El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, afirmó que, ante el rechazo del Senado al Reglamento de las Facultades y Deberes de las Oficinas Regionales Educativas, ahora resta esperar que la administración de Pedro Pierluisi “ajuste” la propuesta para que pueda ser avalada por ambos cuerpos legislativos.

“El gobernador tiene que ajustar la propuesta para que sea una respaldada por ambos cuerpos”, indicó el domingo el líder cameral, a preguntas de El Nuevo Día. “Lo que falta es el detalle de cómo va a operar, y el no darle participación a ciertos grupos crea sombra sobre el proceso”, agregó.

Hernández Montañez indicó que, en la Cámara, aguardarán por que el Ejecutivo envíe “un reglamento enmendado que esté a tono con la visión” de ese cuerpo legislativo para proceder a aprobarlo.

Durante la sesión del jueves, el Senado aprobó una resolución concurrente en rechazo al Reglamento de las Facultades y Deberes de las Oficinas Regionales Educativas (ORE), un documento que, según la Ley de Reforma Educativa (Ley 85 de 2018), tiene que ser validado por la Asamblea Legislativa con miras a fijar las responsabilidades que tendrán esas oficinas en el proceso de descentralización de la agencia.

Tras el rechazo senatorial, la senadora popular Ada García Montes, presidenta de la Comisión de Educación en ese cuerpo, argumentó que el reglamento presentado por el Departamento de Educación (DE) es genérico y carece de “disposiciones claras” sobre cómo se va a llevar cabo el proceso de descentralización.

Señaló también que no se incluyó al Senado en los diálogos establecidos para redactar el documento. Además, la legisladora recordó que las comunidades escolares y los representantes del tercer sector que participan del intercambio de ideas han criticado cómo se ha manejado la discusión, supuestamente desde el nivel central de la agencia.

García Montes argumentó, durante la sesión, que el reglamento no contiene ninguna cláusula que informe sobre el proceso de transición de los empleados de nivel central del DE hacia las oficinas regionales, y tampoco contempla lenguaje que garantice la permanencia de las escuelas en las comunidades aisladas, según dispone la Ley 85.

“Sin lugar a duda, Puerto Rico está muy preocupado por el proceso, y creo que con buena voluntad de todas las partes se podrán evaluar estas deficiencias y los manuales que van a permitir la ejecutabilidad de este reglamento para que finalmente podamos ver una implementación de Idear (Iniciativa de Descentralización de la Educación y Autonomía de las Regiones)”, abundó.

La semana pasada, trascendió la desintegración de las mesas de trabajo que se habían creado para implantar Idear en el DE. La movida se conoció en medio de críticas por la presunta falta de transparencia y de comunicación con las comunidades, junto a la renuncia de varios integrantes de las mesas.

El reglamento fue sometido por el DE el 21 de marzo, y la Asamblea Legislativa tenía 30 días para aprobarlo o rechazarlo, plazo que vencía el sábado pasado.