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Tras ser liberado ayer, Juan Carlos Meléndez fue recibido ayer por familiares, amigos y vecinos en una urbanización en Trujillo Alto. ([email protected])

Bastó que la jueza Berthaida Seijo Ortiz pronunciara su determinación -“tengo que conceder el nuevo juicio”- para que un estruendoso aplauso invadiera el orden acostumbrado de la fría sala judicial.

Acto seguido, al costado derecho de la sala 201 del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, Antonio Ramos Cruz hundió su cabeza entre sus hombros, y sus ojos se nublaron.

A su lado, a Juan Carlos Meléndez Serrano, casi no le cambió el rostro. Siguió observando el proceso con minuciosa curiosidad. Solo un atisbo de sonrisa apareció cuando miró de reojo a su compañero.

Ambos en uniforme amarillo grisáceo de prisionero, ambos con esposas en las muñecas y en los tobillos, ambos con 25 años de vida tras los barrotes, ambos condenados a 300 años de prisión, ambos convictos por el triple asesinato de una mujer, Haydée Teresa Maymí Rodríguez, y sus dos hijos en lo que se conoce como la “Masacre de Trujillo Alto”.

“Que se retracten los mentirosos, que se retracten, que digan la verdad”, exigió la madre de Ramos Cruz, Gladys Cruz, ahogada en lágrimas. “Mi hijo ha estado en todas las cárceles, ha corrido con gente muy mala y Dios me lo ha guardado siempre... Yo compadezco a la familia de Haydée pero el culpable, que aparezca el culpable”, comentó.

Horas después, pese a los reclamos del Ministerio Público, la jueza Seijo Ortiz finalmente concedió una fianza diferida para Meléndez Serrano y Ramos Cruz, permitiendo su excarcelación bajo dos condiciones: que utilicen grillete electrónico y que queden bajo arresto domiciliario.

Acogió así la recomendación de la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio (OSAJ), por lo que ambos salieron ayer de los centros penales de Bayamón y Arecibo, respectivamente.

“Yo esperaba eso porque, desde el primer momento, yo dije que ellos eran inocentes y siguen siendo inocentes, porque ellos saben quién es el culpable. Si no lo hizo, lo mandó. El fiscal sabía quién era el culpable”, expresó Narciso Meléndez, padre de Juan Meléndez.

Sin embargo, lejos de quedar conforme con la decisión, el Ministerio Público anunció formalmente que pedirán a la jueza una reconsideración que, de ser denegada, podría convertirse en un recurso apelativo.

“Entendemos que la prueba y el juicio, unidos a esta prueba (nueva de ADN) no es suficiente para derrotar la convicción que en su día un jurado encontró 12 a 0”, sostuvo el fiscal Yamil Juarbe.

Por tanto, en una comunicación escrita, la jefa de fiscales del Departamento de Justicia, Olga Castellón Miranda, coincidió en que “la prueba de ADN mitoconfrial no cambia la versión de los testigos que declararon durante el proceso judicial”.

Sin embargo, la determinación fue la correcta en términos de derecho, a juicio del licenciado Julio Fontanet, quien defiende a Ramos Cruz y, también, funge como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y como director del Proyecto Inocencia.

“Es obvio que esa evidencia biológica de la cual se le extrajo ADN y estableció que esas dos personas no estuvieron cerca del cuerpo de la víctima, es una evidencia sumamente contundente que , ante ese escenario, un jurado tenía que haberlos encontrado no culpable” sostuvo.

Concesión de nuevo juicio

En cuanto se apalabró el veredicto, la familia de Maymí Rodríguez salió apresurada de la sala sin decir una palabra. Ultimada el 26 de junio de 1989 en su residencia en la urbanización Lomas de Trujillo Alto, Maymí Rodríguez fue hallada dos días después en una bañera, y sus dos hijos -Eduardo y Melissa Morales Maymí, de cinco y tres años, respectivamente-, en una nevera.

El 24 de febrero de 1992 culminó el juicio en que un jurado, de forma unánime, halló culpables a ambos sujetos de ser los autores del atroz crimen.

Sin embargo, desde que fueran acusados en 1991, ambos han insistido, consistentemente, en su inocencia.

Por eso, amparados por la Ley 246 aprobada en diciembre del 2015 -y conocida como la Ley de Análisis de ADN Post Sentencia-, hace un año, ambos sujetos solicitaron someterse a pruebas de ADN mitocondrial con el fin de comprobar que el material genético encontrado en el cuerpo de la víctima en la escena del crimen no correspondían a sus cuerpos.

