Puerto Rico cuenta con un representante ante el Congreso con voz, pero sin derecho al voto. (GFR Media) (semisquare-x3)
Puerto Rico cuenta con un representante ante el Congreso con voz, pero sin derecho al voto. (GFR Media)

Washington -  El gobierno de Estados Unidos pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que desestime la querella de estadistas de Puerto Rico en su contra, en una respuesta en la que resaltan el gobierno propio local de la isla y sostiene que solo en el último plebiscito sus residentes han votado a favor de la estadidad.

En su argumento escrito, el representante adjunto de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Kevin Sullivan, afirmó que el actual status político de Puerto Rico no es inconsistente con la Declaración Americana de Derechos Humanos, permite una participación limitada en la formación del gobierno federal -con las primarias presidenciales y la elección de un delegado al Congreso-,  y, citando el caso Sánchez Valle, sostiene que Puerto Rico “tiene un estatus distintivo, de hecho excepcional” con una “amplia base de autogobierno”.

Para Sullivan, tras seis consultas, Puerto Rico votó solo por vez primera el pasado 11 junio de 2017 por la estadidad e inició un “proceso político” cuyo desenlace “Estados Unidos no puede predecir”, aunque indican que anteriores peticiones de otros territorios han sido aceptadas.

“Puerto Rico no ha completado ese proceso político”, indicó Sullivan, con el visto bueno del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Con respecto al voto presidencial y la elección de congresistas, representante adjunto de Estados Unidos ante la OEA dice que "si lo desean, los residentes de Puerto Rico, casi todos los cuales son ciudadanos de Estados Unidos, también son libres de mudarse a cualquier estado".

El gobierno estadounidense responde a las querellas presentadas por el abogado Gregorio Igartúa y el exgobernador Pedro Rosselló en las que denuncian que Estados Unidos viola los derechos humanos y civiles de los residentes de Puerto Rico al no permitirles votar por el presidente estadounidense ni elegir miembros del Congreso con plenos derechos.

La CIDH convocó para el 5 de octubre a una audiencia sobre las querellas, como parte del periodo 169 de sesiones del organismo consultivo de la OEA.


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