Sesión ordinaria de la Cámara. (GFR Media)

La Cámara de Representantes dio paso el jueves a la Resolución Conjunta de la Cámara 641, que les permite a los sicólogos licenciados brindar sus servicios mediante el mecanismo de la telemedicina mientras dure la emergencia provocada por el COVID-19.

Con enmiendas introducidas, se incluyeron en el grupo de profesionales autorizados a los trabajadores sociales clínicos, terapistas del habla y lenguaje, patólogos del habla y lenguaje, audiólogos, terapistas físicos, terapistas ocupacionales, terapeutas del masaje, optómetras y ópticos, médicos veterinarios, podiatras, doctores en naturopatía, consejeros en rehabilitación, consejeros profesionales, dentistas, educadores en salud, farmacéuticos, nutricionistas y los dietistas, quiroprácticos y categorías de la enfermería bajo la Ley 254-2015, conocida como la Ley para Regular la Práctica de la Enfermería en Puerto Rico.

Igualmente se autoriza a que los servicios del Hospital Parcial Psiquiátricos se brinden con mecanismos de telemedicina.

La Resolución Conjunta, que ahora cruza al Senado, dispone que ninguna compañía de seguros ni la Administración de Seguros de Salud podrán negarse a pagar por servicios prestados a través de la telemedicina.

El Senado sesiona nuevamente el martes, al igual que la Cámara.

Codifican como delito

Aunque con enmiendas, el proyecto del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz que codifica como delito una violación al toque de queda decretado por la gobernadora Wanda Vázquez, fue aprobado esta tarde en la Cámara.

La pieza legislativa pasa ahora al Senado para que el cuerpo legislativo concurra o no con las enmiendas.

Con el cambio al Proyecto del Senado 1545 se incluyó como delito menos grave el transmitir o permitir transmitir por cualquier medio, a través de cualquier red social o medio de comunicación masivo "información falsa con la intención de crear confusión, pánico o histeria pública colectiva...".

En caso de que el resultado de la conducta redunde en daño al erario, a tercero, a la propiedad privada o pública que excedan los $10,000 o cuando la conducta provoque daño físico, se impondrá la pena de un delito grave de cuarto grado.

Esta mañana el representante popular Ángel Matos García, argumentó que todos los arrestos y todas las multas expedidas por la Policía en violación a la orden ejecutiva que establece el toque de queda son nulas al no estar codificadas en ley alguna.

La Fortaleza informó hoy que hasta se han registrado 396 arrestos y se han expedido 623 multas por la violación de la orden ejecutiva firmada por la gobernadora Wanda Vázquez el 15 de marzo.

La versión aprobada en el Senado dispone que cualquier persona que "incumpla, desacate o desobedezca de cualquier forma una orden ejecutiva del gobernador de Puerto Rico estableciendo un toque de queda" será sancionada con una multa de no más $5,000 y/o una pena carcelaria de seis meses.


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