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El senador Larry Seilhamer. (Ramón Tonito Zayas)

Justo cuando se oficializó la desaparición de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público, el Senado aprobó una medida para “exigir” al Contralor General de los Estados Unidos que cumpla con la ley federal PROMESA y audite la deuda del gobierno.

La Resolución Concurrente del Senado 17 fue sometida hoy mismo por el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP) Larry Seilhamer, quien insistió en que ese debe ser el mecanismo para examinar cómo el gobierno incurrió en sus obligaciones, y no la extinta comisión auditora.  

La pieza legislativa fue avalada en votación 20-7, y solo contó con el favor de la mayoría del Partido Nuevo Progresista y del senador popular José Nadal Power. El resto de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), así como el senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau y el senador independiente José Vargas Vidot le votaron en contra.

“Decir que no hay mandato federal para que se audite la deuda pública de Puerto Rico es falso. La intención congresional queda diáfanamente clara que habla de auditoría por todos los medios”, argumentó Seilhamer al tomar un turno para defender la pieza de su autoría durante el debate legislativo.

“La deuda se va a auditar. Lo digo con toda la convicción porque no tengo la más mínima duda de que la deuda se va auditar”, enfatizó el vicepresidente del Senado.

La resolución concurrente se fundamenta en la Sección 411 de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, en inglés), que dispone que, no más tarde que un año después de aprobado el estatuto federal, el Contralor General de los Estados Unidos presentará ante el Congreso un informe sobre la deuda pública de cada territorio.

Ese reporte incluiría, según PROMESA, los niveles históricos de deuda pública, la cifra actual y composición de la deuda pública y proyecciones futuras para esas obligaciones. Además, abarcaría los niveles históricos de ingresos de cada territorio, la cifra actual y proyecciones futuras de esos ingresos, y un análisis sobre el efecto de las leyes, mandatos, normas y reglamentos federales sobre la deuda.

Seilhamer señaló que su propuesta no busca sustituir la comisión para la auditoría de la deuda, pues desde que se aprobó PROMESA ya se había contemplado ese mecanismo. Incluso, la ley federal establece en la Sección 413 que nada en el estatuto “se interpretará como que restringe la capacidad de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público de Puerto Rico para presentar sus informes”.

“¿Por qué tenemos que invertir $2 millones? ¿Por qué tenemos que usar los fondos públicos si hay un mandato para que esta deuda sea auditada por una entidad tan seria como el Contralor General? No es que estamos sustituyendo la comisión, es que la deuda se va a auditar”, sentenció Seilhamer.

La ley PROMESA establece expresamente que el gobierno de la Isla tendría que poner a disposición de la Contraloría General de los Estados Unidos todos los materiales necesarios para darle curso al análisis de la deuda.

El senador Eduardo Bhatia, portavoz de la minoría del PPD, rechazó la pieza por entender que parte de premisas erradas al interpretar que lo que exige PROMESA es una auditoría cuando realmente el texto de la ley se refiere a un “informe”.

“La Sección 411 de PROMESA no dice eso, no dice que se hará una auditoría, dice que se hará un informe sobre cómo se va aumentando y disminuyendo la deuda, y que va a tener unos elementos. Eso no es una auditoría de la deuda, es un informe de la deuda”, indicó Bhatia.

El senador Dalmau, por su parte, catalogó la iniciativa de Seilhamer como un acto simbólico que no guarda relación alguna con la iniciativa encauzada el pasado cuatrienio para que la auditoría de la deuda estuviera en manos de un organismo multisectorial e independiente.

“No me parece que ese es el mecanismo, por el contrario, es una obligación, y le correspondería al gobierno federal responder a esa obligación”, dijo Dalmau en su turno de debate.

En tanto, el senador independiente Vargas Vidot también abogó por un ente auditor propio y autónomo.

“Puerto Rico necesita creer, y para lograr este resurgir de esta confianza es necesario un remedio que sea local, ciudadano, participativo, y que sea, sobre todo, independiente. Es la única forma en que nosotros podemos entender que Puerto Rico pueda salir de la fragmentación y de la inmovilización que nos mantiene donde nos mantiene el coraje, la ira, la falta de transparencia y confianza”, puntualizó Vargas Vidot.

De otra parte, el Senado también aprobó en la sesión de hoy el Proyecto de la Cámara 27, que crea la “Ley para la Competencia Justa en Servicios de Telecomunicaciones, de Información y Televisión por Paga”. La medida pasó el cedazo senatorial con 18 votos a favor, siete en contra y la abstención de los senadores del PNP Luis Berdiel y Miguel Laureano.

Una medida con objetivos similares fue presentada el pasado cuatrienio, pero no llegó a convertirse en ley. La pieza legislativa ratificada hoy es de la autoría del presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, y al ser avalada en el Senado con enmiendas, regresa ante la consideración del cuerpo hermano.

“Esta Asamblea Legislativa entiende necesario, en aras de asegurar los beneficios para el consumidor en el mercado competitivo de las telecomunicaciones y continuar propiciando un continuo crecimiento del sector privado de las telecomunicaciones, establecer que las agencias, departamentos, corporaciones públicas, municipios y/o subdivisiones políticas no deben proveer servicios de telecomunicaciones a clientes al detal en Puerto Rico”, reza la exposición de motivos del proyecto.

“Dichas entidades públicas podrán continuar brindando servicios a clientes al por mayor, tal y como lo es el arrendamiento de líneas de fibra óptica a proveedores privados de telecomunicaciones”, añade. 


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