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El Hospital de Psiquiatía Forense de Ponce, una de dos instalaciones de Assmca, alberga a 125 pacientes mentales. (GFR Media) (horizontal-x3)
El Hospital de Psiquiatía Forense de Ponce, una de dos instalaciones de Assmca, alberga a 125 pacientes mentales. (GFR Media)

Han pasado tres años desde la tarde del 27 de mayo del 2015 en que la joven Yanira Román Colón, quien entonces tenía 21 años, tuvo la desafortunada idea de forzar la puerta de un vecino y entrar en casa ajena sin permiso y supuestamente con la intención, que no concretó, de robar.

La joven es paciente de discapacidad intelectual permanente, pero eso no impidió que fuera arrestada, encarcelada, acusada y metida desde entonces en un laberinto penal del que no sale todavía.

El 11 de mayo de 2016, tras múltiples exámenes, Yanira fue declarada permanentemente incapacitada para enfrentar un proceso penal. En ese momento, los cargos en su contra fueron archivados y debió ser puesta bajo el cuidado del Departamento de Salud. En cambio, está todavía en el Hospital de Psiquiatría Forense de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) en Ponce, una instalación que es para enfermos mentales con cargos criminales o que son considerados peligrosos.

Yanira, quien ya tiene 24 años y cuyo caso está pendiente de resolución en el Tribunal de Apelaciones, está allí, bajo lo que en el argot legal se conoce como “medida de seguridad”, desde el 2 de noviembre de 2015.

Las medidas de seguridad son para enfermos mentales que fueron enjuiciados y encontrados inimputables por razones mentales, pero que son considerados peligrosos. Pero en Puerto Rico hace años se aplica indiscriminadamente contra personas no procesables por discapacidad intelectual permanente, a pesar de la jurisprudencia establecida en 1972 por el Tribunal Supremo de EE.UU. que dispone que no se puede recluir de manera indefinida a personas permanentemente incapacitadas para enfrentar casos criminales.

Esto hace suponer que una cantidad indeterminada de discapacitados intelectuales, que en la inmensa mayoría de los casos no representan peligro, están recluidos en un hospital siquiátrico forense diseñado para enfermos mentales con acusaciones criminales y posiblemente peligrosos.

“Hemos identificado muchos casos así, pero no tenemos el número exacto”, dice Eileen Díaz Ortiz, una abogada de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), que lleva estos casos ante los tribunales.

Los enfermos mentales que, por una u otra razón, caen en las redes del sistema de justicia criminal enfrentan varios problemas. El principal lo viven los que están a veces años en las cárceles esperando el tratamiento que determinará si en algún momento podrían estar aptos para enfrentar procesos criminales, porque Assmca no tiene capacidad para atenderlos, como reportó ayer este diario.

La otra dificultad la enfrentan los que ya tienen una determinación de no procesabilidad permanente, pero que aun así continúan bajo “medidas de seguridad” en psiquiatría forense. La titular de Assmca, Suzanne Roig, dijo la semana pasada a El Nuevo Día que el 90% de los 233 internos en sus hospitales de siquiatría forense tienen “medida de seguridad” y estarán bajo el cuidado de la agencia “hasta que mueran”.

Pero no respondió una pregunta ayer de si tenía certeza de cuántos eran inimputables y cuántos no procesables permanentes.

Según la licenciada Díaz Ortiz, todos los componentes del sistema penal, incluido el Departamento de Justicia, están de acuerdo en que los discapacitados intelectuales permanentes no deben ser objeto de medidas de seguridad, ni recluidos permanentemente en psiquiatría forense. Pero aun así sigue ocurriendo.

“Es una atrocidad”, dijo.

La Legislatura tiene ante su consideración un proyecto de los senadores Carmelo Ríos y Zoé Laboy que prohibiría que los discapacitados intelectuales no procesables de manera permanente sean objeto de medidas de seguridad. Se espera que eso, a su vez, ayude a Assmca a liberar espacio y recursos para los reclusos que la agencia no puede atender.

“En la medida en que logremos aclarar la legislación, que se despeje un poco el panorama y se liberen espacios, entiendo que Assmca puede ir sacando los sumariados que tiene recluidos mientras se busca un solución permanente”, dijo Díaz Ortiz.


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