Una casa sin techo luego del paso del huracán María. (GFR Media)

Aunque durante los pasados dos años, el gobierno federal ha desembolsado poco más de $15,000 millones a Puerto Rico para atender la secuela de los huracanes Irma y María, la isla nunca ha recibido una asignación de $92,000 millones como ha alegado, por meses, el presidente Donald J. Trump.

En el mejor de los casos, según entrevistados y documentos del propio gobierno federal, los fondos para la reconstrucción de Puerto Rico tras los ciclones del 2017 totalizarán unos $45,000 millones. Y aun si Puerto Rico recibiera esa cantidad, parte de ese dinero se lo ha quedado la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y otra tajada fue a atender los asuntos relacionados con la emergencia.

Según el presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, Emilio Zavala, el país a través de FEMA no ha visto un centavo del dinero que debe invertirse en mitigación, en buena parte, porque ha quedado preso de lo que entiende es la implementación errada de la sección 428 de la Ley federal Stafford.

“El gobierno local no ha incumplido o causado el atraso porque según se decidió, el gobierno de Puerto Rico no controla el proceso de estimados para proyectos de asistencia pública”, dijo Zavala haciendo referencia a la normativa especial que se creó desde FEMA para la isla.

De acuerdo con los economistas Joaquín Villamil y Kevin González, Puerto Rico y tampoco el gobierno federal tenían el marco institucional adecuado para facilitar el desembolso de fondos luego de la temporada ciclónica de 2017. Esa realidad contribuyó a crear un cuadro de desinformación y confusión en torno a cuándo, cuánto y cómo se utilizarían los fondos que necesita la isla. Pero aun así, subrayaron Villamil y González, ni a través de FEMA o del Programa de Subvenciones para el Desarrollo de Comunidades afectadas por Desastres (CDBG-DR), Puerto Rico ha recibido el apoyo monetario que alega el presidente.

Así, del 2017 al presente, de cada dólar asignado para proyectos permanentes a través del programa CDBG-DR, Puerto Rico solo ha recibido ocho centavos.

En el caso de FEMA, hasta junio pasado, la agencia había utilizado casi $10,000 millones (o el equivalente a una tercera parte de cada dólar autorizado por el Congreso para responder a los huracanes Irma y María) para pagar sus gastos operacionales y para atender la emergencia y ayudar a individuos en los meses siguientes al desastre. Hoy, a dos años del ciclón, prácticamente no se ha efectuado ningún proyecto permanente en Puerto Rico.

Atados por la burocracia

De entrada, según Villamil, uno de los primeros escollos a la llegada de los fondos federales se produjo cuando el gobierno puertorriqueño confió en una firma privada la preparación del plan de reconstrucción. Se alegaba inicialmente que Puerto Rico necesitaría unos $94,000 millones para recuperarse, cifra que luego se revisó a $134,000 millones.

Empero, hace unos meses, la Junta de Planificación estimó los daños asociados a Irma y María en unos $45,000 millones.

“Si estás en Washington y ves tres números distintos, la confusión es real”, dijo Villamil.

Según los economistas, el retraso en el desembolso de fondos de recuperación ante desastres no es exclusivo de Puerto Rico. Todavía, 14 años después del huracán Katrina en Luisiana, el gobierno federal asigna fondos a proyectos de mitigación allí.

“Los fondos que se utilizan para atender la emergencia propiamente se desembolsan con bastante rapidez, pero esa no es la norma en proyectos permanentes”, explicó González.

Destacó que en la isla se habla de fondos federales como un monolítico, pero en la práctica, el Congreso puede autorizar los fondos, pero estos no llegan a la gente hasta que el Ejecutivo federal, a través de sus agencias, obliga los fondos a un programa particular y luego, se desembolsan, según los criterios establecidos.

La sección 428

En el caso de Puerto Rico, según Zavala, FEMA ha aplicado una interpretación bastante peculiar de la sección 428 de la Ley federal Stafford. A través de ella, y en términos muy simples, FEMA asigna fondos a iniciativas de reconstrucción partiendo de un estimado de costos fijos para cada proyecto permanente que presente la agencia o municipio afectado. FEMA valida los números y asigna los fondos. Si el gobierno realiza la obra según estimó o logra ahorros, se queda con el sobrante. Pero si el proyecto resulta por encima de lo estimado, la agencia o municipio tendrá que aportar la diferencia.

En el caso de Puerto Rico, explicó Zavala, se determinó que todos los proyectos se harían bajo la sección 428 y para que el proceso fuera más rápido, sería FEMA la agencia que haría los estimados. Al presente, según datos oficiales, de unos 9,000 proyectos en el tintero, FEMA solo ha completado un centenar de esos estimados.

Zavala dijo además que la Oficina del Inspector General de FEMA (OIG-FEMA) examinó lo hecho en el programa Tu Hogar Renace y no hizo señalamientos.

En cambio, sostuvo el ingeniero, en los pasados años, el OIG ha hecho múltiples señalamientos a lo hecho por FEMA con la sección 428 en el caso del huracán Sandy y otros.

“Hay una desconexión entre los hechos y la retórica”, dijo Zavala.


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