Rob Bishop considera que un referéndum local que tenga el visto bueno del Departamento de Justicia federal “constituiría una expresión indiscutible de la voluntad del pueblo” puertorriqueño. (semisquare-x3)
Rob Bishop considera que un referéndum local que tenga el visto bueno del Departamento de Justicia federal “constituiría una expresión indiscutible de la voluntad del pueblo” puertorriqueño. (Vanessa Serra Díaz)

Washington - El saliente liderato republicano de la Cámara de Representantes a cargo de los territorios estadounidenses ha oficializado su sentir de que el próximo proceso sobre el futuro político de Puerto Rico debe ser legislado en San Juan, no en Washington.

Más de 17 meses después del plebiscito del 11 de junio de 2017, el presidente del Comité de Recursos Naturales, Rob Bishop (Utah), confirmó ayer su recomendación al gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la Legislatura de Puerto Rico para que vuelvan a intentar que el Departamento de Justicia de EE.UU. – por medio de una ley federal disponible desde el 17 de enero de 2014-, avale el contenido de la papeleta electoral y una campaña educativa de un próximo referéndum de status.

Junto a Bishop, el presidente del Subcomité de Asuntos Insulares, Doug LaMalfa (California), el congresista Don Young (Alaska) y la propia  comisionada residente en Washington, Jenniffer González, le sugieren al gobernador que esa próxima consulta sea un referéndum estadidad sí o no.

Los cuatro republicanos, que en enero quedarán en la minoría legislativa, suscribieron otra carta dirigida al secretario interino de Justicia de EE.UU., Matthew Whitaker, en la que le piden – como había adelantado la misiva o borrador del 21 de enero de Bishop que publicó la semana pasada El Nuevo Día-, que asista al gobierno de Puerto Rico con la evaluación de la consulta, si las autoridades de la isla deciden convocarla.

Aunque los cuatro afirman que en los plebiscitos de 2012 y 2017 “los que votaron” lo hicieron abrumadoramente por la estadidad, coincidieron en que para echar el tema hacia delante en Washington se necesita otra consulta legislada en la isla y reconocieron que “la inhabilidad del Departamento de Justicia en validar a tiempo la votación de 2017, ha permitido a sus oponentes impugnar sus resultados”.

La estadidad obtuvo un 97% de respaldo en el plebiscito del 11 de junio de 2017, pero  solo el 23% de los electores acudió a las urnas, en medio de un llamado al boicot de los partidos de oposición.

Ahora, Bishop, LaMalfa, Young y González  - que hasta hace unos días defendían que el Congreso convirtiera a Puerto Rico en un territorio incorporado y estudiara la propuesta de estadidad-, consideran que un referéndum local que tenga el visto bueno del Departamento de Justicia federal “constituiría una expresión indiscutible de la voluntad del pueblo” puertorriqueño.

La dirección saliente del Comité de Recursos Naturales alegó en su  carta al gobierno de Puerto Rico que el gobierno del presidente Donald Trump “validó” los plebiscitos de 2012 y 2017. 

No obstante, en una expresión de política pública de la administración – a nombre del Departamento de Estado-, el embajador de EE.UU. ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, afirmó a principios de octubre que esas consultas reflejaron que “no hay consenso” en Puerto Rico en torno a su futuro político. La referencia a la validación por el gobierno de Trump del plebiscito de 2017 no aparece, sin embargo, en la carta dirigida al secretario interino Whitaker.

Trump le dio después un “no absoluto” a la estadidad, tras cuestionar al liderato político de la Isla, particularmente a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien no defiende la estadidad, pero ha sido la principal voz desde la Isla en la denuncia sobre la lenta e ineficiente respuesta federal al huracán María.

Aunque el tema no ha ido a discusión en la dirección del PNP, tanto el gobernador Rosselló como Méndez, desde la semana pasada, acogieron la idea de volver a legislar un referéndum en San Juan. Hasta anoche, el presidente del Senado no se había expresado directamente sobre el asunto.

“El gobernador Ricardo Rosselló Nevares quiere que se resuelva cuanto antes el problema colonial de Puerto Rico”, indicó el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés.

Bajo la ley federal 113 – 76 del 17 de enero de 2014, el gobierno del presidente Barack Obama y el Congreso ofrecieron $2.5 millones para ayudar a financiar una próxima consulta de status, a cambio de que el Secretario deJusticia de EE.UU. certifique si las alternativas de un referéndum dirigido a resolver el status de Puerto Rico y la campaña educativa que desarrolle la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) cumple con las normas constitucionales, legales y de política pública del gobierno federal.

A principios de 2017, el gobierno de Puerto Rico consultó con el Departamento de Justicia de EE.UU. el contenido de las alternativas de status del plebiscito que terminaron celebrando ese año. Pero, a pesar de haber iniciado el proceso y cumplir con el requisito de incluir en la consulta el status territorial vigente, el gobierno de Puerto Rico nunca esperó por la certificación final de Justicia federal.

Si el gobierno de Puerto Rico  retoma ese proceso- después de haber anunciado una especie de plan Tenesí y la creación de una comisión de siete miembros que vino a Washington a reclamar la admisión de Puerto Rico como estado 51-, habría aceptado que por lo menos sin una consulta adicional no habrá ambiente para adelantar su agenda en el Congreso. 

Bishop – quien ha indicado que los próximos dos años serán sus dos últimos en el Congres0-, es coautor del proyecto 6246 de la comisionada González que ha buscado convertir a Puerto Rico en un territorio incorporado y crear un Grupo de Trabajo del Congreso que estudiara los cambios a leyes que se necesita para convertir la Isla, a través de otra legislación, en el estado 51 de EE.UU. de cara a 2021. El congresista Bishop, sin embargo, nunca llevó la medida a una audiencia pública.

Dudas demócratas

El próximo presidente del Comité de Recursos Naturales, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), quien había descartado echar hacia delante un proyecto pro estadidad debido a la baja participación en el plebiscito de 2017, prefirió ayer no hacer comentarios.

Tiene pendiente una conversación con la congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York), quien en los últimos meses ha sido parte del Comité de Recursos Naturales y es cercana al liderato demócrata del Congreso.

Velázquez, sin embargo, expresó ayer que “el pueblo de Puerto Rico está cansado de consultas simbólicas” que no son vinculantes para el Congreso estadounidense. Dijo que más adelante diseñarán una posición oficial.

“No vamos a reaccionar a artimañas artificiales para ayudar a alguien políticamente en Puerto Rico. Los demócratas tienen que hacer un examen contundente y honesto sobre cuáles deben ser los próximos pasos para lidiar con la situación política de la Isla”, dijo Velázquez a El Nuevo Día. 

El Partido Popular Democrático (PPD) considera que en esencia, Bishop le ha enterrado al gobierno del PNP la consulta de 2017. 

Los representantes Luis Vega Ramos y Luis Raúl Torres presentaron una resolución de cara a la asamblea de este fin de semana del PPD, para reclamar que el gobierno de Puerto Rico retome la idea de crear un Comité de Diálogo con representantes de los partidos de oposición para promover una discusión amplia en Washington sobre el futuro político de la isla.

El representante del PNP José Enrique “Quiquito” Meléndez, por su parte, afirmó que aunque la decisión sea regresar “al principio”, en referencia a la ley federal de 2014, “los que creemos en la descolonización no buscamos excusa, sino que aprovechamos las oportunidades”.


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