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Félix Lasalle. (GFR Media)

El Colegio de Abogados y la Asociación de Psicología de Puerto Rico expresaron esta mañana su oposición al proyecto que busca crear la nueva Ley de Armas.

En el caso del Colegio de Abogados, en una ponencia firmada por su presidente, Edgardo Román, y la presidenta de la Comisión de Derecho Penal, Wanda Valentín Custodio, se planteó como preocupación el poco tiempo que le da la medida a la Policía -entre 10 y 15 días- para realizar la investigación antes de conferirle a un individuo una licencia de armas y cómo el proyecto permite que gestores privados puedan insertarse al proceso.

La institución recomendó que sean, al menos, 120 días.

“Si bien es cierto que un arma en las manos adecuadas puede salvar la vida propia y la ajena, no es menos cierto que la Policía de Puerto Rico, con sus luces y sombras, tiene o debe tener un entrenamiento particular sobre la identificación al momento para usar su arma y cómo hacerlo. Delegar la función de la seguridad social es un retroceso”, lee la ponencia presentada ante el representante novoprogresista Félix Lasalle, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes.

En el segundo día de vistas del proyecto, el Colegio de Abogados avaló la idea de reducir el costo de los aranceles para la obtención de la licencia, pero rechazó que se elimine el requisito de que se entreguen declaraciones juradas de testigos para obtener el documento al argumentar que con estos documentos se puede identificar solicitantes que, sin récord delictivo, presenten conductas descritas como “antisociales”.

“En el examen de esas personas puede identificarse un solicitante que muestre indicativos que alerten para que no sea un candidato idóneo a los fines de que se le expida una licencia de armas”, lee la ponencia.

En el turno de preguntas y respuestas ante Lasalle, Valentín Custodio dijo que el Colegio favorece sacar del ámbito del tribunal el proceso para que un ciudadano pueda obtener su licencia de portación, al argumentar que la vista que se celebra a esos fines se ha tornado “pro forma”.

También se planteó en la vista que el proyecto, tal y como fue aprobado el Senado, ordena la devolución inmediata de un arma de fuego legal tan pronto venza una orden de protección. El Colegio de Abogados esbozó que debe de transcurrir un año desde que expiró la orden antes de que se pueda solicitar una licencia de armas.

En el caso de la Asociación de Psicología, el coordinador del Comité de Piscología y Política Pública, Ángel Comas Nazario, argumentó que sobre más de 130 estudios a nivel internacional demuestran que, en los países donde las armas de fuego son más accesibles, tienen, en promedio, tasas más altas de muertes por estas armas. La institución también trajo a colación cómo en países como Japón, Australia y Reino Unido se han aprobado leyes para instaurar mayores controles en la adquisición de armas de fuego.

“Con estas medidas han logrado reducir dramáticamente las muertes fatales tras aplicar estrictas leyes que regulan el porte y comercio de armas”, lee la ponencia.


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