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Ricardo Rosselló Nevares, gobernador de Puerto Rico. (Ramón “Tonito” Zayas)

Al describir la Ley de Armas actual como "una de las más robustas contra el fácil acceso de armas", el gobernador Ricardo Rosselló reiteró su postura ayer en contra de la liberalización de las reglas que imperan en el país para obtener licencias de armas.

En una actividad en Loíza, y a preguntas de la prensa, Rosselló reconoció que no había leído los cambios de última hora introducidos al P. de la S. 1050, de la autoría del senador penepé Nelson Cruz Santiago, quien pretende con la pieza legislativa reformar el estado de derecho que regule la obtención de estas licencias y de armas.

El proyecto fue aprobado en el Senado y será atendido a partir de enero en la Cámara de Representantes, específicamente en la Comisión de Seguridad Pública que preside Félix Lasalle.

"No he visto los cambios, pero mi posición es la misma que he tenido en el pasado", dijo el gobernador. 

"Necesitamos un Puerto Rico seguro y estamos viendo unos eventos a nivel global y particularmente en Estados Unidos, algunos eventos... tan reciente como ayer (anteayer), que son de alta preocupación y entiendo que tenemos que vigilar eso en Puerto Rico", agregó.

Rosselló hizo alusión a un ataque a tiros perpetrado por un veterano en una barra de California que dejó el saldo de 13 personas muertas, incluyendo al tirador.

"Sin el beneficio de verlo... reitero mi postura y mi posición filosófica en este asunto".

Sobre el proyecto que restringe al aborto de la senadora Nayda Venegas Brown, y que fue devuelto a comisión, Rosselló dijo que no permitirá que se coarten derecho adjudicados por mandato federal.

"Es parte de nuestra política pública no invalidar esos procesos", dijo.

Rosselló también reaccionó a cómo el Senado colgó el jueves un proyecto de ley de administración que enmendaba sustancialmente las reglas de procedimiento criminal para, entre otras cosas, añadir delitos cuyos imputados no tengan la opción de salir bajo fianza con grillete electrónico.

"Había objeciones a ese proyecto y la realidad es que nos vamos a sentar a la mesa. Es un proyecto bastante complejo", reconoció el gobernador.

Entre otras cosas, el proyecto estipula que, como norma general, no van a figurar en la denuncia ni en la acusación la dirección, edad y demás circunstancias personales de la víctima o testigo, incluyendo sus nombres, a menos que el tribunal determine que existe una clara necesidad para tal divulgación porque la información es necesaria y relevante a los hechos del caso.

Objetores de la medida han planteado que puede limitar el derecho de la persona imputada de carearse con testigos y poder preparar su defensa.

También dispone la medida que el testimonio de peritos forenses, agentes del orden público no tendría que estar presentes durante la vista preliminar para validar documentos que hayan redactado.

Igualmente, el proyecto de ley facultaba a cualquier agente del orden público que realice una arresto sin orden del tribunal a primero fichar al detenido y tomarle huellas dactilares antes de llevarlo al tribunal y siempre y cuando el fiscal haya ordenado que se le radiquen cargos por delitos graves.


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