El representante del gobernador ante la JSF, Christian Sobrino Vega (semisquare-x3)
El representante del gobernador ante la JSF, Christian Sobrino Vega. (GFR Media)

El representante de Puerto Rico ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Christian Sobrino Vega, dio la bienvenida este lunes al pacto que ha suscrito el ente federal con el sindicato Servidores Públicos Unidos (Spupr) en lo que atañe a los ahorros para la jubilación y dijo que el gobierno está listo para hacer la transferencia de esos fondos sin necesidad de trámites adicionales.

“El gobierno de Puerto Rico siempre ha estado dispuesto y disponible para restituir las cuentas de retiro de lo que un momento fue el Sistema 2000 y que no fueron financiadas en su totalidad”, dijo Sobrino Vega a El Nuevo Día.

Según Sobrino Vega, desde hace meses, el gobierno comunicó a la JSF que estaba en posición de transferir el dinero perteneciente a los empleados públicos que cotizan bajo el llamado Sistema 2000 y aseguró que los fondos están disponibles inmediatamente para transferir al nuevo plan de aportaciones definidas que se creó con la Ley 106 de 2017.

El Spupr anunció hoy que llegó a un acuerdo tentativo con la JSF que restituiría a casi 65,000 empleados públicos al menos $1,360 millones correspondientes a los ahorros que estos hicieron para la jubilación y que el gobierno gastó para el pago de pensiones vigentes.

La restitución es parte de un acuerdo en el que también se negoció extender la vigencia de unos 14 convenios colectivos por espacio de cinco años y aumentar la aportación patronal al plan médico de $125 a $170 al mes. El aumento en la aportación patronal al seguro médico sería similar al que hace unas semanas alcanzó la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), cuyo acuerdo está bajo votación al presente.

El Spupr tiene la expectativa de que la JSF separe los $1,630 millones de la cuenta principal de Hacienda, donde según datos oficiales, obran unos $7,000 millones en efectivo.

Sobrino Vega, también director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), el proceso de implementación del plan de ahorros, donde los empleados públicos podrán decidir cómo se invierten las aportaciones que se sacan de su paga cada quincena avanza según lo programado, por lo que el dinero podría transferirse.

“Si la junta está de acuerdo no debe haber ningún para inconveniente para ninguna de las partes para implementarlo (la transferencia a las cuentas de aportación definida) a la brevedad”, dijo Sobrino Vega al dejar entrever que, si el ente federal accede, no habría necesidad de esperar a que la jueza Laura Taylor Swain lo apruebe en el plan de ajuste de deudas del gobierno central.


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