El lenguaje incliudo en la medida reconoce el convenio colectivo de la UTIER. (GFR Media) (semisquare-x3)
El lenguaje incliudo en la medida reconoce el convenio colectivo de la UTIER. (GFR Media)

El vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer, indicó hoy, lunes, que el jueves podría bajar a votación el informe del comité de conferencia del proyecto de ley que establece el marco regulatorio y la política pública energética del gobierno de Puerto Rico luego que ambos cuerpos legislativos lograran coincidir en las enmiendas propuestas a la medida.  

El informe del comité de conferencia -presidido por Thomas Rivera Schatz- ya está completado y hoy estaban en la obtención de firmas de los representantes que formaron parte de la discusión que terminó en el consenso de lo que será el proyecto del Senado 1121. 

Seilhamer explicó a El Nuevo Día que el lenguaje incluido en la medida por el presidente senatorial que le exige a cualquier empresa privatizadora reconocer el convenio colectivo de la Unión de Trabajadores de la Industria Elétrica y Riego (Utier) se mantuvo tal y como fue sometido por Rivera Schatz. “La Cámara no le hizo enmiendas y ha quedado inalterado”, sostuvo en entrevista telefónica. 

Dijo que tampoco se acogieron los cambios propuestos por la Cámara que alteraban la composición de la Junta de Gobierno de la AEE. El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, alegaba que la estructura propuesta en la medida del Senado limitaba los poderes del gobernador a designar lo miembros de la Junta dirigidos a establecer la política pública. 

El proyecto establece que el cuerpo rector estaría compuesto por siete miembros. De estos, cinco serían nombrado por el gobernador con el consentimiento del Senado. Estos, sin embargo, serían seleccionados de una lista -que le será presentada al primer ejecutivo- preparada por diversas entidades con conocimiento en la industria. 

El sexto miembro quedará a discreción del gobernador y, el séptimo, será un representante del interés público. “Cinco de los siete no estarían vinculados con ningún partido y eso mantiene el objetivo de despolitizar la Junta de Gobierno”, puntualizó Seilhamer. 

Otro de los asuntos en controversia era al lenguaje introducido en la Cámara para que todo contrato suscrito con privatizadores incluyera una cláusula que limitara el precio de kilovatio/hora a 20 centavos.

Al respecto, Seilhamer dijo que finalmente se logró un consenso para que el precio de kilovatio/hora a 20 centavos se establezca como una de las métricas u objetivos de la política pública. “No va a ser una imposición mediante proyecto de ley”, puntualizó.


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