Myrta Lebrón Cruz, vicepresidenta de programas educativos de P.E.C.E.S., y    Emilio González Rodríguez, coordinador de Antorcha. (semisquare-x3)
Myrta Lebrón Cruz, vicepresidenta de programas educativos de P.E.C.E.S.,y Emilio González Rodríguez, coordinador de Antorcha. (Angel Luis García)

Después de operar 33 años en el área de Humacao, la organización P.E.C.E.S. observó la necesidad de ofrecer en las comunidades un servicio especializado para ayudar a víctimas de crímenes que no se atreven a recurrir a las autoridades.

Muchas de esas víctimas, particularmente las de violencia doméstica, pierden confianza en sí mismas, no se atreven a denunciar y se quedan dentro del patrón de abuso. Lo que necesitan es un apoyo”, subrayó Myrta Lebrón Cruz, vicepresidenta de programas educativos de P.E.C.E.S.

Cuando iniciaron el programa Antorcha hace seis meses, se habían propuesto impactar, al menos, 340 personas. Pero, según cifras recopiladas hasta este mes, superaron las expectativas, pues habían llegado a 1,110 ciudadanos mediante el contacto directo con las comunidades, escuelas y campamentos de verano, lugares donde ofrecen talleres para que las personas sepan cómo identificar a potenciales víctimas de delito.

El coordinador de Antorcha, Emilio González, precisó que, de ese total, 114 son víctimas directas de crímenes, mientras que el resto son adultos y niños que han recibido talleres y otros servicios de prevención. 

Nos llegan muchos por robos y ‘bullying’, pero lo más que recibimos son víctimas de violencia doméstica... Desde que llegan, les damos apoyo, las estabilizamos y luego empezamos a empoderarlas para que retomen sus vidas. Es una gran satisfacción ver en nuestros talleres cómo van recuperando su autoestima y cobran fuerzas”, resaltó González. 

“Es clave ese trato sensible del trabajador social al principio, así como la orientación y el seguimiento que después reciben del abogado, porque les da seguridad para hacer la querella y enfrentar el proceso”, abundó.

Antorcha opera con una asignación de $638,700 del Programa federal de Asistencia a Víctimas del Crimen (VOCA, en inglés), que recibe a través del Departamento de Justicia.

Aunque la asignación expira en marzo, esperan lograr una extensión por la necesidad que han identificado en las regiones donde ofrecen servicios.

Antorcha opera en Luquillo, Naguabo, Ceiba, Humacao, Yabucoa, Maunabo, Las Piedras, Juncos y San Lorenzo.

La demanda por este tipo de ofrecimientos parece ir en aumento, pues en septiembre pasado el gobierno anunció que, para la próxima asignación, esos fondos aumentarán en cerca de $15 millones.

Con una asignación de $18 millones, el programa VOCA benefició en septiembre a 69 entidades y municipios que ofrecen asistencia directa a víctimas de violencia en la isla.

La gestión de Justicia

Por su parte, Marilú Cintrón Casado, directora de la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delitos de Justicia, reconoció la importancia de la labor que realizan entidades como P.E.C.E.S.

Aunque reconoce las limitaciones presupuestarias, Cintrón Casado aseguró que la agencia también llega a las comunidades, y destacó que su programa asistió a 14,732 casos de víctimas de delitos el pasado año fiscal federal, que cerró en octubre.

Explicó que ese total incluyó casos nuevos y otros que estaban abiertos. “Tenemos muchas víctimas que referimos a las ONG (organizaciones no gubernamentales) para seguimiento posterior, incluyendo albergues, aunque a veces es difícil el referido porque las víctimas crean un vínculo con quienes les atendieron desde el principio”, relató.

Además del Plan de Impacto Comunitario (PIC), con el que dan a conocer los servicios a víctimas en las 13 regiones judiciales, dijo que cuentan con 63 técnicos que sirven a las personas referidas por los fiscales o por entidades sin fines de lucro.

Detalló que no solo atienden las necesidades sicológicas y emocionales de la víctima, sino también las preparan para enfrentar el proceso judicial.

La funcionaria resaltó que esa oficina maneja la compensación a la que tienen derecho las víctimas dependiendo del crimen que sufrieron.

Según Cintrón Casado, el pasado año fiscal cerró con $300,000 en compensaciones desembolsadas, lo que aseguró fue un aumento de 25% en comparación con el año anterior.


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