En efecto, luego de que el Departamento de Serología del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) enviara las muestras -custodiadas en una bóveda- a un laboratorio en California, los resultados concluyeron que “los peticionarios no eran los donantes del material genético, prueba científica que desarticulaba los testimonios principales del juicio de 1992”, refrescó Seijo Ortiz en el recuento del caso con el que arrancó su alocución.

Para fundamentar su decisión, la jueza realizó todo un análisis de la jurisprudencia existente sobre la concesión de nuevo juicio, se empapó del proceso anterior a través de la transcripción completa del juicio de 1992 y de toda la prueba admitida en aquel entonces, escudriñó los reglamentos y protocolos del ICF para aquel momento, y tomó en consideración los estipulados de la nueva Ley 246. 

“No porque haya una prueba de ADN quiere decir que una persona va a ser exonerada, y además, en este caso, en el 1992, el veredicto fue uno de unanimidad. Pero haciendo una evaluación concienzuda, detallada, profunda y sosegada tanto de los hechos como del derecho, tenemos que concluir que entendemos que tengo que conceder el nuevo juicio”, dijo la jueza.

Ambos hombres salieron de la cárcel ayer tarde. Meléndez Serrano llegó a la residencia de su familia, en Trujillo Alto, cerca de las 8:00 p.m. Al arribar fue recibido por un festival de sollozos y llantos de alegría, abrazos prolongados y muchos “te amo”. En esos gestos parecían querer recuperar el tiempo que Meléndez Serrano pasó tras las rejas. De hecho, hasta una de sus hijas estuvo presente durante la llegada de su padre, gracias a la maravilla de latecnología. En cuanto lo vio, comenzó a gritar de pura felicidad.

“Esta es una oportunidad que, gracias a Dios, de comenzar una nueva vida para -primeramente- aclarar todo esto (el crimen por el que se le acusó) de una vez y por todas”, expresó Meléndez Serrano con los ojos húmedos.

Cerca de las 9:45 p.m., la guagua que sacó a Ramos Cruz de la cárcel de Arecibo llegó a su casa. Su esposa Isabel Cortés y su hijo, Anthony Ramos Cortés, ya lo esperaban con el portón y los brazos abiertos. Durante el encuentro no hubo tristeza salvo en algunos segundos. Lo demás fueron risas y bromas.

“Le diría al país que nos den la oportunidad de probar nuestro caso. Que vean lo que realmente pasó hace 25 años atrás, que encarcelaron a personas inocentes y eso es un dolor terrible. Estar confinado siendo inocente es algo terrible. Es difícil de explicar”, dijo Ramos Cruz.

Proyecto Inocencia

Sobre algunos bancos de la sala 201 también se sentaron unos visitantes que provenían del noroeste de la isla.

Se trataba de José Caro, Nelson Ortiz y el padre de Nelson Ruiz, los tres “inocentes de Aguada”, como popularmente se le conoce a los protagonistas del primer caso que atendió el Proyecto Inocencia y que, a la luz de la Ley 246, lograron derribar el caso que los mantuvo tras los barrotes durante 22 años mientras cumplían cadena perpetua por el asesinato de Glorimar Pérez Santiago.

El pasado 27 de septiembre de 1996, el juez José Emilio González, del Tribunal de Aguadilla, archivó el caso criminal contra los tres sujetos. “Donde no hay caso, hay que reconocer que no hay caso”, pronunció el juez antes de dirigirse formalmente al trío que, desde ese día, salió a la libre comunidad sin grilletes ni cadenas.

“Vamos a decretar el archivo de esta causa y los señores inocentes se levantan y acérquense al podio. Ya nadie los acusa. Así que son inocentes. Nosotros vamos a estar pidiendo que se les quiten los grilletes y están libres para que puedan hacer de su vida lo mejor de ustedes”, expresó el juez.

Ese significó el primer gran triunfo para la Ley de ADN Post Sentencia y para el Proyecto Inocencia, una iniciativa adscrita a la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, cuyo propósito es sacar de la cárcel a personas inocentes.

En aquel entonces, el mismo fiscal Juarbe expresó ante el Tribunal la determinación del Departamento de Justicia, entonces dirigido por César Miranda, de no proseguir con el caso ante la ausencia de prueba genética que vinculara a los tres imputados, así como las dificultades por las que habían atravesado para conseguir testigos.

Las reporteras Sara del Valle y María de los Milagros Colón colaboraron con esta nota.


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