguro contra inundaciones de FEMA y $13,760 millones al fondo para atender desastres de FEMA. La medida, que debe ser debatida la semana próxima en el Senado,  propone $576.5 millones para lidiar con los fuegos forestales en el oeste.

Al programa de préstamos de $4,900 millones se le suman $150 millones para ayudar al gobierno de Puerto Rico a costear el pareo de fondos para la asistencia que brinde FEMA hacia la reparación de infraestructura pública.

Para acentuar lo extraordinario de la cartera de  préstamos, como en la respuesta federal después del huracán Katrina (2005), la resolución autoriza a que las líneas de crédito a los gobiernos  de Puerto Rico –que estarán disponibles para gobiernos locales y corporaciones públicas, como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)– puedan superar el máximo regulado por ley de $5 millones.

Según el Servicio de Investigaciones del Congreso, el 94% de los préstamos de FEMA a gobiernos locales como los que se ofrecerán a Puerto Rico suelen ser condonados. “La probabilidad de que se perdonen los préstamos, como en Katrina, está ahí”, dijo ayer la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

Los términos y condiciones de los préstamos, que persiguen  reemplazar la pérdida de ingresos a causa de los huracanes, los decidirán los departamentos de Seguridad Interna (Homeland Security) y del Tesoro.

“La solicitud, si es aprobada como está escrita, provee discreción y flexibilidad a  Seguridad Interna, en consulta con el Tesoro, para determinar cuándo distribuir los préstamos y las condiciones de uso para cumplir con los gastos permitidos”, indicó William Booher, portavoz de FEMA.

La comisionada destacó, además, que los $1,270 millones para asistencia alimentaria se otorguen bajo el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), al cual no tiene acceso Puerto Rico, que recibe los fondos bajo el programa llamado PAN, con limitaciones enlas asignaciones.

“Por vez primera se le da a acceso a Puerto Rico a algunos programas”, dijo la comisionada González durante su mensaje  a favor de la legislación.

Los $13,760 millones asignados al fondo para atender desastres de FEMA cubrirán reclamaciones de damnificados por los huracanes María, Irma y Harvey, al igual que víctimas de otros desastres.

La Casa Blanca se expresó anoche complacida de que la Cámara baja aprobara “la petición del presidente de proveer asistencia crítica para atender los recientes desastres naturales que han impactado a millones de estadounidenses que viven en Texas, Florida,  Puerto Rico, las Islas Vírgenes estadounidenses y otras áreas”.

La comisionada  González –en momentos en que el presidente Donald Trump advirtió que FEMA, los militares y los socorristas no estarán en Puerto Rico por siempre– resaltó en el hemiciclo que el 85% de la isla sigue sin  electricidad,  alrededor de 44% no tienen agua potable y todavía hay pueblos incomunicados, como “Las Marías, Maricao, Utuado”.

“Los ciudadanos estadounidenses que viven en Puerto Rico todavía están sufriendo. No es el momento para centrarse en cómo o cuándo los recursos van a ser retirados”, dijo la comisionada, al insistir en que agradece el apoyo federal, pero recordó que, en Florida, por ejemplo, hubo cuatro veces el total de personas que hay en la isla  trabajando en la recuperación de la red eléctrica.

La comisionada residente llamó la atención además al riesgo de que una lenta recuperación del país provoque una gigantesca ola de emigración. “Esta crisis humanitaria sin precedentes en nuestra propia nación ha dado comienzo a lo que probablemente se convertirá en un éxodo masivo de puertorriqueños a los distintos estados, poniendo en riesgo la recuperación a largo plazo”, dijo.

Antes de la votación, en su conferencia de prensa semanal, el propio speaker Paul Ryan –quien hoy encabeza una delegación cameral en Puerto Rico– coincidió en que la isla está “en medio de una crisis humanitaria”.

Antes de la votación, los conservadores se quejaron de que se incluyeran los fondos dirigidos a Puerto Rico en  la resolución, que originalmente iba a sumar $29,000 millones.

Mark Waters, republicano por Carolina del Norte y presidente del conservador Comité de Estudio Republicano (RSC, por sus siglas en inglés), escribió el miércoles a sus colegas para objetar que la asignación para la isla se hiciera fuera del trámite ordinario del Comité  de Asignaciones.

Pese a discutirse fuera de las reglas ordinarias en el pleno, la resolución superó sin problemas el requisito de obtener un mínimo de     dos tercios de apoyo entre los  representantes presentes.  

Los 69 votos en contra de la resolución fueron republicanos, incluido Sean Duffy (Wisconsin), quien  asistió el miércoles a una manifestaciónde grupos boricuas e hispanos en respaldo a lasasignaciones para Puerto Rico. 

Los votos a favor fueron emitidos por 189 demócratas y 164 republicanos. Los cinco  congresistas boricuas –los demócratas José Serrano (Nueva York), Nydia Velázquez (Nueva York), Luis Gutiérrez (Illinois) y Darren Soto (Florida), y el republicano Raúl Labrador (Idaho)– apoyaron la medida.

Los préstamos de FEMA permitirán al gobierno de Puerto Rico mantener sus operaciones por lo menos hasta finales de año, según la comisionada González.

“Los fondos asignados a este proyecto de ley son urgentemente necesarios para obtener recursos para las familias y comunidades americanas que todavía están sufriendo, lo cual nos permitirá continuar los esfuerzos de alivio inmediato y ayudar a iniciar el proceso de reconstrucción”, sostuvo González.

En San Juan, el gobernador Ricardo Rosselló agradeció a la Casa Blanca y al Congreso “su rápida respuesta y acción conjunta, atendiendo nuestra solicitud”.

“Si bien este proyecto de ley proporcionará a FEMA los fondos para hacer más, también debe existir la voluntad y el compromiso de la administración Trump para abordar las graves deficiencias del esfuerzo de auxilio que ahora se hace. Todavía no he visto ese compromiso”, indicó el congresista Serrano,  miembro del Comité de Asignaciones de la Cámara baja.

“El Congreso debe seguir comprometido a proporcionar, no solo los recursos, sino también las herramientas estatutarias necesarias para acelerar la recuperación y, cuando sea posible, ayudar a mitigar desastres futuros”, indicó  el presidente del Comité de Recursos Naturales, el republicano Rob Bishop (Utah), quien votó a favor de la resolución.

“La vida de millones de estadounidenses ha sido alterada para siempre por huracanes destructivos y por incendios forestales en el oeste. Apoyamos a las víctimas”, indicó el jefe  del Comité de Asignaciones, el republicano Rodney Frelinghuysen, quien irá esta tarde a Puerto Rico con Ryan.

En el hemiciclo, la congresista Velázquez afirmó que “en 1898, las tropas estadounidenses tomaron a Puerto Rico, y con esa invasión  viene  también responsabilidad”. 

Junto a su colega Bennie Thompson (Misisipi), miembro del Comité de Seguridad Interna,  Velázquez solicitó al Departamento de Seguridad Interna que investigue la rendición de cuentas sobre las víctimas fatales asociadas al huracán María.

Tanto la comisionada como el speaker Ryan afirmaron que la resolución adoptada ayer será seguida por otras asignaciones antes de que termine 2017. En ese sentido, el gobernador  Rosselló ha indicado que aún aspira a obtener, entre otras cosas,  $3,200 millones para proyectos de infraestructura a través del programa para desarrollo comunitario (CDBG) del Departamento de Vivienda federal.


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