La representante novoprogresista María Milagros Charbonier (semisquare-x3)
La representante novoprogresista María Milagros Charbonier. (GFR Media)

Representantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y del Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) se levantaron de la mesa de deponentes hoy al mediodía durante una vista pública de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, luego de que su presidenta María Milagros Charbonier insistiera en que sólo se sentara un integrante por organización, cuando en la mañana permitió la participación de dos deponentes del Departamento de Justicia.

"Aquí las reglas las pongo yo. El horario lo pone la comisión", dijo Charbonier, mientras la abogada de la ACLU, Mayte Bayolo, insistía en que se le permitiera tanto a ella como a su compañera Johanna Pinette, deponer sobre el proyecto que estable el marco legal de la llamada Libertad Religiosa en Puerto Rico.

Un argumento similar fue levantado por el abogado Osvaldo Burgos, quien exigió que también se le permitiera deponer a la también portavoz de CABE, Amárilis Pagán. 

Durante un agitado intercambio en medio de un receso de la vista pública, Charbonier alegó que la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, le había notificado por adelantado que Justicia enviaría a dos deponentes. Los representantes Luis Vega Ramos y Denis Márquez intentaron interceder a favor de los deponentes, pero Charbonier insistió en su postura.

Luego se retractó y dijo que permitiría que todo el mundo depusiera, pero ya era muy tarde.

"Aquí yo no he discriminado contra nadie", dijo Charbonier.

Al salir del salón Rubén Otero, del edificio Luis A. Ferré, Pagán sostuvo que Chabonier intentó limitar su libertad de expresión y nuestra participación en las vistas", dijo Pagán. "Querían lavarle la cara al proyecto".

"Ella está descontrolada, ella está gritando y está agresiva hacia todos nosotros", agregó Pagán.

Bayolo indicó que la actitud de Charbonier se suma a otras acciones ocurridas en la Legislatura en lo que va de cuatrienio para tratar de limitar la participación ciudadana, como el cierre de las gradas de los hemiciclos durante la discusión de proyectos controversiales.

"Quieren emplear una vara distinta para unas agencias versus otras", dijo Bayolo. "Cuando se enfrenta a instituciones que pueden ofrecer una visión que discrepa con su visión, entonces impone una diferencia... como Justicia está de acuerdo con lo que ella dice, se permitieron dos deponentes. Sin embargo, a la ACLU y a CABE se les está limitando".

Al levantarse los representantes de CABE y la ACLU de la mesa, se quedó solo deponiendo el sacerdote Carlos Pérez.

Durante la mañana defendieron la medida el abogado Juan Gaud, el pastor René Pereira y los abogados del Departamento de Justicia Mairís Cassagnol Cornier y Daniel Vélez Cabrera. Charbonier había indicado que no celebraría vistas públicas sobre el proyecto en la Cámara, pero esa postura cambió luego de que la senadora Zoé Laboy presidiera audiencias sobre la medida, donde la inmensa mayoría de los deponentes se opusieron al proyecto de administración.

Justicia centró su participación en cómo el acomodo razonable que se pretende legislar para que servidores públicos no tengan que cumplir con las responsabilidades de su cargo amparándose en razones religiosas no es absoluto y está condicionado a que ese acomodo no constituya una “dificultad excesiva” que afecte la operación. Además, insistió Justicia que los servicios gubernamentales se brindarán “con un trato digno y sin dilaciones innecesarias”.

En el caso de la organización Puerto Rico Por la Familia, el pastor René Pereira mencionó tres situaciones que demuestran que el proyecto debe ser aprobado. Una de estas tiene que ver con una carta administrativa todavía en vigor en la Policía que supuestamente limita el derecho de los policías a orar.

Al oponerse al proyecto, la ACLU incluyó en su ponencia que la pieza legislativa no es necesaria en la medida en que hay suficiente ordenamiento jurídico, ya sea federal o local, además de la Constitución, que proveen suficientes salvaguardas para garantizar los derechos de toda persona a tener su libertad religiosa. Advirtieron que la medida lesiona derechos humanos fundamentales y cómo tiene un impacto severo sobre ciertas comunidades como la Lgbttqi.

"La discusión de la presente medida ha levantado serias preocupaciones y distracciones que pudieran provocar la violación de los derechos de sectores de nuestra sociedad e incluso limitar el servicio público a nuestra población", lee la ponencia donde se alude al concepto del acomodo razonable.

En el caso de CABE, advirtieron que el proyecto es parte de un "esquema concertado" entre el sector religioso fundamentalista y la clase política para "imponer al país sus creencias religiosas particulares".  Indicaron que el proyecto "da permiso" para discriminar y supuestamente establece una jerarquía entre derechos para fomentar el discrimen.

En un aparte con la prensa, el representante popular Luis Vega Ramos describió el Proyecto de la Cámara 2069 como una "obsesión de un grupo pequeño de personas".

"Quieren tener licencia para odiar. Que el país y el gobierno les dé licencia las personas de la comunidad LBGTT, a los que no son como ellos, los inmigrantes y las personas que no creen como ellos", dijo. "El promover la discusión formal de un proyecto para que nos odiemos los unos a los otros es un bochorno".

"Esto es ofensivo. ¿Cómo vas a crear una ley para permitirle a una persona que decide ser funcionario del gobierno o decide abrir un negocio para servir a la comunidad de que pueda discriminar, que pueda odiar y que pueda negarle la calidad y la atención humana otra persona porque le ofende su estilo de vida o su identidad de género, sea real o percibida?".

A preguntas, Vega Ramos indicó que la jurisprudencia recitada por los favorecedores del proyecto para justificar la medida no es razón para aprobar el proyecto.

"Hasta 1950 hubo jurisprudencia que validaba la segregación racial", dijo Vega Ramos. "Lo que está mal está mal y lo que es inmoral, es inmoral".  

En el caso del representante independentista Denis Márquez dijo que hay jurisprudencia "que ni botando" que defiende la libertad religiosa.

"Y también hay jurisprudencia para separar la iglesia y el Estado", dijo Márquez al argumentar que el proyecto no es necesario. "Tengo dos preocupaciones: el proyecto establece que será la política pública darles prioridad a los sectores de FE y justicia no lo quiso aceptar. Así lo dice en el Plan de Gobierno del PNP.... eso es un problema que atenta contra la neutralidad de la política pública'", dijo Márquez al sostener también que los ejemplos de jurisprudencia presentados por Justicia no tocan controversias presentadas de discrimen presentadas por ciudadanos contra el gobierno. 


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