(horizontal-x3)
En la foto, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá. (GFR Media)


Desde hace dos semanas el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá aceptó trabajar como estratega legal de forma gratuita en el desarrollo de las movidas a seguir para construir la demanda federal incoada por la delegación del Partido Popular Democrático, cuestionando las decisiones de la Junta de Supervisión Fiscal, que puso como ficha de negociación para la aprobación del presupuesto del gobierno la eliminación de la Ley 80.

A pesar de que el escenario no se vislumbra tan positivo luego que el viernes pasado, la jueza Laura Taylor Swain desestimara una demanda del fondo de inversiones Aurelius Management que buscaba cancelar las peticiones de reestructuración de deuda bajo el título III de Promesa, Acevedo Vilá defendió el seguir adelante.

Al fin y al cabo, esos pasos, dijo, son esenciales para elevar cada uno de los planteamientos legales a tribunales de mayor jerarquía, incluyendo la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Además, recalcó, hay argumentos nuevos que no contienen las demandas del gobernador Ricardo Rosselló y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. Tal vez el más sólido que Acevedo Vilá encuentra en la demanda, es el que reclama que aún bajo los poderes plenarios, el Congreso tiene que garantizarles a los territorios un sistema mínimo de separación de poderes.

“(Ese argumento) tiene apoyo en decisiones del propio Tribunal Supremo federal y del Tribunal de Apelaciones de Boston”, destacó el exgobernador a El Nuevo Día.

¿Quién le hizo acercamiento para trabajar probono con la demanda?

-Desde hace semanas, en mi programa de radio y en columnas en El Nuevo Día he esbozado diversos argumentos constitucionales para impugnar la Junta y sus poderes. Hace cerca de dos semanas, el portavoz del PPD en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, me llamó para hablar del tema y me preguntó si estaba dispuesto a ayudarlos. Paralelamente, había mantenido conversaciones con el representante Luis Vega Ramos, quien también me había expresado su interés en demandar.

¿Por qué aceptó?

-Hay que poner la acción donde uno pone la palabra. Para mí, enfrentar los descontroles de esa Junta y su significado para la dignidad del pueblo de Puerto Rico es de las más altas prioridades en este momento.

¿En las reuniones participó el presidente del PPD, Héctor Ferrer?

-En las que yo intervine, no. Todas mis comunicaciones fueron con Tatito, Luis Vega, el licenciado y ex representante Charlie Hernández y los abogados Jorge Martínez Luciano y Emil Rodríguez Escudero.

¿Qué le dice a usted el que el PPD no haya actuado como institución en esta demanda?

-El PPD tiene unas limitaciones de “standing” para poder demandar directamente.

Si ya se ha perdido un pleito, ¿en qué descansan para que esta vez haya un fallo favorable?

-Estamos conscientes de que luego de la decisión de la jueza Swain, del pasado viernes, todas las impugnaciones a los poderes de la Junta serán cuesta arriba. Pero en la demanda se hacen planteamientos nuevos que no se han hecho, ni en la demanda del gobernador ni en la de Thomas Rivera Schatz y Johnny Méndez. Además, esos planteamientos hay que hacerlos para luego poder elevarlos ante el Tribunal de Apelaciones en Boston y, de ser necesario, ante el Tribunal Supremo federal.

¿Cuáles son los puntos más sólidos en la demanda?

-El argumento de que aún bajo los poderes plenarios, el Congreso tiene que garantizarle a loss territorios un sistema mínimo de separación de poderes, algo que tiene apoyo en decisiones del propio Tribunal Supremo federal y del Tribunal de Apelaciones de Boston. La demanda dice que la decisión previa de la jueza Swain presentaría el absurdo de que el Congreso podría nombrar un gobernador vitalicio para Puerto Rico, lo que iría en contra de todos los valores que recoge la constitución federal.

¿En qué se diferencian la demanda de la delegación del PPD en la Cámara de la del gobernador y el presidente del Senado?

-Las de ellos no levantan temas constitucionales. No se atrevieron. Se limitan a interpretar la Ley Promesa. La de los representantes del PPD va a la esencia del problema: hasta dónde llegan los poderes del Congreso y por delegación de éste, de la Junta.

Después de la decisión judicial en el caso Sánchez Valle, ¿por qué le sorprenden los fallos en contra emitidos por la jueza Taylor Swain?

-Me sorprendió el lenguaje de la opinión de la jueza Swain porque va mucho más allá que Sánchez Valle. Ella dice que al administrar los territorios, el Congreso no tiene, prácticamente, ninguna limitación constitucional. Eso es muy peligroso para el presente y futuro de los puertorriqueños. No había ninguna necesidad de resolver de esa forma, aún bajo Sánchez Valle. Lo desatinada de esa decisión se ve claro al comparar la decisión emitida ese mismo día por la jueza Braden del Tribunal Federal de Reclamaciones en Washington, D.C., que citando a Sánchez Valle, sí reconoce unas limitaciones constitucionales y hasta una posible responsabilidad al Congreso y del gobierno de Estados Unidos.

¿Por qué los puertorriqueños no deben creer que esta demanda es un ejercicio en vano?

-Si vivimos en una sociedad de valores, uno los tiene que defender en todo momento y no a base de conveniencias. Valores y derechos que no defiendes hoy, los pierdes y los entregas para siempre. Si se gana la demanda, no solamente se invalida la Junta, sino que se limitan los poderes del Congreso sobre Puerto Rico. Y si el Tribunal Supremo federal valida que el Congreso puede hacer con Puerto Rico lo que le dé la gana, entonces el país tendrá todos los elementos para actuar con firmeza de cara al futuro.

¿Qué significará para Puerto Rico otro fallo en contra?

-Creo que la contesté anteriormente. Pero reafirmo: si el Tribunal Supremo valida el pensamiento de la jueza Swain, el país entenderá que los EE.UU. no tiene ningún pudor para negarle valores esenciales a los puertorriqueños, por los cuales hemos luchado y que plasmamos en nuestra constitución.

¿Están listos para llegar al Supremo de EE.UU., de ser necesario?

-Sí, estamos listos.


💬Ver 0 comentarios